La disputa por la coparticipación recrudece y en las últimas horas se conoció una solicitada de 17 gobernadores peronistas en el que apuntaron contra la Corte Suprema de la Nación. De esta manera, meten presión a horas de desarrollarse una nueva instancia en la justicia entre el Gobierno nacional y el porteño.
Luego de una reunión en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios proviciales, entre los que encuentra Axel Kicillof, solicitaron al máximo tribunal ser aceptados como "amicus curiae". A su vez, trascendió, que el presidente Alberto Fernández participó del encuentro desde Europa.
De este manera, quienes firmaron la nota son: Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Jorge Capitanich, gobernador de Chaco; Mariano Arcioni, gobernador de Chubut; Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos; Gildo Insfrán, gobernador de Formosa; Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Sergio Uñac, gobernador de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero; Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
En el documento, señalaron que "manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden".
Luego, sostuvieron que "las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes".
"No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios", añadieron.
Además, resaltaron que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia" y que "las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes".
Más adelante, recordaron que "después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%.".
"Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA", sentenciaron.
También sostuvieron que "las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan".
"Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", sentenciaron.
El documento se publicó antes de la última reunión formal que se realizará en tribunales para buscar una salida entre Nación y CABA. Si no hay acuerdo, el máximo tribunal quedará en condiciones de emitir una sentencia. | |
