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Redacción
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La contienda por la Defensoría del Pueblo ya empezó en la ciudad
La disputa de poder también se hará sentir en el órgano colegiado encargado de velar por la protección de los derechos de los ciudadanos de Gral Pueyrredon, ya que a finales de este año se llevará a cabo la renovación de sus representantes.
A finales de año se renovarán a los Defensores del Pueblo, y la competencia por las tres vacantes ya ha comenzado a hacerse sentir en la política local.
Los dos frentes electorales más poderosos buscarán ocupar un lugar a través de sus representantes, ya que controlar este organismo es importante no solo por su función de árbitro del gobierno, sino también por los recursos que administra.
La Defensoría funciona dentro del “esqueleto”del Concejo, cumpliendo un papel adicional al de los ediles. Para este año cuenta con un presupuesto de $73.626.525, lo que representa un aumento del 121% respecto al 2022.
En la actualidad, los defensores son Fernando Rizzi, abogado, docente y concejal por la Unión Cívica Radical entre 2007 y 2011, quien fue elegido con el respaldo de los colegios profesionales de la ciudad pero no podrá renovar su mandato debido a que ya ha cumplido dos períodos consecutivos.
Por otro lado, está Daniel Barragan, ex Secretario de la Central de Trabajadores de Argentina, quien fue electo por las Organizaciones No Gubernamentales del Partido General Pueyrredon. Barragan tiene simpatías hacia el kirchnerismo y tiene la posibilidad de ser reelegido.
Y finalmente, Luis Salomon, defensor elegido por las Asociaciones Vecinales de Fomento. Durante su gestión, Salomon se vio involucrado en un incidente policial en 2020 cuando intentó detener la clausura de un local de un familiar, lo que le valió una suspensión. A principios de 2021, retomó su actividad nuevamente.
El mandato de los defensores es de 5 años, periodo que vence en octubre, según lo establece la ordenanza N° 13663 que rige su funcionamiento. La Defensoría tiene como objeto supervisar la correcta actuación de funcionarios y agentes del Ejecutivo, organismos descentralizados, juzgados de faltas, en lo que hace a su actuación, y de todo ente creado o a crearse que funcione en la esfera de la administración municipal.
El organismo, de acuerdo a su estatuto, tiene la responsabilidad de defender la protección de los derechos de todas las personas físicas o jurídicas de la ciudad, así como los derechos de pertenencia difusa o colectiva de la comunidad. Sin embargo, según han expresado vecinos que han presentado reclamos, no cumple con estos objetivos.