La Tecla Mar del Plata
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La bomba que estalló a fines de 2018 sigue generando repercusiones. Ahora, la empleada municipal que denunció al exsecretario de Hacienda, Hernán Mourelle, por acoso sexual, demandó a la Municipalidad de General Pueyrredon por rechazar la apertura a iniciar un sumario administrativo para investigar lo ocurrido.
La presentación recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 y apunta a lograr la anulación del Decreto 684/21 que el gobierno publicó en abril de este año, donde rechazó el planteo de la agente Daiana Siano. Allí, el intendente Guillermo Montenegro consideró que “surge la imposibilidad de dar curso a lo solicitado, dada la condición de exfuncionario público del señor Mourelle”.
Y agregó que “cualquier convocatoria a declarar como sumariado en los términos de la Ley Nº 13.168 estaría viciada de nulidad, por tratarse de un ex agente de la administración. La sustanciación de un sumario administrativo tiene como fin hacer efectiva, a través del poder disciplinario, la responsabilidad administrativa de un agente vinculado por una relación de empleo público”, por lo que “la responsabilidad disciplinaria se extingue por haber cesado en funciones”.
Sin embargo, ahora Siano acudió a la vía judicial para revertir el decreto municipal. En la presentación a la que accedió La Tecla Mar del Plata, su abogado ponderó que “existe una obligación legal para la administración municipal de instruir una información sumarial ante la existencia a de una denuncia foamlziado en el marco de esa normativa, no estando excluidos los funcionarios políticos o que no integren la planta de personal estable, siendo ello una condición particular de la citada ley cuyo alcance no se limita al personal de planta”.
Siano expuso su denuncia ante el Concejo Deliberante en 2018
La Ley 13.168 prohíbe el ejercicio de violencia laboral en el ámbito de la administración pública provincial, donde se la define como “el accionar de los funcionarios y/o empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder”.
Por ello, Siano planteó en su demanda judicial que el Decreto municipal no solo presenta “vicios de irrazonabilidad e ilegitimidad”, sino que “se muestran como un decisión tendiente a evitar se investiguen” los hechos, además de “apartarse de las disposiciones de la Ley de Protección Integral a las Mujers y las políticas públicas ordenandos para le cumplimiento de esa norma a organizaciones públicos”. Entre otros aspectos, también se señala el presunto incumplimiento con los principios rectores del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso.
Antecedentes
El conflicto entre la trabajadora municipal y el ex titular de Hacienda estalló precisamente en septiembre de 2018, cuando Siano elevó una denuncia penal -que todavía es investigada por la Fiscalía N°4, de Andrea Gómez- contra Mourelle por acoso sexual. En la presentación describió diversos episodios que, según explicó, la llevaron a solicitar licencia laboral y a requerir atención médica y psicológica.
Los hechos ocurrieron mientras reclamaba el cobro de la bonificación por disponibilidad, que le correspondía porque su desempeño en el área de Ceremonial y Protocolo requería su presencia fuera de horario laboral; pero quien debía dar el visto bueno para la obtención de ese beneficio era Mourelle.
“Me decía que tenía que dejar a mi novio y que me fuera con él”, mencionó Siano ante la Justicia. En otro tramo de la denuncia, la víctima afirmó que Mourelle llegó a sugerirle que estuviera “con un hombre de verdad, como él”. Frases que, de acuerdo al testimonio de la trabajadora, las mencionó ante otros funcionarios como la subsecretaria de Educación y pareja del ex intendente Arroyo, Susana Rivero.
Ante el reclamo laboral de aquel entonces, el secretario de Hacienda también le decía a la empleada cosas como "estas cuestiones las prometo fuera de acá". Asimismo, como consecuencia del conflicto, Arroyo determinó trasladar a Siano a la Dirección de Políticas de Género, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, con el recambio de autoridades, en julio pasado Siano fue restituida en su antiguo puesto por un decreto de Montenegro.