El bloque Crear Juntos elevó un pedido de informes al Ejecutivo Municipal por la privatización del examen psicofísico para las licencias de conducir, un proceso que ha estado envuelto en polémicas. Tal como informó este medio, el Municipio adjudicó a la empresa Autotransporte SRL para que preste el servicio, que presentó una oferta de $29.952.000: la misma que había realizado en un primer llamado en junio. Además, el número coincide con el presupuesto oficial diseñado por la Secretaría de Gobierno, espacio conducido por Santiago Bonifatti, quien impulsa el cambio en el servicio. La propuesta fue aceptada a pesar de las observaciones de la Dirección General de Contrataciones, la cual certificó que la oferta incumple los artículos “5.3, 5.4, 5.5 y 5.6” del Pliego de Base y Condiciones, que hacen referencia a que la empresa debe presentar matrícula profesional vigente y constancia de capacitación del personal médico afectado (5.3); demostrar capacidad técnica e idoneidad (5.4); y aportar todo instrumento que demuestre capacidad operativa y económico/financiera (5.5), entre otras. La observación puso en foco la falta de capacitación de la empresa para llevar adelante el trabajo. Sin embargo, la Comisión Asesora de Adjudicación, “luego de realizar el análisis de la documentación”, sugirió “declarar válida la propuesta presentada por la firma Autotransporte SRL”. De esta manera, se realizarán bajo esta modalidad 93.600 exámenes psicofísicos, a razón de 600 prestaciones por día, durante un plazo estimativo de seis meses. A partir de esta determinación del gobierno, el flamante bloque integrado por Alejandro Carrancio y Nicolás Lauría-en una muestra del perfil político que podría tener el espacio luego que ambos ediles abandonaran las filas del oficialismo- presentó un proyecto que busca “clarificar” la intención de “privatizar el servicio que prestaba el municipio a través de la Secretaría de Salud, con personal municipal idóneo para esa función y otras cuestiones que se consideran esenciales para entender la decisión tomada por el Departamento Ejecutivo”. En concreto, los legisladores solicitan al Ejecutivo que informe cuál fue el motivo por el cual se tomó la decisión de prescindir del servicio que brindaba la cartera de Salud; el detalle de las erogaciones que el Estado Municipal ha realizado previo a la licitación y que se comparen con las contempladas en la misma; el gasto que generaría la incorporación de personal temporario para realizar las labores por el plazo licitado y “el beneficio comparativo de tercerizar el servicio sobre el contrato de personal municipal”; y la perspectiva a futuro para la realización de la revisión psicofísica una vez vencido el plazo de la licitación.
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