El espionaje ilegal también habría alcanzado a actividades del Concejo Deliberante y de familiares del Rigel

Una denuncia judicial que sacude la política local y que promete repercusiones de alcance nacional. Con elementos similares a las causas que ya arrastran las exautoridades de la Agencia Federal de Investigaciones por espionaje ilegal, ahora se suma una nueva presentación de su actual interventora, Cristina Caamaño.

De acuerdo a lo desarrollado en las seis páginas de la denuncia que el fiscal Daniel Adler ya remitió al juez federal Santiago Inchausti, el caso de destapó a partir de un procedimiento realizado en el marco de una causa llevada adelante por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, donde se procedió al análisis de distintos soportes tecnológicos utilizados en la Delegación Provincial de Mar del Plata.

En tres discos rígidos se hallaron documentos que “a todas luces acreditan el espionaje llevado a cabo por la AFI durante los años 2018 y 2019 al colectivos de familiares referenciado” por el hundimiento del ARA San Juan. Toda esa información fue recabada en el marco de tareas e inteligencia “no ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo”.

Pero los familiares de las 44 víctimas del ARA San Juan no serían los únicos apuntados: según la presentación judicial, entre los 19 archivos digitales hallados en los discos también hay evidencia de tareas de inteligencia ilegal sobre familiares de las víctimas del buque Rigel.

La causa incluso involucra al Concejo Deliberante de General Pueyrredon: algunas de las actividades seguidas por los agentes de inteligencia se desarrollaron en la sala de sesiones del Palacio Municipal. La primera de ellas sucedió el 15 de enero de 2018, cuando se realizó una Sesión Especial en la que participaron familiares con una línea dura hacia el gobierno nacional por su "falta de compromiso".