La decisión del intendente Guillermo Montenegro de disponer la implementación de las fotomultas en la ciudad desató un tembladeral en las entrañas del Frente de Todos. En la principal bancada opositora veían como un triunfo que el convenio rubricado entre la comuna y la Universidad San Martín,el cual reglamenta el nuevo sistema de detección de infracciones de tránsito, quedase trabado a lo largo de los últimos tres meses en la comisión de Legislación. Sin embargo, el Ejecutivo Municipal encontró una salida legal que-vaya paradoja-incluso fue acompañada por las propias filas del FdT, a excepción de la massista Marcela Faroni. El 28 de diciembre pasado, en sesión extraordinaria, la Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2022 de Gobernación y también modificaciones a la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). El artículo 41 de la normativa provincial es la clave. Con el último cambio, en el mismo se plantea que “corresponde al Concejo autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a las Leyes provinciales o nacionales”. Mientras que este requisito quedará eximido “en los casos de los convenios suscriptos con los organismos de la administración central, desconcentrados, descentralizados, sociedades y empresas del Estado, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional”. Dentro de este universo se ubicaría el acuerdo con la UNSAM, según la visión del gobierno. La noticia caló hondo en el FdT, donde hay un fuerte enojo con los concejales de mayor trayectoria y exposición, con Marina Santoro, la presidenta del bloque, a la cabeza. En los pasillos del Palacio Municipal se habla de cómo Montenegro “volteó” la estrategia opositora de bloquear el expediente, y de que varios se quedaron en los laureles de un triunfo que finalmente no ocurrió. “No están haciendo política”, sentenció una voz que conoce el paño. |