Sin vueltas, y por medio de la red social del pajarito, el intendente de General Puyrredon, Guillermo Montenegro, se manifestó claramente en contra de las prácticas abusivas ejercidas por los cuidacoches y limpiavidrios. Las palabras vertidas llegaron minutos después de la comunicación oficial del gobierno municipal.
"No vamos a permitir que los marplatenses se sientan intimidados en su ciudad, por eso seguimos proponiendo acciones concretas y trabajando en conjunto con la Policía para que las calles de Mar del Plata sean un lugar tranquilo y seguro para todos", sentenció Montenegro, quien le reiteró a la comunidad, la línea para denunciar las práctcas ilegales de los "trapitos". "Extorsiones por parte de cuidacoches o limpiavidrios, personas alcoholizadas en la calle, y otras actividades de este tipo pueden notificarlas al 223-3406177 para que podamos intervenir", precisó.
A la espera de una ordenanza para regular la actividad de los cuidacoches, el municipio informó que se trabaja
“en distintas acciones para combatir irregularidades vinculadas a cuidacoches y limpiavidrios”, para lo cual se puso en funcionamiento una línea (223-340-6117) “donde se podrán canalizar las denuncias por escrito requiriéndose el aporte de todo material fílmico o fotográfico de soporte disponible”.
Según el gobierno, el objetivo "es dar respuesta a numerosos reclamos de la ciudadanía- situación que afecta principalmente a los barrios del centro y macrocentro, La Perla, Vieja Terminal y Playa Grande-, respecto al consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, usos indebidos del espacio público (lavado de vehículos, colocación de tachos sobre la cinta asfáltica, etc.), faltas de respeto hacia los conductores, fijación de tarifas fijas, amenazas y coacciones, entre otras acciones".
En este marco, se dispuso que el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Patrulla Municipal trabajarán de manera articulada con el Grupo de Orden Público, creado por la Superintendencia Región Atlántica II y la EPDS General Pueyrredon de la Policía de la Provincia. La finalidad es “controlar el cumplimiento de las normas contravencionales y penales en la materia, y contará con personal, vehículos y sede propia en la escollera norte de la ciudad”.
