La Tecla Mar del Plata
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Anuario 2019
Los comicios se llevaron todos los flashes y Montenegro es el nuevo intendente. El ocaso de Arroyo en su último año derivó en enfrentamientos reiterados con el Concejo, además de escándalos como el de Rancho Móvil y el Acta Transaccional. La macroeconomía golpeó duro a la ciudad, que quedó en Emergencia Educativa y Alimentaria. También aumentó la pobreza. En tanto, el Puerto sigue en la mira por la falta de infraestructura y la contaminación. Todo esto y mucho más pasó en estos 365 días.
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El 2019 fue de alto voltaje político. Las elecciones coparon la atención. En unos comicios reñidos, Guillermo Montenegro se impuso a Fernanda Raverta y confirmó el ocaso de Carlos Arroyo, que perdió unos 167.742 mil votos entre 2015 y 2019.
En tanto, los conflictos se extendieron por distintas vías . El enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo dificultó el tránsito de expedientes por el Concejo. El escándalo de Rancho Móvil salió a la luz y salpicó a la dirigencia política. La precariedad en el Puerto por la falta de obras también fue una constante. Mientras tanto, la sociedad civil padeció la macroeconomía: Mar del Plata cierra el 2019 en Emergencia Educativa y Alimentaria, con una pobreza del 29,5% y un desempleo del 10,2%.
A continuación, un repaso por lo más destacado que dejó el 2019
Emergencia Educativa y Alimentaria
Los coletazos de la crisis económica a nivel nacional se hicieron sentir en Mar del Plata. Y el Concejo se hizo eco de ello. El 27 de marzo, tras cinco horas de sesión, se aprobó la Emergencia en Educación, luego que Suteba (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) diera a conocer que unos 222 establecimientos educativos de la comuna contaban con problemas edilicios. La norma tiene una duración de dos años, y ayuda a a una más pronta recuperación de los servicios educativos: facilita las contrataciones y compras directas de insumos y equipos, sin demoras “burocráticas”.
En tanto, a raíz del deterioro de las condiciones de vida con el transcurrir del año, el Concejo también aprobó la Emergencia Alimentaria en septiembre. La ordenanza será por 12 meses, prorrogables por 6 más al término de la misma. Principalmente, es una respuesta a los reclamos de los diversos sectores sociales que acamparon y se acercaron a las puertas del Palacio Municipal a lo largo del 2019 ante el empeoramiento de la coyuntura económica.
Desempleo y pobreza
La ciudad cierra el año con el 10,2% de desocupación en el tercer trimestre del año: una baja del 1,6% con respecto al mismo período del año pasado. No obstante, el pico llegó en el segundo trimestre, donde se registró un 13,4%, ubicando a Mar del Plata a la cabeza del ránking nacional de desocupación.
En concreto, unos 33 mil marplatenses están desocupados, unos 9 mil menos, aproximadamente, con respecto a lo registrado en el segundo trimestre.Tras encabezar los últimos meses dicho escalafón, ahora Mar del Plata se ubica séptima entre los distritos más afectados por el indicador socioeconómico. Por delante de General Pueyrredón se ubican el Gran Buenos Aires (12,1%), San Nicolás (11,4%), Gran Tucumán (11,1%), Gran Córdoba (11%), Santa Rosa (10,8%) y Ushuaia (10,3%). Por su parte, la media nacional es del 9,7%.
En tanto, la pobreza en el primer semestre arrojó un 29,5%: un 4,7% superior con respecto a la anterior medición. En la ciudad hay 187.913 pobres y 39.944 indigentes.
Los datos implican, además, un incremento en relación a las cifras de pobreza del segundo semestre del año pasado, en el que se señalaba que en Mar del Plata había 157.734 pobres (24,8%). El número de indigentes, en tanto, tuvo un leve descenso, ya que la última medición señaló un total de 41.164 personas.
Según esta medición, resumidamente, el 29,5% de la población y el 20,5% de los hogares vive debajo de la línea de la pobreza mientras que el 6,3% de las personas y el 3,5% de los hogares lo hace en la indigencia.
Acta Transaccional
Una de las polémicas del año. El entonces intendente Carlos Arroyo, el pasado 10 de abril, no sólo no dictó la caducidad de la concesión del Estacionamiento de Playa Grande, sino que habilitó a la empresa Playa Azul a que desarrolle un proyecto gastronómico a cambio de la realización de obra pública por casi $80 millones.
El acuerdo firmado por Arroyo y Osvaldo Alonso, el presidente del Directorio de la empresa, admite “los usos peticionados por Playa Azul y que involucran actividades de gastronomía (bar, restaurante, etc), salón multiespacio de fiestas y eventos sociales y culturales, con shows en vivo, los cuales quedarán sujetos a las condiciones de habilitación que cada rubro demande”.
A cambio, Playa Azul desarrollará “un proyecto de inversión en obras que no disminuye la cantidad de metros cuadrados destinados a estacionamiento, sino que amplía la cantidad de metros cuadrados destinados a usos complementarios compatibles con la actividad básica de estacionamiento”. El mismo fue valuado en $54.871.022, aunque sus detalles no fueron dados a conocer aún.
El acuerdo obtuvo la negativa inmediata del Concejo, que solicitó hasta el final de este año la remisión del expediente para convalidarlo: algo que finalmente no prosperó. Por el contrario, ante la falta de acuerdo político, Arroyo, antes de abandonar el poder, terminó haciendo un decreto para habilitar el emprendimiento. Sin embargo, tras la asunción de Montenegro, la flamante administración lo dejó sin efecto hasta que “se expidan las áreas técnicas competentes”.
Rancho Móvil
El escándalo que abrió el 2019. Durante más de 15 años, la UTF Playa Redonda era explotada por la Asociación Rancho Móvil de la Costa, pero el Emtur dictó la caducidad del contrato. Esto fue a comienzos de este año,en enero, tras detectarse que se habían construido una treintena de cabañas en tierras municipales con la presunción del armado de un negocio inmobiliario ilegal.
El ex edil Santiago Bonifatti, actual secretario de Gobierno, tenía su cabaña ahí y era socio de Rancho Móvil. Tras darse a conocer el conflicto, desarmó las instalaciones. Actualmente, la causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de Delitos Económicos y contra la Administración Pública, a cargo de los letrados David Bruna y Javier Pizzo. Por el momento, se están analizando nuevas líneas de investigación. Se tomaron varias declaraciones testimoniales, pero no hay imputados aún.
Legislativo vs Ejecutivo
Uno de los capítulos más repetidos del año. La mala relación entre Arroyo, el ex titular de Hacienda, Hernán Mourelle, y los concejales, fueron una marca de este 2019.
El conflicto estuvo lleno de aristas. En primer lugar, la falta de acuerdos retrasó la aprobación de dos expedientes claves para la ciudad: el Presupuesto y las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. La negativa de Mourelle a brindar una Audiencia Pública, cuya realización es una obligación establecida por la Ley Orgánica de las Municipalidades, fue el argumento central de los ediles opositores para trabajar la educación.
Mourelle la dio por hecha el 26 de diciembre de 2018, en pleno paro de los trabajadores municipales y un Concejo prácticamente paralizado. Por falta de personal, los vecinos no pudieron asistir al Recinto para que el funcionario explique de qué manera utilizaría los recursos municipales en el Ejercicio 2019.
Esto derivó en eternas negociaciones. Hasta que, el 24 de junio, el acto se concretó. Casi un mes después, el 18 de julio, se aprobó el Presupuesto 2019, valuado en $11.345.957.700. En tanto, los tires y aflojes por la ordenanza Fiscal e Impositiva se extendieron hasta el 13 de septiembre, cuando la Asamblea de Mayores Contribuyentes aprobó un aumento del 35% en las tasas municipales. Tras dicha aprobación, declaraciones incendiarias mediante, Arroyo echó Mourelle. El hombre de Lanús estuvo poco más de dos años en funciones dentro del gobierno municipal.
Hernán Mourelle
De todos modos, en paralelo, el conflicto tenía una arista más profunda: el presupuesto del Concejo. Desde mayo, los asesores de los ediles tuvieron dificultades para percibir sus haberes en tiempo y forma. Según Mourelle, los gastos del Legislativo superaban el 2% del Presupuesto del Municipio, algo que está prohibido según la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esto derivó en dilaciones para percibir sus haberes en tiempo y forma, y en un gran encono por parte de los legisladores.
Tras innumerables reuniones de labor deliberativa, los concejales hicieron una reducción del 30% en sus gastos, pasando de disponer 18 módulos para asesores a 15. Sin embargo, el Ejecutivo debió enviar dos salvavidas económicos por falta de fondos. En concreto, en octubre pasado se destinaron fondos por $70 millones y, en diciembre, otros $25 millones para abonar haberes del personal legislativo.
Bonificaciones Docentes
Otro ítem del enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo. En octubre de 2018, Arroyo dispuso la suspensión del código 59: un bonificación que benefició a los docentes del sistema municipal durante décadas. Sin embargo, el Concejo intentó frenarlo y la disputa llegó a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
En efecto, se trata de una causa por competencia de poderes que el ex intendente Carlos Arroyo inició contra el Concejo Deliberante en 2018, luego que éste impulsará el rechazo al veto de la ordenanza que restituía el beneficio a los docentes.
Mientras se espera el fallo del tribunal, el cambio de autoridades se consumó y Montenegro asumió una postura contraria respecto a la del gobierno atlántico. El hombre del Pro ya resolvió restituir el beneficio a partir de enero, así lo anunció en su discurso de asunción. El monto que desembolsaría el municipio rondaría los $300 millones.
Los negocios de Emiliano Giri con el Estado Municipal
Pese a la ruptura de relaciones políticas con Arroyo, esto lejos estuvo de afectar los importantes negocios que el emporio Giri tejió en los últimos años con el Estado municipal y con base en las empresas Ripsa y Prestanet.
En lo que va del año, Ripsa recibió comisiones por $13,5 millones de parte de la Municipalidad por el la recaudación de impuestos y multas de la ciudad, donde cuenta con un convenio que le garantiza el monopolio en el cobro de las infracciones. Por fuera de eso, también detenta una posición de privilegio en el negocio de los préstamos personales para empleados municipales.
En 2018 el gobierno local favoreció con una polémica resolución a Red Informática de Pagos SA, la principal empresa de pagos de servicios de Mar del Plata y con una amplia extensión en la provincia de Buenos Aires, y recientemente establecida también en La Plata. En base a los lineamientos de la ordenanza 11.685, se firmó un acuerdo donde se estipuló que los “cobros por cuenta orden de la Municipalidad de los pagos en forma exclusiva, que realicen los infractores por Multas por Contravenciones, (será) a través de caja instalada en el edificio de Tribunal Municipal de Faltas”. Esa caja del edificio de Garay 3136 pertenece ni más ni menos que a Ripsa. Es decir, todo el volumen de las multas contraídas por los marplatenses deben ser pagadas desde esa fecha a la empresa de la familia Giri, que se hace de casi del 0,7 % de esos fondos.
Otro de los puntos polémicos del acuerdo fue el establecimiento de una cláusula del 2 % para los cobros con tarjeta de crédito. Además, actualmente Ripsa no permite el pago mediante tarjeta de crédito en una sola cuota, por lo que obliga a los usuarios que opten por ese medio de pago a abonar aún más los intereses. A cambio, la empresa se encarga del mantenimiento de la caja de cobro fija, de los empleados, del transporte de caudales y de la seguridad.
Según supo este medio, durante los primeros diez meses de 2019 Ripsa recibió comisiones del Municipio por $13,5 millones, en base a los beneficios de este acuerdo como así también por los servicios por el cobro de impuestos municipales. Comparativamente, la posición de privilegio de la empresa es contundente: otras empresas de cobros como Pago Fácil y RapiPago percibieron comisiones por $4,5 millones y $3 millones, respectivamente.
El Puerto, otro año perdido
El titular del Consorcio Portuario, Martín Merlini, atravesó el 2019 sin plasmar los ejes principales que planteó para su gestión. El funcionario poco y nada hizo para remover los buques inactivos. El plan lo anunció en noviembre de 2017, pero brilla por su ausencia.
A fines de mayo, Merlini anunció con bombos y platillos que las actividades de desguace comenzarían. Sin embargo, el paisaje en el Puerto de la ciudad sigue igual. En lo concreto, según las normas vigentes, el Consorcio Portuario debería solicitar el libre de deuda de los barcos, la descontaminación de los mismos y el plan de desguace. Algo que Merlini no parece del todo dispuesto a hacer con tal de liberar rápido el espacio operativo para la flota activa.
Las dificultades operativas y la falta de infraestructura generaron que la naviera MSC suspendiera la recalada en la ciudad a partir de un cambio de buque por otro que no tenía grúas en el mismo; un servicio con el que, ante la escasez de inversión, tampoco cuenta el Puerto local.
Por otro lado, en el Puerto se viola sistemáticamente el Convenio MARPOL: un conjunto de normativas internacionales que deben respetar los buques para prevenir la contaminación. Argentina adhirió a esta disposición en junio de 1992, a través de la Ley N°24.089. Y tanto la Prefectura como policía portuaria, junto con el Consorcio, deberían encargarse de controlar su aplicación. Pero nada de esto ocurre en la ciudad.
Montenegro, el nuevo intendente
El ex ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, se transformó el 27 de octubre en el intendente de General Pueyrredón. No fue un camino fácil para el hombre de Juntos por el Cambio. Antes, en agosto, debió a vencer en las PASO a Vilma Baragiola (UCR) para llegar a la recta final. En efecto, Montenegro dio el golpe con el 59,3%, frente al 40,6% de Baragiola en la interna, cosechando la alianza de Juntos por el Cambio un 35,8% en total.
El 11 de agosto, Fernanda Raverta (Frente de Todos) se alzó con la mayor cantidad de votos en términos individuales, con el 27,7%. En tanto, el ex intendente Gustavo Pulti (Acción Marplatense) se erigió como un tercer actor competitivo ante la polarización nacional y cosechó el 17,5%. Por su parte, los números de agosto significaron el principio del fin para Carlos Arroyo (Agrupación Atlántica): sólo cosechó un 5,09%.
Pero el plato fuerte se dio el 27 de octubre. En unos comicios muy reñidos, Montenegro alcanzó la victoria ante Raverta. El referente de Juntos por el Cambio se quedó con 168.385 votos (40,23%), mientras que la actual ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense obtuvo 158.673 votos (37,91%).
Más rezagado quedó Gustavo Pulti, con 46.176 votos (11,03%). Santiago Bonifatti (Consenso Federal) se ubicó cuarto con 17.430 (4,16%), mientras que Arroyo profundizó su caída estrepitosa y consiguió tan sólo 15.944 votos (3,81%), es decir, en 4 años perdió alrededor de 167.742 mil sufragios.
Una transición conflictiva
Tras su triunfo, Montenegro se reunió al día siguiente con Arroyo y dieron inicio a la transición. Pero fue el único encuentro que tuvieron hasta el traspaso de mando. Luego de dicho cónclave, el líder de Agrupación Atlántica designó a su hijo, el ex edil Guillermo Arroyo, al frente de las negociaciones con el gobierno entrante. Esto desató el enojo en las filas montenegristas y el diálogo se cortó.
Desde el gobierno entrante alertaron por la situación de las finanzas municipales y denunciaron la situación irregular de los nombramientos en la planta municipal. En conferencia de prensa, Montenegro graficó que no había fondos para abonar los sueldos de diciembre y lamentó la breve prórroga que dispuso Arroyo para la presentación del Presupuesto 2020, algo que finalmente se revirtió.
Por otro lado, el ex fiscal adelantó que denunciaría al líder atlántico por la Ley de Responsabilidad Fiscal. La misma se sancionó a nivel nacional en agosto de 2004. En junio del año pasado, la Legislatura bonaerense adhirió a la misma. Y, meses después, el municipio de General Pueyrredón se plegó a la disposición.
El espíritu de la norma es realizar un gasto consciente de los fondos públicos. A nivel municipal, se destaca que los intendentes, durante los seis meses previos a terminar su mandato, asuman compromisos tendientes a "no incrementar el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales”.
Con fuego cruzado entre ambos gobiernos, la transición la encabezaron funcionarios de primera línea dentro del Gabinete. El buen vínculo entre el secretario de Gobierno saliente, Alejandro Vicente, y el entrante, Santiago Bonifatti, puso paños fríos a la situación. La misma impronta se dio en el plano económico, a través del diálogo entre Alfredo Osorio y Germán Blanco, el apuntado por Montenegro para supervisar la economía municipal.
El nuevo gobierno y las primeras medidas
Los funcionarios confirmados por Montenegro ascienden, hasta el momento, a 103. La primera línea de su Gabinete está compuesta por: Santiago Bonifatti (Gobierno), Viviana Bernabei (Salud), Sebastián Puglisi (Educación), Carlos Balmaceda (Cultura), Jorge Rodríguez (Obras), Fernando Muro (Desarrollo Productivo), Verónica Hourquebié (Desarrollo Social) y Darío Oroquieta (Seguridad). A todos ellos se les tomó juramento el 11 de diciembre.
Montenegro y sus 9 secretarios
En su discurso de asunción, como se detalló, Montenegro se comprometió a restituir las bonificaciones docentes. Además, el intendente mudó su despacho al COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) para seguir de cerca la actividad delictiva en la ciudad. Con la seguridad como principal eje de gobierno, entre otros ítems, también intentará “desburocratizar” el Estado para favorecer las habilitaciones comerciales y apuntará a la reducción del gasto de la política. En este sentido, el jefe comunal ya dispuso una reducción del 20% de su salario y un 15% en el caso de sus secretarios. Dichos porcentajes serán donados a la municipalidad.
Otro dato saliente de sus primeros días al frente de la ciudad son las reuniones periódicas de Gabinete, las cuales tienen la participación no sólo de sus funcionarios más cercanos, sino también de los jefes del interbloque oficialista en el Concejo Deliberante.
Reunión de Gabinete
El mapa del Concejo Deliberante
La renovación de autoridades también llegó al Legislativo. Un duro escenario le espera al intendente Guillermo Montenegro para hacer avanzar su agenda en el Concejo Deliberante, donde contará con una minoría de diez ediles.
A ello se sumarán las grietas internas en Juntos por el Cambio, que se evidenciaron para la conformación de la Mesa Directiva. Pese a perder las internas en agosto, el radicalismo supo hacer valer su aporte electoral en las generales, más su bloque de cuatro concejales. Así entonces, Ariel Martínez Bordaisco (UCR) fue electo como el nuevo titular del Legislativo. Producto de esas tensiones, también verá la luz Vamos Juntos, la bancada debutante que contiene a Crear, PRO y Partido Fe, y que será presidida por Alejandro Carrancio. Por su parte, la Coalición Cívica será el tercer bloque oficialista. El voto 11 para el montenegrismo podría llegar desde Mauricio Loria (Agrupación Atlántica), que será el bloque formalemente opositor más cercano a Juntos por el Cambio.
Vamos Juntos, el bloque alineado con Montenegro
En tanto, no hubo comunión en el Frente de Todos, donde Unidad Ciudadana avanzará con sus nueve concejales y el Frente Renovador -que deberá limar tensiones internas- hará lo propio con sus dos ediles. Finalmente, la oposición se completa con los dos concejales de Acción Marplatense: Horacio Taccone y Paula Mantero.
En concreto, el nuevo Concejo quedó definido de la siguiente manera
Frente de Todos: Daniel Rodríguez, Marcos Gutiérrez, Marina Santoro, Roberto “Chucho” Páez, Roberto “Tata” Gandolfi, Virginia Sívori, Verónica Lagos, Sol de la Torre y Vito Amalfitano.
Frente de Todos
Unión Cívica Radical: Vilma Baragiola, Ariel Martínez Bordaisco, Cristina Coria y Marianela Romero.
Vamos Juntos: Alejandro Carrancio, Nicolás Lauría, Agustín Neme y Guillermo Volponi.
Coalición Cívica: Angélica González y Liliana Gonzalorena.
Frente Renovador: Ariel Ciano y Mercedes Morro
Acción Marplatense: Horacio Taccone y Paula Mantero
Agrupación Atlántica: Mauricio Loria.