El ordenamiento del tránsito y el refuerzo en la seguridad vial emergen como uno de los objetivos del gobierno de Guillermo Montenegro para este año, en un contexto en el que los siniestros son moneda corriente en Mar del Plata.
Los números son elocuentes. Según un informe de la ONG “Asociación Víctimas de Delitos y Tránsito”, en 2021 aumentó 64,5% la cantidad de muertes en accidentes viales: los siniestros se cobraron la vida de 51 personas, mientras que en 2020 las víctimas fatales habían sido 31.
La presentación advierte que la suba está ligada al aumento de la circulación tras el fin de las restricciones que tuvieron lugar durante la cuarentena, pero asegura que, de todos modos, el número “se incrementó por la imprudencia del factor humano”.
En este marco, el Ejecutivo municipal elevó un nuevo proyecto al Concejo Deliberante para relanzar el sistema de fotomultas. El tema será uno de los principales debates del órgano parlamentario en el primer tramo de 2022, solo por detrás del Presupuesto, y con varios interrogantes que se abren.
El antecedente inmediato de esta política se encuentra en la experiencia fallida del anterior convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El mismo fue oficializado durante el gobierno de Carlos Arroyo, en diciembre de 2017, y se dio de baja en agosto del año pasado, tras registrarse diversos incumplimientos por parte de la prestataria.
Ahora, Montenegro selló otro acuerdo con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), por un plazo de cinco años y prorrogable por la misma cantidad de tiempo. Entre los principales objetivos se dispone la implementación de una “red de recursos tecnológicos a fin de monitorear el uso de la vía pública por parte del transporte público y privado”; diseñar políticas “para mejorar la seguridad vial”; detectar transgresiones a las normas de tránsito y brindar capacitación continua sobre seguridad vial a los agentes municipales, funcionarios de gobierno y público en general.
Con respecto a lo operativo, la UNSAM tendrá a cargo la provisión de equipos y recursos humanos, además del diseño de planes de educación vial para generar “conciencia ciudadana” sobre la materia. Según lo expuesto por fuentes del gobierno, para este año se proyecta la colocación de 200 equipos, que incluirán principalmente cinemómetros -miden la velocidad- y dispositivos semafóricos. La intención es hacer una “política de saturación” en la vía pública, con prioridad en los lugares donde se registra la mayor cantidad de accidentes.
En lo económico, la recaudación asoma como uno de los ejes más conflictivos. En el proyecto de ordenanza se dispone que la Provincia sea acreedora de un monto equivalente al 20% de lo que se perciba por las infracciones labradas. En tanto, el Municipio se quedará con el 24% y la casa de altos estudios, con el 56%.
En la antesala del debate legislativo, estos montos ya generaron ruido en sectores de la oposición e incluso en el propio oficialismo. Algunos ediles advierten sobre una merma en los ingresos de la Comuna respecto al anterior convenio con la UTN, cuando la ciudad se quedaba con el 50%. Otro punto crítico es el manejo del proyecto: al igual que en la administración arroyista, el Ejecutivo optó por avanzar con un convenio antes que por medio de una licitación, la que le otorgaría mayor transparencia al proceso.
Es que en los pasillos del palacio comunal ya se habla de la presencia de un privado para la ejecución del acuerdo, tal como hizo la asociación civil Cecaitra con la UTN en el anterior sistema de fotomultas. “Nosotros contratamos a la UNSAM. Ellos, por su parte, no sabemos qué harán”, reflejó un funcionario de primera línea a La Tecla. Del lado de la universidad prefirieron el silencio ante la consulta de este medio.
Diferencias con el otro acuerdo
Montenegro decidió dar de baja el viejo convenio de las fotomultas suscripto durante la administración arroyista. Ahora, bien: ¿Cuáles son las principales diferencias con el nuevo convenio?
En lo económico, la recaudación es una de ellas. En el proyecto actual la Comuna se queda con el 24% de lo percibido por las fotomultas registradas; la Provincia, con el 20%; y la UNSAM, con el 56%. Por su parte, en el anterior el Municipio se quedaba con el 50%; Gobernación mantenía el mismo porcentaje, y la prestataria, UTN en coordinación con Cecaitra -una asociación civil que nuclea a empresas proveedoras de equipos tecnológicos-, con el 30%. Desde el gobierno esgrimen que ahora habrá un mayor monto a distribuir por las infracciones, ya que se distribuirán más dispositivos de detección en la ciudad.
Otro punto crucial, que podría empantanar el debate legislativo para el oficialismo, es la ausencia de la comisión de Seguimiento en el proyecto de ordenanza. Esta área, integrada por ediles y funcionarios del Ejecutivo, funcionaba como un organismo de contralor que monitoreaba la ejecución del convenio y autorizaba las infracciones detectadas por el anterior sistema de fotomultas. Hasta el momento, la propuesta del gobierno actual es crear una “Unidad de Coordinación” entre ambas partes.
En tanto, en el convenio rubricado por Carlos Arroyo se planteó un plazo de duración de cuatro años, con opción a dos más, mientras que el acuerdo con la UNSAM es por cinco años, con opción a un lustro más. Por último, el nuevo acuerdo promete mayor rigurosidad: a diferencia de su predecesor, no otorga 60 días de gracia a los infractores desde la implementación de las fotomultas.
Las irregularidades de la UTN
La falta de cumplimiento en los puntos del anterior acuerdo fue lo que desencadenó la ruptura definitiva entre el Municipio y la UTN-Cecaitra en agosto del año pasado, aunque el final se veía venir desde antes. Avalado por un dictamen de Legal y Técnica, Montenegro le puso fin al acuerdo basándose en el incumplimiento de los objetivos, como el armado de un “Programa Municipal de Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sostenible” que planteaba el convenio.
También hizo hincapié en la falta de contratación de profesionales y de campañas de concientización en materia vial por parte de las prestadoras. “A pesar del tiempo transcurrido desde el comienzo de la ejecución del mismo, no se observa elaboración alguna en relación a acciones concretas que involucren los mencionados objetivos”, esgrimió Montenegro en el decreto que puso fin al viejo sistema de detección de infracciones de tránsito.
El intendente también enumeró graves falencias en la provisión de equipamiento para la implementación de las fotomultas: según lo registrado por el Ejecutivo, la UTN-Cecaitra adeudó 17 equipos de control de violación de luz roja y senda peatonal en semáforos, 14 cinemómetros fijos, 6 móviles, 4 camionetas para montaje de los cinemómetros móviles, 40 equipos simuladores de control de semáforos o exceso de velocidad y 8 pantallas LCD para el Observatorio Vial.
En lo político, las señales de fin de ciclo eran claras. Tras el recambio de autoridades de gobierno en diciembre de 2019, ni el Concejo ni el Ejecutivo terminaron de definir a los integrantes de la Comisión de Seguimiento, encargada de monitorear el cumplimiento de la ordenanza y de darles validez a las infracciones de tránsito.
Una aplicación para denunciar infracciones
A través de otro proyecto de ordenanza el Ejecutivo busca implementar un “Programa de denuncias viales” por medio de una aplicación para celulares. La intención es que los ciudadanos puedan informar sobre infracciones de tránsito con el acompañamiento de un registro fotográfico que llegará a una base de datos del Municipio. Las principales infracciones que se podrán denunciar serán vehículos mal estacionados y la generación de basurales o microbasurales.
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