La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Extienden la denuncia penal contra Arroyo por la instalación de un boliche en el Estacionamiento de Playa Grande
La presentación implica también al ex titular de Educación, Luis Distéfano, que refrendó el decreto emitido por el ex intendente antes de dejar el poder.
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A minutos del pitazo final que marcaría el final de su cuestionado mandato al frente de la Municipalidad de General Pueyrredón, el ahora ex intendente Carlos Arroyo dejó su última marca: es que con un polémico decreto habilitó a Playa Azul SA, la empresa que explota el Estacionamiento de Playa Grande, a iniciar las obras para instalar un boliche bailable en dichas instalaciones.
El Decreto 3256 fue firmado el lunes 9 de diciembre tanto por el ex jefe comunal como por el ex secretario de Educación, Luis Distéfano, dado que el ex titular de Obras y Planeamiento, Guillermo de Paz, se había excusado tiempo atrás. Como se recordará, mediante un Acta Transaccional el gobierno había habilitado esa posibilidad como contrapartida por la realización un conjunto de obras que la empresa debería llevar adelante.
Esto originó la reacción por parte de Sergio Goransky, concesionario de Playa Grande y titular de Cubro Sol SA y Playa del Sol SA, que extendió la denuncia a Distéfano por estampar la firma que habilita el comienzo de las obras para construir una confitería en la UTF (Unidad Turística Fiscal) denominada Estacionamiento de Playa Grande.
Según la presentación a la que tuvo acceso este medio, la medida, al contar con el aval de Arroyo y Distéfano, “hace incurrir en el tipo penal de abuso de autoridad en su calidad de autores, por haberlo hecho con la única finalidad de beneficiar arbitrariamente a la firma Playa Azul S.A., y teniendo como víctimas a Cubro SA y Playas del Sol SA -entre otras concesionarias del consorcio de Playa Grande- por verse damnificadas de forma improcedente en relación al sinalagma contractual licitatorio por no haber podido prever en sus ofertas el ingreso de la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento a competir por el público en dicho rubro en el Complejo Playa Grande, traduciéndose ello concretamente en un grave perjuicio patrimonial”.
En otro tramo, se sentencia: “Habría que ser ciego para no comenzar a sospechar de que el Acta Transaccional esconde por detrás un millonario negociado que podría hacer incurrir a los funcionarios involucrados en delitos penales de mucha mayor envergadura que aquellos que está expuestos en la superficie y que pueden fácilmente probarse con la simple lectura del expediente”. 
En efecto, el denunciante plantea que “el acceso al expediente en cuestión pareciera estar restringido y se ha tornado de difícil acceso”. En esta misma línea, detalla que “ningún funcionario quería ser responsable de avalar la decisión a la que el intendente municipal los empujaba a tomar”.
Según apuntan en el documento, el decreto fue refrendado por el intendente luego de la reunión que mantuvo junto a su Gabinete en el hall central, entrada la noche, “entre las 21 y las 23” del lunes pasado. “Arroyo ha proseguido con su plan delictivo a pesar de que todas las miradas se posaban sobre sí mismo y sin reparar en un mínimo de discreción”, se concluye en la denuncia.
En definitiva, esta ampliación de la apunta hacia el decreto del lunes y se pliega a lo elevado la semana pasada, que fustigaba contra todas las aristas del acta transaccional.
El novedoso decreto de Arroyo dio por oficializadas el inicio de las obras de realización de un Centro Canil en Laguna de los Padres –que luego fue frenado por decisión judicial-, la puesta en valor de un inmueble municipal ubicado en 11 de Septiembre 2661 y la demolición de las estructuras que quedaron en pie en la UTF N°5 de La Perla; por lo que se aprobó un plazo de 12 meses para que la concesionaria lleve adelante las obras de adecuación del espacio.
Asimismo, se indicó que “la presente autorización de obra no involucra ni condicional habilitación comercial de los rubros a explotar, la que será tramitada, y de corresponder, otorgada por la Subsecretaría de Inspección General”.
La decisión del líder de Agrupación Atlántica justamente alimentó una polémica que se arrastró durante gran parte del año, dado que además el Acta Transaccional se firmó en un contexto donde el Emtur parecía orientarse hacia una rescisión del contrato de concesión en favor de Playa Azul, por no haber cumplimentado las obras comprometidas en el Pliego de Bases y Condiciones.