La gestión libertaria apaga la motosierra y agarra la "nafta para crecer". ¿Incendio intencional o combustible?. Con cambios que prometen una revolución al sistema tributario y una nueva etapa de regularización de activos, el mileismo se dispone a realizar una reforma sin precedentes.

“La economía necesita más nafta para crecer”, fueron las palabras con las que un alfil del Ministerio de Economía justificó el comienzo de una nueva etapa en materia económica para la Argentina. De esta manera, el Gobierno deja a una lado la motosierra, luego de un intensa poda en el Estado, y agarra el bidón de nafta, resta saber si será para utilizarlo como combustible o como agente inflamable para reducir las estructuras tributarias a sus cenizas de cara a un nuevo programa económico y monetario. Como una suerte de contrafuego, donde se provoca un incendio controlado para minimizar daños futuros.

En este sentido, se encaran dos nuevas. Por un lado, la remonetización de la economía en dólares.Sin embargo, no hubo anticipó de las medidas que preparan para favorecer esa circulación de divisas, entre ellas, la de un virtual blanqueo para que se usen esos billetes “sin dar explicaciones”. Por otro, un nuevo IVA, dividido entre Nación y las provincias, lo que generaría una “competencia fiscal”, que incluirá también lo que ocurra con Ingresos Brutos.

Blanqueamiento, ¿desesperación o fortaleza?

En un foro de finanzas, Federico Furiase, asesor del Ministerio de Economía y director del Banco Central (BCRA), reconoció que el esquema monetario tiene una gran restricción de liquidez y que, dada la baja de la inflación y la tasa de interés, es lógico que aumente la demanda de crédito. Sin embargo, con pocos pesos, el Gobierno pone foco en la adopción de la monetización en dólares.

“Ayuda a crecer porque cuando hay orden macro, un ambiente más competitivo y bajan los costos... La economía necesita más nafta para crecer”, sintetizó en un evento de Adcap Grupo Financiero y DLA Piper. No obstante, no adelantó ninguna de las medidas que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se lanzarán en los próximos días.

Federico Furiase, hombre de máxima confianza de Caputo.

En este contexto, desde el Gobierno insisten en que se volverá a abrir una ventana para permitir el blanqueo de divisas con una iniciativa que no necesitaría el visto bueno del Congreso y permitiría impulsar de manera más marcada el ingreso de divisas al circuito formal. “No consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema sean delincuentes. Creemos que son personas que pudieron escapar de las garras del Estado. Esa gente tuvo que poner los dólares en el colchón para cuidarse de los políticos ladrones que te mataban con la inflación”, dijo el presidente Javier Milei.

Según los cálculos que manejan en Casa Rosada, habría entre 200.000 y 300.000 millones de dólares guardados fuera del sistema. “Dejalos que vuelvan. Eso lo que va a hacer es remonetizar la economía en función de lo que deciden los individuos, porque la cantidad de dinero está determinada por los individuos. La monetización de la economía la van a hacer los argentinos, y esa monetización no requiere de emisión monetaria. Es todo ganancia”, concluyó.

Durante la última etapa del Régimen de Regularización de Activos los contribuyentes pudieron blanquear diversas clases de activos. A diferencia de la primera etapa, en la tercera fase no se permitió blanquear dinero en efectivo. Esta fue una limitación clave, ya que la regularización de efectivo estuvo restringida exclusivamente a la primera etapa, hasta el 8 de noviembre del año pasado.

El blanqueo de dolares fisicos sin piso ni techo es una de las criticas más severas hechas al Gobierno, puesto que advierten que esto podría llevar al país hacia un “narcoestado”.
Cabe recordar que un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, publicado en 2022, habla de los flujos de dinero ilegales que circulan por los bancos y últimamente por las criptomonedas. “Para los grupos delictivos organizados, generar ingresos es un objetivo clave: la financiación aporta oxígeno a las redes delictivas y estas obtienen poder de su riqueza y lo utilizan para corromper y cooptar a rivales, facilitadores y funcionarios gubernamentales y de seguridad”, indicó el organismo.

Al respecto de este nueva oportunidad para el blanqueo de divisas, Martín Epstein, politólogo y analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), precisó que esta parece una decisión tomada de formada apresurada para “seguir incentivando el ingreso de dólares de privados al sistema”, lo que parece “más una debilidad que una fortaleza”. En esta misma línea, agregó: “me parece que hay una enorme incertidumbre sobre para dónde va a ir este nuevo programa económico. Entiendo que el gran dilema, o gran problema, es que a fin de año se termine de abrir efectivamente el cepo, con la posibilidad de girar dividendos y utilidades por parte de las empresas que están todavía encerradas en el cepo, lo que supone un flujo de salida de dólares muy marcado que el Gobierno claramente no sabe ni cuánto es ni si va a tener los dólares para sostenerlo”.

A su vez, señaló que este blanqueo “sin ningún tipo de restricciones o de controles cruzados” puede significar que distintos dineros “provenientes de actividades no lícitas aprovechen para hacer blanqueados en la Argentina en el corto plazo”. “Yendo a un extremo, podrían darse narco inversiones de corto plazo para poder blanquear esa guita y sacarla de vuelta, pero como guita blanca. Eso el mundo lo suele mirar con mucho recelo, pareciera que es el camino al que el gobierno quiere ir”, indicó.

Martín Epstein, miembro de CEPA.

“En términos de transparencia es gravísimo. Hay que ver cuál es la forma que le quieren dar. Aparte desde el gobierno dicen que no y otros sectores dicen que sí, entonces no termina de quedar muy en claro cómo lo van a hacer. Me parece más un signo de desesperación que de un buen giro en el programa económico”, sentenció.

En tanto, para el economista Jorge Ingaramo la acusación de ir hacia un narcoestado es una “chicana política". “No hay ninguna intención de ir hacia un narcoestado, mucho menos. Simplemente que lo que está ocioso, que son 200.000 millones de dólares, prácticamente un 40% del PBI argentino de un año, se pretende que se ponga en marcha y que se puedan gastar. No veo ninguna razón para impedirlo al respecto”, aclaró.

“Si se busca la dolarización o bimonetaridad endógena de la economía, distinguir por pequeño y mediano o gran ahorrista no tiene ninguna clase de sentido. No hay discusión en ese sentido. Si la plata está guardada en un colchón y alguien va a un restaurante a gastarlo, nadie le va a preguntar a uno si es pequeño, mediano o gran ahorrista. La medida tiene que valer por sí misma. Todo el mundo tiene dólares en Argentina. En una época compraban hasta las mucamas con dicha moneda. Y es un activo de reserva, de valor, que está protegido contra la inflación. En un momento en el que la inflación bajó, no tiene mucho sentido, si uno hace una política monetaria, preocuparse por el tamaño del ahorrista. No tiene ningún sentido”, indicó.

Jorge Ingaramo, economista y ex funcionario nacional en el Ministerio de Economía.

Todos a la cancha

Al margen de esta nueva etapa de blanqueamiento de divisas, la gestión de Milei busca simplificar el sistema tributario y reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte para todo el país. Lo que si bien es un reclamo histórico de los contribuyentes, promete poner a competir a las provincia entre si, lo que de primera mano podría generar la resistencia de los gobernadores.

Tal como señaló Caputo, el plan del Gobierno es "dividir el IVA entre Nación y provincias. Cobraríamos 9% sobre el 21% que es el IVA y las provincias pondrán el suyo". Pese a no haber más detalles de esta reforma, este podría ser un cambio que marque un nuevo curso en la economía y el sistema tributario argentino.

Al dejar de ser coparticipable, sino establecido en forma concurrente y con alícuotas distintas por Nación y provincias, las jurisdicciones grandes, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, podrían fijar una tasa de IVA propia menor a la que reciben hoy por coparticipación. Pero este cambio obligaría a las provincia del Norte a arrojarse a la arena, en búsqueda de una tasa superior que responda a sus necesidades y que, al mismo tiempo, les permita competir con el resto.

Poniendo de lado las claras intenciones del Ejecutivo nacional, la iniciativa debe ser enviada al Congreso Nacional. Por esto, reconocen que esto se hará cuando lo decidan "los tiempos políticos", en referencia al resultado de las próximas elecciones legislativas.

Actualmente, ¿Cómo se compone el IVA?

La Constitución nacional establece en su artículo 75 que tanto Nación como provincias pueden establecer impuestos indirectos (entre los cuales se encuentra el IVA).

Actualmente, el 90% del IVA es coparticipable. El 10% restante son recursos que financian la seguridad social. De la masa coparticipable del 90%, aproximadamente 40% se queda Nación y el 60% va a las provincias. Esto significa que el 46% de la recaudación del IVA se queda en Nación (el 40% del 90% + 10% que financia la seguridad social).

Es decir, el 46% de la alícuota general del IVA (21%) representa aproximadamente 9 puntos de los 21 del IVA actual, que en definitiva sería la alícuota que pretendería recaudar Nación para sí misma con esta eventual reforma (en la medida que este 9% deje de ser coparticipable).

Cabe aclarar que para lograr esta reducción de la alícuota nacional, necesariamente la iniciativa debería pasar por el Congreso de la Nación, ya que solo puede reducirse un 25% la alícuota general del IVA por decreto del Poder Ejecutivo. Una reducción mayor por esta vía sería inconstitucional.

"Una transición compleja"

Si fuera factible que la Nación estableciera un IVA nacional del 9%, las provincias tienen la potestad de establecer un IVA provincial que se comporte de manera complementaria. De esta manera, las jurisdicciones más productivas tendrán incentivos a establecer alícuotas inferiores al 12%. Tal que, como viene denunciando Axel Kicillof cuando protesta por los aportes de la Provincia, en el actual esquema de coparticipación aportan más recursos de los que reciben las provincia más productivas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En cambio, las provincias menos productivas, como las del Norte Argentino y las cuyanas excepto Mendoza, deberían establecer alícuotas provinciales de IVA muy superiores al 12% para mantener sus recursos tributarios en el actual nivel que reciben por coparticipación. Pero desde el Gobierno no hacen caso omiso a los tiempos electorales, ya que este acuerdo legislativo será de difícil logro, sobre todo en el Senado, porque 16 jurisdicciones reciben mucho más de lo que aportan al PBI, bajo el actual régimen de coparticipación. De esta manera, la decisión de avanzar hacia este nuevo IVA podría suponer un quiebre sin retorno para el Gobierno con sus gobernadores aliados.

Desde CAME tienen miradas ambiguas sobre esta reforma tributaria. Tal como señalaron a este medio, hay ventajas y riesgos. Por un lado, se puede ir hacia una simplificación administrativa, ya que elimina distorsiones (efecto cascada), se realiza una formalización productiva, recuce el costo fiscal potencialmente y evita exportar impuestos. Por otro lado, se podría provocar una recentralizacion fiscal en el estado nacional, presupone una transición compleja y una resistencia política de gobernadores e intendentes de grandes magnitudes, lo que podría desestabilizar el delicado equilibrio que ostenta la gestión libertaria.

Desde CAME indicaron un nuevo IVA simplificaría y desburocratizaría el sistema tributario argentino.

Como indican los analistas, el problema con el que deben lidiar las provincias está en la base del proyecto de Milei, Caputo y los técnicos que trabajan en la letra chica. El lanzamiento de una especie de IVA 2.0, que concentre no solo el impuesto al valor agregado, sino que sume además el denominado tributo a los ingresos brutos que cobran hoy las provincias y que representa la segunda mayor fuente de ingresos de las regiones, después de la coparticipación. De esta manera, al IVA del 21% se le sumaría la tasa de ingresos brutos local, que según la provincia pasa de un 1,5% a un 5%. Suponiendo una alícuota provincial del 2%, la tasa pasaría al 23%, dinero que sería recaudado en su totalidad por ARCA y que pasaría a ser, luego de administrado por el ente recaudador, girado a las provincias.

Como señalaron desde CAME, en la recaudación es que la Nación obtendría todo el dinero con el mismo mecanismo que el IVA, con lo cual se simplificaría y desburocratizaría para los contribuyentes el pago del principal impuesto del sistema tributario argentino, abaratando los costos y mejorando la competitividad, uno de los reclamos históricos de los privados en estos tiempos donde abaratar costos es la orden del día.

Respecto a este nuevo IVA, Kevin Castillo, director del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, indicó que es un tema “por lo menos complejo ”que a algunas economías les puede “beneficiar y a otras obviamente perjudicar". “Es muy claro que hay ganadores y perdedores bien diferenciados. Yo creo que las provincias del norte y del sur que en general aportan menos recursos coparticipables de los que reciben van a tener un gran perjuicio a partir de una medida de estas características y provincias grandes de tamaño importante o de tamaño importante en lo que es el aporte económico a las arcas nacionales van a tener un impacto positivo”, agregó.

“La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es una de las jurisdicciones que recibe coparticipación, una coparticipación menor a los recursos que aporta a la Nación, esto le puede permitir tener un ingreso de recursos mucho mayor al que vienen percibiendo por la vía de la coparticipación o bien les va a permitir poder reducir las alícuotas del IVA a nivel global”, sintetizó.

Kevin Castillo, director de OPEN.

Siguiendo esta línea, las provincias con buena espalda productiva podrían fortalecer sus presupuestos y en el otro caso les permitiría “dinamizar la economía" al tener impuestos más bajos que permitirían mejorar la competitividad frente a las otras provincias y también a nivel general.”Puede ser una buena noticia para las economías de gran tamaño de las provincias grandes y puede ser una noticia muy compleja para las provincias más copadependientes”, expresó.

Por otro lado, Castillo advirtió que este nuevo “rompe” lo que es el mecanismo solidario de la coparticipación. “Uno podrá decir que ese mecanismo solidario de coparticipación estaba pensado para saldar las diferencias de desarrollo entre las provincias, pero, de igual forma, luego de varias décadas de ese esquema de mecanismo solidario no hemos visto que las provincias que están rezagadas hayan alcanzado a las que estaban más desarrolladas”, señaló.

“Entonces, uno podría decir que en parte ese esquema fracasó lo cual es válido pero me parece que una transición tan abrupta de pasar de ser provincias dependientes de la coparticipación a tener que rebuscarselas para poder hacerse con recursos para poder realizar las erogaciones básicas de un gobierno provincial puede llegar a ser bastante traumático”, sentenció.

Eco en la Provincia

Si bien este nuevo IVA aún está en pañales, puesto que por el momento no fue más que una declaración de un funcionario, además de que debe pasar por el Congreso, los sectores productivos ven con buenos ojos toda reforma fiscal que les de un oxígeno y les permita ser mas rentables y competitivos.

En este sentido, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, explicó que la idea de ir hacia un esquema de baja de impuestos y “simplificación, progresivos sobre todo” le parece un rumbo indicado. Al mismo tiempo, se despachó con Ingresos Brutos que son “uno de los peores impuestos”, puesto que pisan la manguera del sector agropecuario.

Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP.

“Los ingresos brutos provinciales es lo peor que puede haber. Lo que pasa es que hoy el 75% de los presupuestos de las provincias son ingresos brutos, por lo menos en la provincio de Buenos Aires. Entonces, hay que girar hacia otro esquema, hay que simplificarlo, hay que ver cómo hacemos, tienen que ser impuestos progresivos, justamente el ingreso bruto no lo es”, agregó.

Al compás de las preocupaciones que genera en los sectores productivos, los jefes comunales se encuentran expectantes ante el desarrollo de este nuevo esquema tributario. Preocupados por la economía de los municipios, los intendentes radicales realizaron el viernes pasado un nuevo Foro donde uno de los ejes centrales de la reunión fue la economía, habida cuenta de que las arcas registran recortes en la Coparticipación y caída en la recaudación, sumado al impacto de impuestos nacionales en el financiamiento para la prestación de los servicios.

“Vamos a hablar del impacto que podría tener un nuevo esquema de IVA que, según parece, va a implementar el Gobierno nacional, y que impactaría en nuestras ya golpeadas finanzas”, anticipó a La Tecla uno de los intendentes boina blanca.

Otro de los puntos que se incluía en el temario eran Endeudamiento, Coparticipación e Impuestos nacionales, un cronograma que fue coordinado por el alcalde de Lobos, Pablo Barrena.

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