Los nuevos controles y el antecedente del revés judicial en Junín

Un intendente que para controlar y limitar los ingresos de personas provenientes de las zonas de contagio comunitario de Covid 19, implementa un permiso específico otorgado por el Estado municipal que el visitante deberá gestionar con antelación, independientemente del ya vigente a nivel nacional. La descripción se acomoda no solo para la iniciativa que acaba de lanzar Guillermo Montenegro en General Pueyrredon, sino también para el fallido intendente de otro jefe comunal del Pro, Pablo Petrecca de Junín.

¿Puede ocurrir lo mismo en Mar del Plata? El fallo de la Justicia Federal marca un antecedente no menor, aunque ello dependerá de la acción de particulares y, fundamentalmente, de lo que pueda decir alguna autoridad judicial con competencia a nivel local.

A fines de mayo, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, puso en vigencia un certificado de circulación emitido por el Estado municipal para autorizar el ingreso a aquellas personas que provenían de zonas de contagio comunitario. La medida apuntaba centralmente a los viajeros que ingresaban por Ruta 7 provenientes del AMBA y los que arribaban desde Santa Fe por la Ruta 188.

La autorización se debía tramitar por la web oficial del partido de Junín y el permiso podía demorar hasta 24 en ser emitido. Finalmente, ese certificado debía ser presentado en los retenes montados en los accesos conjuntamente con el certificado nacional.

Sin embargo, la iniciativa no tuvo mucho vuelo. El 9 de junio el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, Héctor Plou, emitió una comunicación al jefe de la Policía Departamental, el comisario Ariel Gallinoti, ordenando que “en ningún caso –las fuerzas de seguridad- deberán exigir cualquier autorización para circular que no sea la que otorga el Poder Ejecutivo Nacional”.

En el marco de las actuaciones caratuladas “NN sobre entorpecimiento de Servicios Públicos”, el magistrado también amplió el alcance a los jefes policiales de los distintos municipales de la zona que adoptaron medidas similares. Ante la disposición judicial, al Ejecutivo municipal no le quedó otro remedio que desistir en su intención de implementar criterios propios.