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La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Los otros ocho funcionarios que reclaman licencias no gozadas y la postura del gobierno
Mientras Leitao avanzó judicialmente, Arroyo y siete exladeros suyos mantiene reclamos administrativos para percibir el beneficio. La postura inflexible de la administración Montenegro.
Ocho notas presentadas por exfuncionarios municipales para cobrar las vacaciones no gozadas en los dos últimos años de gobierno de Carlos Arroyo acumulan polvo en un cajón de una oficina del Palacio Municipal. No se trata de una desatención de un empleado administrativo sino de una postura que bajó desde las más altas esferas del gobierno marplatense.
Cuando a comienzos de año el exintendente y otros ocho funcionarios suyos presentaron un reclamo para percibir el dinero de las licencias no gozadas en 2018 y 2019 -el plazo máximo que permite la ley-, generó la indignación de empleados y actuales funcionarios que se pusieron al tanto. Independiente de la legalidad o no del reclamo, el foco estuvo puesto en la legitimidad del mismo, luego del mazazo recibido en las urnas por Agrupación Atlántica, que obtuvo menos del 4% evidenciando el fuertísimo malestar de la población con la gestión municipal.
La postura del gobierno de Montenegro se mantuvo inalterable en estos 10 meses: no habrá respuesta voluntaria al reclamo, lo que motivó que en las últimas semanas el extitular del Emsur, Eduardo Leitao, presentará una acción de amparo por mora, para lograr que un juez obligué a la Municipalidad a dictar el acto administrativo definitivo. De llegar en algún momento, será negativo, lo que habilitaría la vía judicial.
El camino que tomó Leitao, podría ser seguido en los próximos días por otros ocho exfuncionarios, todos los cuales realizaron su reclamo en sede municipal bajo la representación del Estudio Jurídico Gil de Muro – Vicente. Precisamente, el exsubsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, y el exsecretario de Gobierno, Alejandro Vicente, también impulsan el reclamo por el pago de sus vacaciones no gozadas.
El caso más relevante es el del propio exintendente Carlos Arroyo, el hombre del sobretodo que se mantiene fuera de escena pública desde el 10 de diciembre, salvo por la página policial que protagonizó cuando en marzo volcó con su auto. Según reflejó La Capital en julio, por su antigüedad Arroyo acumularía unos 70 días de licencia, lo que representaría una suma superior al millón de pesos.
Otros exfuncionarios de relieve que impulsan el reclamo por vía administrativa son la exsecretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, y la exsubsecretaria de Educación y pareja de Arroyo, Susana Rivero; un listado al que suma el exdirector General de Prensa, Marcelo Marcel.
Finalmente, otros dos nombres de menor exposición completan la nómina de los casos representando por el Estudio Jurídico Gil de Muro – Vicente: el exdirector Coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social, Cristian Tait, y el exintegrante Departamento de Abastecimiento de Recursos, Jorge Emir Ali.