Viernes, 19 abril 2024
Barrera emuló a Arroyo y denunció al Concejo Deliberante ante la Suprema Corte por competencia de poderes
Consideró una intromisión la designación del representante municipal en la cooperativa eléctrica. La funcionaria que había sido designada por él en 2018 no fue aceptada por la empresa.
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, denunció el viernes a Concejo Deliberante por competencia de poderes ante la Suprema Corte, a raíz de un conflicto por la designación de la representante municipal en el consejo de administración de la cooperativa eléctrica Cevige. Según el jefe comunal que fue reelecto el pasado 27 de octubre, hubo una “intromisión del órgano legislativo a las facultades del Ejecutivo”, ya que “el Honorable Concejo Deliberante intentó derogar el decreto mediante el cual nombré a la representante municipal en el Consejo de Administración de Cevige”.
El origen del conflicto se remonta a octubre de 2018, cuando Barrera nombró vía el Decreto 3048 a Silvana Szmukler como integrante del directorio de Cevige, la cooperativa eléctrica que opera en ese partido de la Costa Atlántica. Sin embargo, Cevige desconoció ese nombramiento ya que consideró que era competencia del Concejo Deliberante, por lo que no permitió asumir funciones a Szmukler, a quien se le prohibió el acceso a documentación en reiteradas oportunidades. Frente a esta situación, finalmente el 20 de noviembre de este año el Concejo Deliberante intervino y nombró al concejal saliente Abel Goicoechea (presidente el bloque de Una Nueva Alternativa y que fue directivo de la cooperativa) para ocupar ese lugar. El rechazo del intendente fue rotundo y así lo evidenció el último viernes. Barrera esgrime como un elemento a favor que ya a comienzos de este año se registró un dictamen a favor de Szmukler de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, dependiente de la Subsecretaría de Emprendedores Pymes y Cooperativas del Ministro de Producción bonaerense. Esa resolución se originó a partir de una consulta elevada por Cevige. “Esperamos que en estos días haya una respuesta favorable”, sostuvo Barrera minutos después de presentar la demanda en La Plata. El antecedente de Mar del Plata con las bonificaciones docentes no es el mejor para sus aspiraciones: la causa está pronta a cumplir un año cuando el art. 262 de la Ley Orgánica de las Municipalidad fija un plazo de 30 días para que la Suprema Corte resuelva ante casos de conflicto entre poderes, por la sensibilidad del tema. Incluso se plantea que “los miembros de la Corte responderán personalmente cuando excedan el plazo establecido”. |
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