Bonificaciones docentes: el Concejo Deliberante no le pagó a la abogada por “carecer de dinero”

Arroyo ya hace un año y medio que no está en el despacho principal del Palacio Municipal, las bonificaciones docentes se reestablecieron a comienzos del año pasado y la Suprema Corte declaró abstracta causa por conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, el eterno conflicto sigue sumando capítulos de antología.

Es que el Concejo Deliberante sigue retardando el pago de honorarios de la abogada que contrató para ejercer su defensa en dicha causa, algo que ahora volvió ratificar ante una intimación de la Suprema Corte donde rechazó el pago por “carecer de dinero”.

El pasado 26 de marzo, el máximo órgano judicial bonaerense libró un mandamiento dirigido al presidente del HCD, Ariel Bordaisco, donde se obliga al “pago en el acto” de la suma de $152.262, en concepto de honorarios y aportes impagos, más la suma de $40.000 por intereses y costas, en favor de Carolina Morteo, la abogada platense que contrató en 2018 para afrontar la demanda que el entonces intendente Carlos Arroyo entabló en su contra por “competencia de poderes”, a raíz de la sanción de una ordenanza que había restablecido las bonificaciones docentes.

Luego de las correspondientes tramitaciones, la intimación se hizo efectiva el pasado miércoles a las 8.30 hs., cuando el oficial de justicia Gabriel Amoretti se apersonó en el Palacio Municipal y fue atendido por autoridades del Concejo Deliberante, según consta en el Acta Judicial a la que accedió La Tecla Mar del Plata.

Allí, como había ordenado la Suprema Core, se intimó “al pago de las sumas reclamadas” pero el intimado manifestó que no abonará por “carecer de dinero”. Por ello, el Concejo Deliberante quedó notificado de una citación para “oponer excepciones legitimadas dentro del plazo de cinco días”. Si bien por el momento los magistrados rechazaron el pedido de embargo realizado por Morteo, la posibilidad se abre paso ante el rechazo formal consagrado esta semana.

En agosto del año pasado, la Suprema Corte resolvió que la causa por competencia de poderes cayó en abstracto, luego que Montenegro reinstalara las bonificaciones docentes en enero. Tras ello, prosiguieron las actuaciones formales para determinar los honorarios de los abogados, incluido el que Arroyo contrató pese a disponer del cuerpo de letrados de la Subsecretaría de Legal y Técnica. Se trata del doctor Héctor Oroz, que finalmente renunció en febrero y allí asumió la causa una abogada de la Municipalidad. El Concejo, en tanto, debió contratar una abogada particular, ya que no cuenta con profesionales letrados en su planta.

Con firma de los magistrados Hilda Kogan, Eduardo De Lazzari, Luis Genoud y Sergio Torres, el 21 de octubre la Suprema Corte resolvió la regulación de honorarios, fijando en favor de Morteo la suma equivalente a 60 jus más un adicional del 10%.  Sin embargo, el Concejo Deliberante nunca procedió al pago de los honorarios, lo que en noviembre le valió una Carta Documento de la abogada, incorporada al expediente judicial.

Por ello, el pasado 11 de diciembre la Suprema Corte resolvió intimar al HCD para que realice el pago dentro de los 10 días de la notificación, aunque tampoco hubo respuestas, por lo que en marzo de este año la abogada avanzó con una demanda que dio inicio a una nueva causa judicial.