Este miércoles a las 10, la comisión de Turismo sesionará con foco en 2 temas de relevancia para la ciudad: la municipalización de los guardavidas y la concesión del balneario Perla 5. En el primer caso, se trata de una iniciativa del Ejecutivo que contempla el pase a la planta municipal de unos 250 guardavidas que actualmente se desempeñan en el ámbito privado. En el proyecto de ordenanza, el Ejecutivo sostuvo que “es necesario para optimizar recursos y brindar un servicio unificado de seguridad en playas, avanzar en un proceso de unificación o ´re´ municipalización del servicio llevando adelante una incorporación de los guardavidas empleados por el sector privado en las condiciones que no generen un prejuicio para este Municipio”. La propuesta se conoció luego que a comienzos de mayo el Ejecutivo firmara un convenio con el Sindicato de Guardavidas y Afines, La Unión de Guardavidas Agremiados y la Cámara de Empresas de Balnearios, Restaurants y Afines (CEBRA), tendiendo a unificar el servicio en el ámbito del partido de General Pueyrredon, el cual pasará depender del Municipio y se denominará Cuerpo Municipal de Seguridad en Playas Con él, la totalidad de los trabajadores pasarán a desempeñarse en la órbita de la Comuna partir de la fecha en que se firmen los convenios específicos con cada titular del balneario, concesionario o titular de Unidad Turística Fiscal (UTF). En tanto, también se contempla la creación del Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas, con aportes de los titulares de balnearios, concesionarios o titulares de UTF, y con el cual se pagarán los salarios de los trabajadores municipales. Perla 5 Por su parte, los ediles debatirán un pedido de informe del Frente de Todos sobre la explotación del Balneario 5 de La Perla: un conflicto que se extendió durante 4 años y que finalizó a partir de un acuerdo extrajudicial entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la empresa Playa Soleada. En el mismo se contempla la actualización del canon para el primer año en $1.181.000, -el original era de $300 mil- y una actualización a futuro según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones. En este sentido, desde la oposición se impulsó un pedido de informe donde se detallen los compromisos asumidos por la empresa y contraprestaciones económicas acordadas. Por otra parte, se pide la justificación del plazo de concesión, las etapas previstas para realizar obras de mejoramiento en la infraestructura pública, las costas legales asumidas durante el proceso y si el reciente cambio de autoridades en el EMTUR motivará la cancelación del acuerdo o sus posibles revisiones. |