Argentina
Lunes, 27 junio 2022
EN FOCO
26 de febrero de 2021

Bordaisco, hacia una nueva presidencia con cuentas pendientes

La auditoría sobre la gestión 2015-2019 de Guillermo Sáenz Saralegui nunca vio la luz. El titular de la UCR local la había impulsado a poco de salir, pero luego se diluyó.

Bordaisco, hacia una nueva presidencia con cuentas pendientes - La Tecla Mar del Plata
Bordaisco, hacia una nueva presidencia con cuentas pendientes - La Tecla Mar del Plata

A Ariel Martínez Bordaisco le espera un marzo movido donde busca revalidar sus dos principales títulos. Por un lado, como presidente del Concejo Deliberante, donde tiene el camino allanado para el próximo lunes ser ratificado como el titular del órgano legislativo, cargo que asumió el 9 de diciembre de 2019, conjuntamente con la llegada de Montenegro al gobierno comunal. Por el otro, deberá sortear la interna radical para continuar al frente del comité Mar del Plata de la Unión Cívica Radical, pautada para el 21 de marzo.

Con una realidad marcada por la pandemia de Covid-19 y unas tensiones iniciales sobre cómo sobrellevar las sesiones en función de los protocolos sanitarios, el Concejo Deliberante evidencia como saldo central el rencausar la relación institucional con el Ejecutivo. La salida de Arroyo, un factor determinante. En lo político y salvo excepciones, el oficialismo logró una relativa armonía interna y los necesarios acuerdos con otros espacios para llegar a las mayorías que lograron hacer avanzar la agenda impulsada desde el COM.

Sin embargo, en lo que refiere a la responsabilidad exclusiva del presidente Bordaisco, una gran cuenta pendiente asoma en el debe del primer año de gestión. Con bombos y platillos, a poco de asumir en diciembre de 2019, el referente radical anunció la realización de una auditoría que pondría blanco sobre negro respecto al controvertido manejo de los fondos del Legislativo en el periodo 2015-2019, bajo el mandato de su antecesor Guillermo Sáenz Saralegui.

Dicha auditoría buscaba analizar y determinar la situación patrimonial, de infraestructura y personal, entre otras aristas, del Departamento Deliberativo en el período 2015-2019. El objetivo era dar cuenta cómo se manejaron los fondos en esos años y, en efecto, desde “qué punto de partida” asumió la nueva conducción.

Vale recordar que la situación presupuestaria estuvo en el ojo de la tormenta durante el 2019 y fue uno de los desencadenantes de la partida del ex titular de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, en septiembre de 2019. Debido a esta situación, el Ejecutivo debió efectuar un “rescate” por más de $95 millones para abonar el sueldo del personal del Concejo entre octubre y diciembre pasados.

Sin embargo y a pesar del anuncio los meses pasaron y nada de lo expuesto fue dado a conocer públicamente. Según supo este medio, en un principio, la auditoría se iba a presentar luego del debate del Presupuesto 2020, a mediados de febrero. Después, a comienzos de marzo. El Covid-19 interrumpió los planes y desde la presidencia del Concejo deslizaron que la misma se daría a conocer a la par del informe del estado de ejecución presupuestaria de los gastos del Concejo Deliberante. La nueva fecha expiró y nada se publicó.


La auditoría sobre la gestión Sáenz Saralegui sigue sin ver la luz


Expuesto

En ese marco y también vinculado a la gestión presupuestaria, en las últimas horas trascendió una nueva incidencia. El Concejo Deliberante nunca le pagó a la abogada que contrató en 2018 para afrontar la defensa en la causa por las bonificaciones docentes, tras la denuncia de Arroyo ante la Suprema Corte por conflicto de competencia de poderes. La causa quedó en la nada, pero Bordaisco nunca habilitó el pago de los honorarios fijados en septiembre del año pasado por el máximo tribunal bonaerense. Ahora, la letrada Carolina Morteo pidió a la Justicia el embargo de las cuentas del Concejo Deliberante, lo que podría desatacar un conflicto sin antecedentes por poco más de $130 mil.

En tanto, los marplatenses siguen expuestos ante las irregularidades en torno a las fotomultas, donde el Legislativo aporta su buena cuota de responsabilidad, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno. Es que la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución del Convenio de Fotomultas que debe velar por el normal funcionamiento del sistema no funciona desde que asumió la Presidencia.

Tras un retraso de meses, recién en junio de 2020 el Ejecutivo nombró a sus representantes, aunque el Concejo Deliberante nunca promocionó a los tres suyos. Mientras desde los bloques reclaman informes al secretario Bonifatti sobre el estado del convenio con la UTN-Regional La Plata, en un cajón del Palacio Municipal duerme un proyecto de la oposición para que se avance con dichos nombramientos.