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Martes, 14 mayo 2024
INFORME
30 de junio de 2020

La grieta que se comienza a instalar con los proyectos para regular la actividad de los cuidacoches

Ya hay sobre la mesa dos propuestas del oficialismo y una de la oposición. Montenegro había puesto al tema como una de las prioridades legislativas. No comenzó el debate y ya hubo fuertes cruces.

La grieta que se comienza a instalar con los proyectos para regular la actividad de los cuidacoches - La Tecla Mar del Plata

El de los cuidacoches es uno de los debates que atraviesa desde años a prácticamente todos los grandes centros urbanos del país. Lejos de la perspectiva prohibicionista que muchos reivindican, el consenso en General Pueyrredon apunta a la necesidad de regular el funcionamiento de la actividad. Las tensiones emergen en el cómo.

El propio intendente Guillermo Montenegro fijó a la temática como de las prioridades legislativas del Ejecutivo para el 2019. “Les pido su compromiso para poder trabajar en conjunto temas que aportan a mejorar la seguridad de todos los vecinos como varios proyectos que ya se encuentran en este cuerpo que apuntan a regular la actividad de los cuidacoches”, señaló el 2 de marzo en la inauguración de sesiones.

Pocos conocen que rige una ordenanza de 1964 que regula parcialmente la actividad, mediante la creación de un Registro Municipal de Cuidadores de Vehículos. Desactualizado y pensado para otro momento histórico, la normativa volvió a escena cuando en enero de este año Vilma Baragiola (UCR) presentó un expediente para avanzar con su modificación.

Sobre esa base, este mes se presentaron otros dos proyectos, primero el de Agustín Neme (Vamos Juntos) y luego el de Sol de la Torre (Frente de Todos), con propuestas de una nueva ordenanza que reemplace a la vigente n°2450.

Con algunos elementos en común, las diferencias sin embargo saltan a la vista entre los proyectos del oficialismo y la oposición. “La actividad de cuidadores de vehículos es una forma de subsistencia ante la desigualdad y la crisis económica y social”, planteó como base Sol de la Torre, cuando elevó la propuesta en compañía de organizaciones sociales.

“El proyecto aborda la actividad de manera integral, desde una perspectiva productiva, social y no estigmatizante, en pos de reivindicar a los y las trabajadoras marplatenses de esta rama de la económica popular”, sostuvo, en un misil teledirigido a Neme.


El edil oficialista no esquivó el bulto: “el registro debe servir en primer lugar para sacar a los violentos de la calle. Ayudar a quienes hacen las cosas bien para que puedan buscar otras alternativas. Y finalmente erradicar esta actividad de nuestra ciudad", sostuvo desde su Twitter. "Una mirada desde la ´economía popular´ sólo agrava el problema. Para nosotros la seguridad de los vecinos es una prioridad”, planteó en contraposición al Frente de Todos.

El cruce de posturas por redes augura muchos más condimentos para el debate que se viene en las comisiones del Concejo Deliberante.

 

 

 

Primero, los acuerdos

Al regular sobre la misma materia, ambos proyectos tiene marcados elementos en común. El central, la constitución de un registro donde se deberán inscribir los aspirantes a conseguir una credencial. La misma tendrá una duración anual, contendrá los datos personal y una foto actualizada. También se prevé la realización de cursos y capacitación. El requisito fundamental a cumplir por parte de los aspirantes es tener domicilio en General Pueyrredon, además de cumplir con una revisión médica general.

En tanto, cada “trapito” será asignado a una zona específica de trabajo, por lo que no podrá desarrollar la actividad en cualquier zona de la ciudad. También se establecerá una zona general donde se podrá brindar el servicio, la cual podrá ser ampliada ante eventos u otros tipo de situaciones particulares.

En ningún caso los cuidadores podrán reclamar el pago de una contirubicón por el servicio, sino que la misma deberá ser voluntaria. Tampoco tendrán relación laboral o contractual con la Municipalidad.

Finalmente, en ambos proyectos coinciden en situaciones que harán caducar el permiso: ante la petición de dinero, si trabajan sin la identificación, ante reiteradas denuncias de vecinos por mal comportamiento y si desarrollan la actividad bajo los efectos de alcohol o drogas ilegales.

 

 

 

Las diferencias

Las concepciones desde las cuales parten para la observación del fenómeno son la diferencia fundamental entre la propuesta de Vamos Juntos y el Frente de Todos. Neme hace hincapié desde la seguridad: “resulta ser mayúsculo el rechazo que se genera en la comunidad, cuando éstas prácticas son desarrolladas de modo compulsivo, y en especial, cuando los involucrados son personas foráneas, que adoptan la actividad de “cuida coches” como una oportunidad estival y efímera de ganar dinero a toda costa”, plantea.

“La actividad de cuidadores de vehículos es una forma de subsistencia ante la desigualdad y la crisis económica y social. El Estado debe regular la actividad para establecer marcos de convivencia e inclusión, que tiendan a mejorar las condiciones de quienes la desempeñan.”, sostiene por su lado De la Torre. La diversidad de criterio tiene su correlato en la Autoridad de Aplicación propuesta: para el oficialismo, es la Secretaría de Seguridad la encargada de la aplicación de la ordenanza, para el kirchnerismo, la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Uno de los requisitos propuestos por Neme ya adelanta una polémica con ribetes legales. Para el legislador del Pro, los aspirantes no deberán tener antecedentes penales por la comisión de delitos contra las personas o contra la propiedad pública o privada. El kirchnerismo rechaza esta posibilidad. Existe suficiente jurisprudencia en el fuero laboral donde se establece que limitar el derecho al trabajo por tener antecedentes penales constituye discriminación laboral.

Otro requisito exigido por el oficialismo es que el cuidador debe presentar una nota de recomendación suscrita por vecinos de la zona donde pretende ejercer la actividad. Otro límite propuesto por Neme: no serán habilitadas aquellas personas que, sea en relación de dependencia o como autónomos, tengan ingresos comprobados superiores a un salario mínimo, vital y móvil.

En cuanto al proyecto impulsado por la referente de Patria Grande, se propone la creación de una Mesa de Seguimiento del Programa, que estará impulsada desde el Concejo Deliberante e integrada también por miembros del Ejecutivo. Desde allí se seguirá la implementación, se diagramarán las jornadas de capacitación y se analizarán las denuncias contra los permisionarios, elevando dictámenes a la Autoridad de Aplicación para resolver la posible baja de cuidadores del Registro.

Hasta el momento, ninguno de los dos proyectos tuvo giro a comisión. Indefectiblemente, en el tratamiento irán de la mano y será uno de los principales debates legislativos del año en General Pueyrredon.

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