Los múltiples interrogantes en torno a la letra chica del Convenio por Fotomultas

A fines de 2022 Mar del Plata tendría más cámaras para la constatación de infracciones de tránsito que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 230 dispositivos superarían a los 198 que actualmente tiene la capital argentina, 40 de los cuales ya se empezaron a montar en diversos puntos estratégicos de la ciudad, pese a que el Convenio Marco de Cooperación Institucional firmado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) aún no fue aprobado por el Concejo Deliberante.

El número de 230 dispositivos -200 semafóricos y 30 cinemómetros-, sin embargo, no figura en ninguna de las 20 fojas del convenio marco y los anexos elevados al Concejo Deliberante para su convalidación. La cantidad solo fue informada verbalmente por el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, en el marco de la exposición por el Presupuesto 2022 ante la Comisión de Hacienda del HCD y ya se transformó en uno de los flancos por donde pega la oposición.

“No podemos avalar un convenio donde ni siquiera se establece la cantidad de dispositivos”, argumentan en los campamentos de Crear Juntos y el Frente de Todos. Sin tanta contundencia también se expresó Acción Marplatense, para quienes “así como está no podemos acompañarlo”. En dichas bancadas sostienen la imposibilidad de generar un control de la ejecución del entendimiento con la UNSAM si no hay un parámetro establecido sobee la cantidad de dispositivos. Asimismo, se habla de un “cheque en blanco” donde incluso se podría avanzar más allá de las 230 unidades.

Las estrategias de educación vial están invisibilizadas en el convenio con la UNSAM.


De la mano comienza a ganar terreno otro interrogante de cara a la implementación y es el rol de contralor que tendrá el Concejo Deliberante. En el anterior convenio firmado por la Municipalidad con la UTN-La Plata, que rigió de 2017 hasta 2021, se había contemplado la conformación de la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución del Convenio de Fotomultas, integrada por dos funcionarios del Ejecutivo y tres concejales. Dicha instancia auditaba el proceso, donde incluso evaluaba por muestreo las infracciones registradas para determinar su validez. En el nuevo convenio con la UNSAM la comisión desaparece, al igual que el rol de control en manos del ámbito legislativo.

El destino de los fondos que genere el sistema es otro de los puntos en duda. El nuevo acurdo, por el cual a la Municipalidad le queda el 25% de los recaudado no establece pautas sobre su posterior asignación en el presupuesto comunal, principalmente en lo vinculado con la seguridad y educación vial, las dos cartas con las que suelen ser presentadas este tipo de iniciativas con un real fin recaudatorio.

Parcialmente, otro era el escenario hasta el año pasado, donde en el convenio la Municipalidad se obligada a destinar el 10% de lo recaudado para campañas de educación vial e inversión en infraestructura vial. Este es otro de los puntos que comienza a ser atacado por la oposición, donde el oficialismo deberá dar respuestas.

El debate se vincula con otro donde hay certezas: la participación en las ganancias que se genera por las infracciones, lo que sin embargo abre el interrogante sobre los efectos sociales y políticos del sistema de saturación que se busca implementar.

El 20% de los recursos serán girados a Provincia y el 24%, como se dijo, a la Comuna, mientras que el restante 56% irá a manos de la Universidad, y de allí al privado que monte el sistema técnico, presuntamente Secutrans SA. Los primeros cálculos proyectan una recaudación inédita para los números que se manejan en la ciudad, pudiendo transformar a las multas por infracciones de tránsito en el principal recurso de General Pueyrredon.

En la última sesión del Concejo Deliberante, se expusieron números que asombran. La Ley 13.927 establece las unidades fijas por las cuales se establecen las multas, determinada dicha unidad fija en función del precio de la nafta de mayor octanaje informado por el ACA con sede en La Plata. En el actual bimestre, sin contar el reciente aumento del 9%, fue de $91.

La principal infracción es el exceso de velocidad, cuyo monto  va de 150 a 1000 unidades fijas, es decir, de $13.650 (el monto que se suele aplicar para la violación de los límites en la Autovía 2, por ejemplo) a $91 mil. Las multas más bajas son por obstrucción a la circulación, de 50 a 100 unidades fijas ($4.550 a $9.100), mientras que por cruces con semáforo en rojo o giro a la izquierda en vías de doble mano van de 300 a 1000 unidades fijas, es decir, de $27.300 a $91 mil.

De acuerdo al último informe sobre fotomultas en la ciudad con que cuenta el Concejo Deliberante, de 2017, cada cámara constata 60 infracciones por día, de las cuales terminan siendo válidas el 80%, unas 48. Contemplando una multa promedio de $19.500, un sistema con 200 cámaras podría generar multas por hasta $44 mil millones anuales, casi $10 mil millones más que el actual presupuesto municipal. “Son cálculos cotejados con actores de la Justicia de Faltas”, defendió Carrancio la proyección.

De tener sustento, el sistema cambiaría radicalmente las ecuaciones económicas de la Municipalidad, como así también significarían una importante carga económica sobre los infractores, tanto vecinos como turistas. Cómo impactaría en el humor social de los locales y en la imagen de la ciudad en tiempos de recuperación de la actividad turística el sistema de “saturación” que se avecinaría, con más dispositivos que los vigentes en la principal ciudad del país, es una pregunta que comienza a crecer en la política local.