Juntos por el Cambio presentó el proyecto de “ficha limpia”

El interbloque de Juntos por el Cambio (Pro, UCR y Coalición Cívica) presentó el proyecto de “ficha limpia”, por medio del cual se prohíbe que aquellas personas con condena judicial firme por delitos puedan asumir cargos públicos.

La iniciativa apunta a Presidentes y Vicepresidentes de Entes Municipales; Secretarios y Subsecretarios; Directores Generales y Subdirectores; Delegados y también a los Jueces de Faltas, Defensores del Pueblo, Secretario del H.C.D, entre otros. 

El proyecto, a su vez, determina que no podrán asumir ninguno de los cargos ni nombramientos determinados los ciudadanos con sentencia judicial firme o al menos sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso extendiéndose hasta su eventual revocación posterior, o bien, hasta el cumplimiento de la pena correspondiente. 

“El proyecto busca la transparencia en la gestión pública política. El compromiso es afianzar la lucha contra la corrupción. Los representantes elegidos por los ciudadanos tenemos que ser ejemplo con el testimonio, además de desempeñar los cargos públicos con responsabilidad e idoneidad“, aseguró al respecto Marina Sánchez Herrero, la presidenta del Concejo Deliberante.

Por su parte, Angélica González (Coalición Cívica) señaló que "es una ordenanza elaborada y acompañada por todo el interbloque de Juntos, un trabajo en equipo, buscando  enaltecer la función pública con normas que eleven la vara de la ética, la decencia y la responsabilidad para asumir cargos públicos en nuestra ciudad". 

En el mismo sentido se expresó el presidente del bloque "Vamos Juntos" Agustín Neme: "Lo primero que necesita la gente es confiar en sus representantes. Contar con la aprobación e implementación de esta herramienta sin dudas significará un avance enorme para nuestra ciudad y los vecinos".

Respecto a las conductas y delitos el proyecto detalla los relacionados con hechos de corrupción; delitos contra la seguridad de la Nación; delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y encubrimiento; fraude en perjuicio de la Administración Pública; delitos contra el orden económico y financiero; de homicidio, violencia de género o contra la integridad sexual en cualquiera de las modalidades previstas en el Código Penal y Deudores alimentarios.