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Defensoría del Pueblo: entre los rumores de achicamiento y las quejas de los funcionarios
Desde el área volvieron a lanzar cuestionamientos al gobierno por el “recorte” sufrido en el área en el Presupuesto 2021. Se recrudece el debate para reducir la cantidad de defensores.
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En el marco de la Audiencia Pública que se celebró para discutir el Presupuesto 2021, el defensor del pueblo, Daniel Barragán, volvió a cargar contra las asignaciones presupuestarias del área.
En concreto, el funcionario remarcó una reducción del 22%-un 43% si se tiene en cuenta la inflación- y especificó el “recorte” en los tres programas centrales de la Defensoría: Atención Comunitaria, Defensoría del Turista y Atención Comunitaria. Asimismo, graficó que la dependencia “tiene 6 trabajadores, de los cuales por una renuncia y una licencia sin goce de sueldo se han reducido a 4” para realizar las tareas. Y disparó: “Queremos que nos devuelvan el presupuesto”.
En contrapartida a los planteos de Barragán, el área que encabeza ha sumado cuestionamientos que se agudizaron ante la irrupción de la pandemia. Por caso, el episodio que dejó en offside al defensor Luis Salomón, quien fue sancionado hasta fin de año por los ediles tras irrumpir, el 17 de abril pasado, en un operativo de Inspección General y agredir a efectivos policiales en el marco de la clausura de un comercio de un familiar suyo.
En efecto, con mandato hasta 2023, el desempeño de Salomón,Barragán y Fernando Rizzi, no pasa desapercibido en el análisis de los diferentes actores de la política local. El coronavirus profundizó el malestar: el rol de la Defensoría pasó desapercibido, allí donde debió haber estado cumpliendo un rol activo en el seguimiento de la situación sanitaria con la garantía del cumplimiento de los protocolos sanitarios.
La crisis del transporte también encontró a los funcionarios ajenos a un conflicto de dimensiones. En esa situación se puede encontrar, por ejemplo, la respuesta negativa del presidente del Concejo Deliberante –del que depende orgánicamente la Defensoría-, Ariel Martínez Bordaisco, al pedido que elevó meses atrás para realizar un nuevo nombramiento de personal, luego que dos empleados dejaran de cumplir funciones.
Por su parte, en las últimas semanas, el bloque de la Coalición Cívica puso sobre la mesa una propuesta que recoge las críticas realizadas en los últimos años. El proyecto de ordenanza propone derogar la actual estructura con tres miembros de la Defensoría y volver al formato original de un “Ombudsman”, mientras que el resto de los fondos sean destinos para la creación de una Oficina de Transparencia y Anticorrupción Municipal. En los pasillos de la municipalidad, la medida tendría cada vez más acompañamiento, teniendo en cuenta que la labor en conjunto de Salomón, Barragán y Rizzi no cumple con las expectativas.
“Con esta iniciativa buscamos tornar más eficiente el gasto que realiza el municipio y, a su vez, incorporar un nuevo organismo de control que aporte más transparencia a la gestión pública”, resaltó Angélica González, presidente del bloque referenciado con Lilita Carrió.
“La actual conformación de la Defensoría del Pueblo con tres miembros, creada por ordenanza 21430, respondió en su momento más a una situación de reparto de cargos políticos que a una necesidad concreta. Entendemos que con la estructura de un Defensor del Pueblo es suficiente para el correcto desempeño de las tareas que tiene ese organismo”, finalizó.