Si bien el principal frente judicial que atravesaba el conflicto por las bonificaciones docentes fue concluido en agosto del año pasado cuando la Suprema Corte desestimó la demanda del Ejecutivo contra el Concejo Deliberante por competencia de poderes, aún queda pendiente la resolución en el fuero contencioso administrativo de los reclamos colectivos de docentes que buscan cobrar las diferencias no abonadas mientras duró el recorte del beneficio entre octubre de 2018 y diciembre de 2019.

“No puede obviarse que existen demandas en distintas causas iniciadas por varios grupos de docentes ante los Juzgados Contencioso Administrativos del Departamento Judicial Mar del Plata, tendientes a obtener el reconocimiento del derecho a percibir las diferencias motivadas en el cambio de criterio para la liquidación”, advirtió el contador general Guillermo Costanzo en la Memoria Anual que forma parte de la Rendición de Cuentas 2020 elevada recientemente al Concejo Deliberante.

Para el funcionario de carrera, “resultaría prudente efectuar las previsiones económicas y financieras necesarias para afrontar el pago de las diferencias entre los montos abonados en concepto de Bonificación Especial Docente y los que hubieran correspondido con el criterio actual, entre octubre de 2018 y diciembre de 2019, las que podrían resultar exigibles de expedirse en tal sentido los órganos judiciales competentes”, reconociendo de modo alguno la consistencia del reclamo docente.

Por decisión del entonces flamante intendente Guillermo Montenegro, en enero de 2020 se volvió a liquidar la bonificación docente por equiparación del cargo Maestro de Grado en relación a la categoría 12 del escalafón municipal con una carga horaria de 34 horas semanales, reconociendo el reclamo que venían llevando adelante los docentes municipales desde que el exintendente Carlos Arroyo recortó el beneficio en octubre de 2018.

Sin embargo, el gobierno local nunca pagó las diferencias no percibidas en esos 15 meses, lo que rondaba los $200 millones. Más allá que en diversas circunstancias desde la administración comunal se reconoció el legítimo reclamo de los trabajadores de la educación, finalmente la postura asumida ante la Justicia fue la considerar válidos los decretos de Arroyo que modificaron la ecuación salarial.

Es importante remarcar que en la actualidad los Juzgados Contenciosos Administrativos 1 y 2 tramitan decenas de causas colectivas, donde los fallos alcanzarían a los docentes demandantes en cada una de ellas y no a la totalidad del cuerpo de trabajadores de la educación perjudicados por el cambio de criterio durante el final del gobierno de Arroyo.

Catarata de demandas

Por otro lado, la Contaduría General dio cuenta de una serie de pasivos contingentes debido a un conjunto de demandas judiciales en las que el Municipio “probablemente resulte vencido”. La Dirección de Asuntos Judiciales confeccionó un listado de unas 80 causas judiciales que sumarían sentencias por unos $24 millones, si bien 23 de ellas no tienen un monto definido, y a lo que hay que sumarles intereses y costas.