El tendal de irregularidades que dejó la gestión Amud

Luego de seis años de gestión, diciembre de 2020 fue el punto final para la estadía de Carlos “Charly” Amud al frente de la Administración de Punta Mogotes, a donde arribó hacia fines del gobierno de Scioli, permaneció con Vidal y se extendió durante el primer año de Kicillof.

El Fallo del Honorable Tribunal de Cuentas pone de relieve los desmanejos en torno a las licitaciones de 2018 de la publicidad y el Polo Gastronómico, que ya habían sido advertidos por este medio desde aquel entonces. Tanto en la que correspondió al Polo Gastronómico como a la publicidad el ganador fue la firma GSN Franquicias SRL del empresario Sergio Kloberdanz, cuyos lazos con Amud son un secreto a voces.  Las licitaciones fueron privadas, es decir que sólo pudieron competir quienes fueron invitados por el Consejo de Administración.

Se trata de conflictos que generan consecuencias hasta el presente, considerando que los plazos del contrato de extienden hasta 2023 y 2025 –respectivamente- y que suponen un desafío hacia la nueva gestión del Frente de Todos, que al momento parece no haber comenzado. Amud fue reemplazado en diciembre por Pamela Palma, que apenas permaneció poco más de tres meses, en una salida con pocas explicaciones. Si bien se adujeron motivos personales, en los pasillos de Mogotes eran indisimulables las tensiones de Palma con los concesionarios de los balnearios. Gonzalo Raventos continúa como el otro administrador nombrado por Provincia, mientras que sigue vacante el representante municipal, luego de la salida de Stella Mary Leguizamón.

En tanto, en mayo fue oficializada la nueva responsable del complejo balneario. Mariana Cuesta (Descamisados) fue designada como administradora general de Punta Mogotes, tras la renuncia en abril de Pamela Palma.

La licitación del Polo Gastronómico recibió objeciones de parte del Tribunal de Cuentas


Nombramientos bajo la lupa

Entre otras de las irregularidades que aún se arrastran se encuentra los nombramientos a fines de 2019 de personal jerárquico cuando corría una prohibición en función de lo establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Esa normativa fue impulsada a nivel bonaerense por la exgobernadora María Eugenia Vidal y establece compromisos en los últimos seis meses de gestión tendientes a “no incrementar gastos corrientes con carácter permanente”. Los nombramientos de personal, incluidos.

Sin embargo, el 1 de octubre Amud firmó la Resolución N°33 donde incorporó a la agente Laura Martín como empleada administrativa, mientras que en diciembre se incorporó David Leszczynski, al área técnica de la administración. La situación de los nombramientos también alcanzó a la jefa de Recursos Humanos, María Belén Toledo, quien también dio vía libre a las contrataciones sin considerar las normativas legales vigentes.

“En el último tiempo con Amud se ha generado una superestructura de personal, incluso con gente con cargo político sin personal a cargo”, advirtieron en ese entonces fuentes de la administración que se mantienen en reserva. “También ha habido desplazamientos de personal de carrera, derivados a tareas mínimas, para poder organizar a su gente”, señalaron en referencia a Amud. Otra de las irregularidades sería la categoría con la que ingresaron algunos de los nombramientos en los últimos años, donde según las reglamentaciones deben darse con categoría 7, pero fueron beneficiados con una más alta, hasta categoría 12.

Trabajadores del complejo realizaron denuncias por iregularidad antes la propia Administración


Denuncia por violencia laboral y acusación de trabajadores

Pero el caso más controvertido alcanza al secretario técnico y mano derecha de Amud, Óscar Gómez. A una denuncia por violencia y persecución laboral que trabajadores elevaron al Concejo de Administración en su contra en febrero de 2020, se sumó una acusación por “falsedad ideológica”.

En esa presentación, los trabajadores hicieron público un rumor instalado hace tiempo en las oficinas administrativas de Mogotes: “Gómez no habría cumplido debidamente con los requisitos de ingreso, razón por la cual daremos intervención al Sindicato a tales fines y solicitamos si es posibles nos informen al respecto”, revelaron en el escrito al que accedió La Tecla Mar del Plata.

La versión señala que el funcionario habría presentado un título secundario sin validez legal, requisito indispensable para el acceso a la administración pública bonaerense, en un contexto marcado por la falta de respuestas del Consejo de Administración.

El propio Tribunal de Cuentas también remarcó en 2018 inconsistencias en la designación de una empleada, algo consignado en el fallo sobre la Rendición de Cuentas 2016. Se trata del caso de Iara Mesa, agente ingresada durante ese ejercicio cobraba a su vez un sueldo de la Cámara de Diputados, en base al Registro Único de Afiliados Permanente del IPS. A la imposibilidad de sostener dos trabajados en simultáneo en La Plata y Mar del Plata, se suma que la Constitución Provincial, en su art.53 prohíbe que una persona tenga dos empleos públicos.

Finalmente, tras la realización de un sumario patrimonial y con la intervención de la Contaduría General de la Provincial, Mesa debió reintegrar los $104.067,95 que había percibido de manera irregular y renunció al puesto.