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9 de noviembre de 2019
BAJO LA LUPA

¿Qué sanciones prevé la Ley de Resposabilidad Fiscal?

Qué plantea y qué penas estipula la legislación 25.917. En la semana, Guillermo Montenegro criticó a Carlos Arroyo por la cantidad de nombramientos en la planta municipal. En tanto, uno de sus hombres más cercanos, Alejandro Rabinovich, anticipó que presentarán una demanda por el incumplimiento de la normativa.

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Los coletazos del fuego cruzado entre Carlos Arroyo y el intendente electo, Guillermo Montenegro, siguen dando que hablar. Y una de las aristas que dejó la transición en crisis, aún sin horizontes de acuerdo, fue el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal que denunció el hombre del PRO ante los reiterados nombramientos en la planta municipal por parte del Ejecutivo actual.

  “Los nombramientos van en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que adhirió el municipio. La misma prohíbe el nombramiento en los últimos seis meses de mandato. Hay que revisarlos”, sugirió el pasado martes el ex ministro de Seguridad porteño.

 En tanto, Alejandro Rabinovich, uno de sus hombres más cercanos, y jefe de campaña durante los últimos comicios, aseguró en la semana que, una vez en el gobierno, demandarán a la actual administración por la normativa citada. Y, además, intentarán dar marcha atrás con esos nombramiento y retrotraer la situación al 1 de julio.

 En concreto, según cifras oficiales, en el último tiempo se efectivizaron a unos 107 trabajadores:  23 en Secretaría de Gobierno; 4 empleados en Economía y Hacienda; 1 agente en la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano; 23 en Salud; 6 en la Secretaría de Desarrollo Social; 1 en Desarrollo Productivo y Modernización; 5 en Cultura; y 44 Seguridad, la que tuvo el mayor caudal de designaciones.

La Ley de Responsabilidad Fiscal se sancionó a nivel nacional en agosto de 2004. En junio del año pasado, la Legislatura bonaerense adhirió a la misma. Y, meses después, el municipio de General Pueyrredón se plegó a la disposición. 

 El espíritu de la ley es realizar un gasto consciente de los fondos públicos. A nivel municipal, se destaca que los intendentes, durante los seis meses previos a terminar su mandato,  asuman compromisos tendientes a "no incrementar gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales”, tal como se plantea en el artículo 6 bis de la ley. Por lo que los nombramientos implicarían un aumento en los gastos del Estado.

 Por otro lado, en el artículo 8,  se destaca que “los municipios se comprometen a que el nivel de endeudamiento de los mismos sea tal que en cada ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada no superen el diez por ciento (10%) de los recursos corrientes”.

 Ahora bien, ¿qué sanciones contempla la normativa ante su incumplimiento? En el artículo 32 de la Ley Nacional 25.917 se especifica que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el órgano de aplicación que está conformado por ministros de economía y Gobiernos provinciales, podría determinar, principalmente, las siguientes penas:

- “La divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gobierno nacional, en un apartado especial creado a tales efectos”;

- La “restricción del derecho a voto en el Consejo” por parte del municipio en falta;

- “Restricciones en el otorgamiento de nuevos beneficios impositivos nacionales destinados al sector privado ubicado en la jurisdicción que haya incumplido”;

- “Limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno nacional con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática”.

Además, en caso de que se verifique el incumplimiento, el Tribunal de Cuentas podría aplicar sanciones "personales" a la actual conducción del Gobierno Municipal

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