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18 de marzo de 2021
Las condenas contra la clínica psiquiátrica de García Castellanos, el atropellador del Einstein
La clínica Grupo Suizo acumula tres fallos en su contra por daños y perjuicios. En uno, un paciente murió al asfixiarse mientras comía y la familia denunció falsificación del certificado de defunción. Un organismo oficial denunció diversas irregularidades.
Las imágenes de Fernando García Castellanos atropellando con su Audi a un grupo de estudiantes que festejaban el Último Primer Día frente al Instituto Einstein, lesionando de gravedad a una joven, trascendieron a nivel nacional. Pero no se trata del único episodio judicial que atravesó el empresario marplatense, sino que la clínica psiquiátrica de la que es propietario cuenta con un tendal de condenas en su contra por diversas irregularidades.
El pasado 12 de julio de 2019, el Juzgado Civil y Comercio N°10 condenó a la Clínica Psiquiátrica Grupo Suizo en una causa por daños y perjuicios iniciada por familiares de Sandro Becerra, un paciente que fue salvajemente golpeado por otros internos y luego no recibió los tratos adecuados por parte de la institución, lo que agravó su situación.
El hecho central se desencadenó el 18 de febrero de 2010 cuando enfermeras del turno noche ingresaron a la habitación de Becerra para colocarle un chaleco de fuerza por una crisis que atravesaba, situación en la que tres internos se filtraron y lo golpearon brutalmente. Las lesiones le generaron “una grave limitación en la movilidad del extremos superior”. En un análisis posterior, le encontraron quemaduras en sus extremidades, algunas podrían haber sido causadas por el roce al forcejear con el chaleco de fuerza, pero otras eran de cigarrillos. El paciente debió ser operado en su brazo izquierdo y pierna derecha.
Para la jueza Mariana Lucía Tonto de Bessone “si el establecimiento asistencial consintió en recibir en su sede a una persona cuyo estado de salud mental conocía, con ello asumió plenamente la obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio a al obligación principal de prestar asistencia y que comprende el deber de vigilancia y de garantizar la integridad física del individuo a su cargo”.
En su fallo, la magistrada resaltó que “poco importa que Sandro fuera por demás demandante o agresivo, en la medida que tales extremos no inciden en ninguna medida en el deber de cuidado que corresponde brindarle a cada persona interna en el instituto. Si justamente estamos frente a un centro de internación de pacientes psiquiátricos, sus responsables no pueden escudarse en esas características de la personalidad para eximirse de responsabilidad”
“Considero que, justamente, esas particularidades que presentaba el paciente Becerra, debieron motivar una mejor y más adecuada atención, como también un mayor seguimiento y control de la medicación que debía suministrársele”, por lo que encontró responsable a la institución de Avenida de los Trabajadores y Sáenz, aunque descartó responsabilidades de la directora de la empresa, María Eugenia García Castellanos, hermano del atropellador.
En octubre del año pasado, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial – Sala 1ra confirmó el fallo de Primera Instancia e incluso amplió el monto de la indemnización. Por apelación de honorarios de parte de los abogados, la sentencia aún no se pudo ejecutar.
En medio del extenso proceso judicial, las irregularidades en la clínica psiquiátrica ya habían comenzado a salir a la luz: en febrero de 2017 vecinos de Punta Mogotes realizaron una protesta por las condiciones en que estaban los internos. También apuntaban contra los controles de la clínica: era común que pacientes agredieran a transeúntes al pasar por la vereda.
Más tarde, en agosto de 2018 se realizó un relevamiento de parte de parte de la Defensoría del Pueblo bonaerense y el equipo técnico del Órgano de Revisión Local (ORL) de la Ley de Salud Mental. “Además de constatarse una serie de deficiencias en materia edilicia, del relevamiento surge que la Clínica, para adecuarse a los términos de la Ley de Salud Mental, debería conformar un equipo interdisciplinario, que se reúna en forma periódica, que cuente con un trabajador social”, concluyó el organismo.
En mayo de 2016, la clínica Grupo Suizo tuvo otro fallo en contra de la justicia marplatense. En este caso, el Juzgado Civil y Comercial N°7 consideró que hubo negligencias médicas y paramédicas por la falta de cuidados y atención al paciente Daniel Palacios, que murió asfixiado en noviembre de 2002 al ahogarse mientras comía. La autopsia certificó la obstrucción de las vías respiratorias mientras comía un trozo de comida grande y que Palacios no tenía anomalías en el funcionamiento del corazón ni vías respiratorias.
Si bien la demanda penal contra la clínica, sus autoridades y personal médico no prosperó, ya que la UFI 6 de Delitos Culposo la archivó por considerar que no había responsabilidades, los familiares realizaron una dura denuncia: en el certificado de defunción que le entregaron figuraba como causal “paro cardiorrespiratorio no traumático”, pero el médico de guardia afirmó que puso “muerte por paro cardio respiratorio secundaria a obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, en este caso alimentario”.
Un año antes, el mismo Juzgado había condenado al Grupo Suizo por daños y perjuicios por irregularidades en el proceso de intervención de una paciente, Rosa Mottola, en un controvertido hecho había ocurrido en 2003.
El 2021 volvió a encontrar a García Castellanos envuelto en más episodios polémicos. En enero, su club de playa La Reserva fue clausurado en el verano por no cumplir con el protocolo sanitario, ya que se realizó una fiesta para unas 400 personas. Ahora, desde la semana pasada afronta una causa por lesiones graves dolosas, en un marco donde el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial libró contra él una inhabilitación preventiva para conducir, tras la denuncia de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.