Mar del Plata y otro caso de “la máquina de impedir”

En un contexto atravesado por la crisis económica y sanitaria, que en la ciudad tiene a 33.000 desocupados y más de 226.000 pobres, las posibilidades de reactivación económica se ven como agua en el desierto.

Sin embargo, la mirada corporativa de distintas organizaciones de la sociedad civil ponen obstáculos, casi como una “máquina de impedir”. Ello se vio reflejado en el caso reciente de una reconocida firma multinacional de supermercados, que buscaba instalar 4 nuevas sedes en la ciudad.

La posibilidad se descartó finalmente, luego de que la UCIP (Unión del Comercio, la Industria y la Producción) pusiera el grito en el cielo ante el reclamo de algunos “asociados” por el incumplimiento de la Ley Provincial 12.573, replicada a nivel local mediante la ordenanza 18.788.

En concreto, la normativa bonaerense, sancionada en 2001, reglamenta el funcionamiento, instalación y modificación de las Grandes Superficies Comerciales. Y también de aquellos establecimientos que sean Cadenas de Distribución en los rubros de comercialización, elaboración y venta de productos alimenticios; indumentaria; artefactos electrodomésticos; materiales, herramientas y accesorios para la construcción.

En el primer caso, sólo puede haber hasta 3 locales que abarquen más de 1.800 metros cuadrados, de acuerdo al parámetro establecido para ciudades con más de 300.000 habitantes, como es el caso de Mar del Plata. Y, en cuanto a las Cadenas de Distribución, más allá del terreno que ocupen, tampoco puede haber más de 3. Asimismo, para lograr la instalación, se debe tener el certificado de factibilidad provincial.

Frente a esta situación, desde la UCIP, vinculada en estos comicios al Frente de Todos, esgrimió que la firma interesada estaría excedida en el número de establecimientos permitidos por la ley. Pero al reclamar por esta situación irregular-que generaría una presunta “competencia desleal”-, se habría destapado la olla con otros casos que ya se encuentran por fuera de la normativa.

Según precisaron fuentes municipales, las principales empresas de Mar del Plata, dentro de los rubros mencionados, tendrían más de tres locales con más de 1.800 metros cuadrados de superficie. “Habría que cerrar el 90% de la ciudad, si se toma el criterio de la UCIP”, reflejaron a este medio.

“Cuando se pide la factibilidad a Provincia, nadie se anima a impedir la apertura del comercio, porque es una oportunidad de generar más laburo en la ciudad”, agregaron desde el Palacio Municipal otro conocedor del tema. En todos estos casos que estarían por fuera de la ley, la UCIP hizo oídos sordos, en complicidad con la crisis económica que sacude al Municipio.

En este marco, según supo este medio, varios asociados a la entidad tendrían un gran malestar por la actitud selectiva de su presidente, Blas Taladrid, que no mostró los mismos reparos frente a la presunta situación irregular de otros comercios. En la misma línea, a pesar de la posibilidad de generar trabajo, primó el silencio entre los concejales del FdT y el propio Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Un caso más de la máquina de impedir?