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Argentina
30 de diciembre de 2020
PERLA 5

Un conflicto con la huella de Mourelle

El largo proceso que comenzó en 2017 tuvo un vuelco tras la intervención del polémico exhombre de las finanzas de Arroyo.

Un conflicto con la huella de MourelleUn conflicto con la huella de Mourelle
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El inicio del conflicto se remonta a tres años atrás, cuando en 2017 el Ejecutivo convocó a licitación pública para entregar en concesión la explotación del Balneario 5 de La Perla. Al primer llamado sólo se presentó Playa Soleada, representada por Juan Alberto Salvi, pero su propuesta fue rechazada. Luego, en la segunda convocatoria volvió a insistir, en este caso por el ofrecimiento de un canon inicial de 300 mil pesos y la realización de obras por $21.958.306; aunque allí se encontró con un segundo postulante. Se trató de Sergio Darío Domínguez, que ofreció un canon de $410 mil y obras por $25.786.800.

Pero al momento de ser analizados los sobres por la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas designada para intervenir en la licitación, sólo la oferta de Playa Soleada fue considerada “válida y admisible”, y finalmente fue calificada con 76 puntos. Allí la presidencia del Emtur “elevó las actuaciones al Intendente para que remitiera lo actuado al Concejo Deliberante para que dispusiera la adjudicación de la concesión”, pero “sin razón ni sustento fáctico jurídico alguno y, lo más grave, excediendo su ámbito de competencia funcional, el Intendente derivó las actuaciones a la Secretaría de Economía y Hacienda, quien emite un informe que resulta determinante para declarar desierta la licitación”, según denunciaron judicialmente desde la empresa.

Playa Soleada da cuenta que en un informe del 14 de febrero de 2018, el por entonces secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, concluye que “se aconseja no acompañar la iniciativa del Emtur, declarando fracasado el llamado en el marco de la normativa vigente, aconsejando reformular las bases y condiciones para la realización de una nueva convocatoria”. En el fondo, Mourelle pretendía un canon mayor.

Tras un largo periplo administrativo, finalmente el 13 de noviembre de 2018 el intendente Arroyo emitió el Decreto N°2361/18 por el que rechazó esa única propuesta en función de lo dispuesto en el Artículo 21 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones aprobado en la Ordenanza 22.351. Ese artículo habilita a que el Ejecutivo rechace una oferta así esta sea la única emitida. Desde aquel entonces se especuló con la posibilidad que la firma llevará el tema a la justicia local, pero no ocurrió hasta hace cinco meses.

Es que a principios de mayo el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un nuevo Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a licitación de la UTF Perla 5, ubicada en Boulevard Marítimo Peralta Ramos entre Ayacucho y Brandsen. En su denuncia que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°2, la empresa solicitó la anulación del decreto de Arroyo y que “se disponga la suspensión del nuevo proyecto de licitación pública, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

Sin embargo, el juez Marcelo Fernández rechazó esta última petición ya que consideró que “cualquiera sea la decisión que sobre el fondo se adopte en el futuro (en cuanto a la legitimidad o ilegitimidad del rechazo de su oferta y/o el fracaso que se afirma dispuesto en relación al procedimiento), la pretensión cautelar peticionada entra en grave tensión con las facultades que -en cabeza de la Administración- pueden ejercerse en orden a gestión y administración de los bienes públicos que están bajo su esfera, con el grave impacto que ello supone para el interés público involucrado el dictado y la aplicación de una medida precautoria ante el severo compromiso que ello importaría a la actuación de aquélla”.

Ahora la causa sumó nuevos elementos, luego que, como informó La Tecla Mar del Plata, el Ejecutivo de Montenegro dio señales para retomar la adjudicación de la concesión, aunque finalmente dio marcha atrás sobre la hora. En el expediente, la Subsecretaría de Legal y Técnica reconoció las múltiples irregularidades en la tramitación realizada bajo la gestión Arroyo, lo que ahora fue presentado por la firma como un argumento a su favor.

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