3 de enero de 2018
A PEDIRLE PERDON
Exfuncionaria bonaerense fue absuelta tras diez años: le pidieron disculpas
Susana Otero estuvo acusada de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad por hechos ocurridos en 2007.
La ex directora de un Instituto Socioeducativo que funcionaba en Batán acusada de los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad fue absuelta diez años después de la acusación tras la realización de un juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal 3. En la sentencia los magistrados manifestaron “sentir vergüenza” por la extensión de la causa y le pidieron disculpas “en nombre de toda la administración de justicia.
Los jueces Mariana Irianni, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro absolvieron de manera unánime a Susana Edith Otero por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. Si bien retiró la acusación, el fiscal de Delitos Económicos Carlos David Bruna había solicitado una pena mínima por los delitos que a su entender se habían cometido entre marzo y diciembre de 2007 al realizar un manejo arbitrario e ilícito de los gastos autorizados en la caja chica a su cargo por un monto superior a los 150 mil pesos.
El fiscal sostuvo que Otero, bajo su exclusivo dominio, realizó gastos sustrayéndolos de la caja chica que no tienen comprobantes auténticos, ya sea por su falsedad ideológica o material y por ende eran fraudulentos. De manera subsidiaria planteó las figuras de defraudación contra la administración pública y malversación culposa, por lo que solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión de ejecución en suspenso.
A partir de las múltiples testimoniales que se escucharon en el extenso debate que finalizó la última semana del año pasado, los magistrados consideraron que el acusador no logró probar el modo en que la administración pública haya sido defraudada por la imputada. En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 los jueces remarcaron que se presentaban las rendiciones de cuentas y eran aprobadas, que sólo se hizo una auditoría y se realizaron observaciones por la gran cantidad de alimentos que se compraban, en especial carne y verdura que motivara la denuncia original. “No sólo comían los jóvenes, sino los tres turnos de empleados y funcionarios del instituto, los del centro cerrado de Batán, los policías, los funcionarios (judiciales y del ministerio) que concurrían a la dependencia. Sobre estas imputaciones principales se retiró la acusación”, señalaron.
Otro de los planteos de la acusación fiscal tenía que ver con el gasto de 4100 pesos en cartuchos de tinta para impresora que según la imputada se dio porque no tenían computadora y debían comprarla de esa manera. Ante el cuestionamiento de por qué no esperó a que, previa nota de pedido, se la enviaran, el Tribunal hizo foco en el tiempo que tarda la burocracia para entregar los pedidos. “El instituto se había inaugurado y no tenía computadora, pero como quedó probado las planillas debían llenarse en un programa, por lo que sino tenía un ordenador no podía cumplir con la carga administrativa. Bajo estos parámetros no existe, reitero, el elemento subjetivo del tipo penal y no se afectó el bien jurídico”, señalaron.
Buen concepto, burocracia y pedido de disculpas
Al momento de emitir el primero de los votos el juez Marcelo Riquert sostuvo que no se había acusado a Otero de enriquecimiento ilícito, y que su situación actual dista de ello. “Todos los testigos, a preguntas de la fiscalía, no advirtieron un cambio ostensible de su nivel económico. No se probó efectivamente el dinero que habría salido -sustracción- ilegalmente de las arcas del estado. No es suficiente afirmar “alguien se habrá enriquecido”; es exigencia en esta etapa decisoria certezas que aquí no encuentran correlato con la prueba producida”, remarcó.
El magistrado cuestionó el tiempo transcurrido entre los hechos supuestamente acaecidos –marzo a diciembre del 2007- y el desarrollo del debate. “Luce hasta un sinsentido exigirle diez años después a la acusada una correcta administración…y queda en claro que el paso del tiempo cambia la vida de las personas, y tanto denunciantes como denunciada no son la excepción”, indicó.
Además de adherir a ese voto, el juez Juan Manuel Sueyro remarcó que “Susana Edith Otero no se enriqueció durante su gestión, hizo lo que se esperaba de ella y logró que el Instituto Socioeducativo funcionara correctamente. Demostró compromiso y dedicación, rindió la ‘caja chica’ del modo en que lo hacían todos los institutos bonaerenses”.
“Es para lamentar que la tramitación de esta causa se haya extendido por espacio de diez años, me causa vergüenza que eso haya pasado, pero me alegra contar con ocasión para pedirle disculpas a esa mujer, haciéndolo en nombre de toda la administración de justicia”, concluyó.
Por su parte la jueza Mariana Irianni se sumó al veredicto absolutorio que se dio tras el retiro de la acusación fiscal por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. El Tribunal ordenó el envío de una copia de la sentencia al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires en atención a que Otero –representada en el debate por la defensora oficia Laura Solari- fue oportunamente cesanteada de la administración pública.