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Avanza la causa judicial contra Arroyo por el nombramiento de personal en sus últimos meses de mandato
La UFI 10 solicitó un informe al Concejo Deliberante. Se acumula data sobre las designaciones que el exintendente habría realizado pese a las limitaciones fijadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
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La investigación que la Unidad Funcional de Instrucción, Juicio y Elevación N°10 le sigue por las presuntas designaciones irregulares de personal durante su último tramo de gobierno, promete en convertirse en un gran dolor que aquejará al exintendente Carlos Arroyo por un tiempo largo.
Según supo este medio, la UFI 10 sigue incorporando elementos probatorios a la causa iniciada por una denuncia del fiscal general de la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, luego que varios actores institucionales denunciaran públicamente esos nombramientos por fuera de la Ley de Responsabilidad Fiscal N°13.295. Dicha normativa, a la cual el Municipio adhirió, establece la prohibición de tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente durante “el último semestre del año de fin de mandato del Departamento Ejecutivo, exceptuando aquel cuya causa originante exista con anterioridad al período indicado y su cumplimiento sea obligatorio”.
La última novedad al respecto surgió ayer a la tarde, cuando la UFI de Delitos Económicos ingresó un pedido en Mesa de Entradas del Concejo Deliberante solicitando una copia certificada del Expediente N°2233-2019, donde se tramita un pedido de informes al Ejecutivo sobre los “nombramientos y/o contrataciones de personal, permanentes o transitorias, en planta política o permanente entre el 10/06/2019 y el 05/11/2019”, tanto en la Administración Central, como en los Entes Descentralizados y Obras Sanitarias.
La iniciativa fue presentada en noviembre por el entonces bloque de Unidad Ciudadana, aunque de acuerdo a la información constante en los registros legislativos, el expediente se encuentra desde aquel entonces a la espera de tratamiento en la comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana, presidida en ese momento por el actual titular del HCD, Ariel Bordaisco.
En la causa también ya realizaron su aporte desde el actual Ejecutivo municipal. Más precisamente, en las últimas semanas dio su declaración testimonial el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich. En noviembre, cuando estalló la polémica, el “Ruso” había hablado de una “retirada a la cowboy” por parte del arroyismo, con nombramiento de “familiares y amigos”.
No se trata de la única causa que los fiscales David Bruna y Javier Pizzo tramitan con Arroyo en la mira. También llevan adelante una por la denuncia penal que le realizó la Obra Asistencia Mutual (OAM) en 2018 por las millonarias deudas impagas por parte del Municipio, otra realizada por Rocma SRL por falta de pagos en una obra en El Martillo, y, la más reciente, impulsada por el empresario Sergio Goransky por el acuerdo que firmó con Playa Azul para la construcción de un boliche en la UTF del Estacionamiento de Playa Grande.