A 5 meses del dictamen favorable en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo se encuentra en etapas de trámite y se prepara para el llamado a licitación. Los detalles del proyecto.
Agrega La Tecla Mar del Plata a tus medios preferidos en Google.
La agenda de seguridad fuede las principales puntas de lanzas del gobierno de Guillermo Montenegro durante su gestión y el 2022, en particular, trajo aparejado varios hitos a través del como la instauración de la Zona Roja, las fotomultas, los pedidos de cambios en el Código Penal en torno a las usurpaciones ilegal y el reconocimiento facial.
Luego de un extenso ida y vuelta, el proyecto para implementar un software de recolección de datos biométricos fue aprobado a fines de agosto del año pasado. Con algunos pedidos de modificación por parte de la oposición mediante el Concejo, el Ejecutivo y la cartera de seguridad trabajaron durante este lapso en el arribo del sistema a la ciudad, que según había recabado La Tecla, podría entrar en funcionamiento durante la primera parte del año.
En la actualidad trabajan sobre elementos técnicos de los pliegos y otros pasos administrativos que una vez finalizados permitirán el llamado a licitación para la operación del sistema. Según pudo reconstruir este medio, debe cerrarse aún el convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, algo clave para acceder la base de datos de prófugos de todo el país y sobre la que el software operaría.
Los detalles de la ordenanza
El despacho impulsado por el oficialismo crea el "Programa Reconocimiento Facial como complemento del Sistema Video Vigilancia Urbana" y establece como objetivos:
Fortalecer los sistemas de seguridad comunitaria.
Promover la utilización pacífica de las vías y espacios públicos.
Garantizar más y mejores escenarios para la convivencia ciudadana.
Generar mecanismos de prevención y disuasión de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes
Contribuir a la instrucción, coordinación y colaboración en la investigación de contravenciones y delitos.
Aprovechar la capacidad de detección de movimiento para identificar personas prófugas de la justicia, con búsqueda de paradero, así como también la detección de distintos objetos y/o comportamientos dinámicos.
Además, instituye a la Secretaría de Seguridad (o el órgano que en un futuro la reemplace) como la autoridad de aplicación. Respecto a la licitación, establece que esta será de carácter público.
Un punto central, no mencionado en el otro despacho es que propone que "toda información no relevante para las funciones del sistema descripto en la presente deberá ser inmediatamente descartada, incluyendo la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas".