HACIA LAS URNAS
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Consejo Escolar: los negocios ocultos en la educación pública
La guerra por el manejo del Servicio Alimentario Escolar paralizó al Consejo Escolar durante 2018. Intervención, pases de factura e internas políticas y empresariales en un negocio de $140 millones.
La guerra por los recursos marcó el pulso político del Consejo Escolar de General Pueyrredón en un año atravesado por cambio de autoridades, intervención provincial, toma estudiantil por la crisis de infraestructura y marchas y contramarchas con los proveedores del Servicio de Alimentación Escolar (SAE). Una caja de $140 millones que enfrentó a privados y profundizó la grieta interna de Cambiemos, tanto a nivel local como con la Provincia.
La crisis se desató cuando, a mediados de abril, la Dirección de Cultura y Educación resolvió la intervención del Consejo Escolar, a partir de “graves irregularidades” tanto en la administración de los fondos recibidos como en la rendición de cuentas de los mismos, con el foco puesto en el SAE. El director provincial de Gestión Educativa, Roberto Angrisani, fue designado interventor por 180 días, mientras que la presidente, Sofía Badie, de la oficialista Agrupación Atlántica, y los otros nueve consejeros quedaron sin funciones.
El Tribunal de Cuentas había detectado una “falta de formalidad contractual” en la ejecución presupuestaria del SAE, con la imposibilidad de regular y sancionar a proveedores. “Al no existir vinculación contractual no se puede exigir calidad, precios ni continuidad en la presentación del suministro”, se detalló, al tiempo que llamó la atención la falta de presupuestos oficiales, “observándose disparidad de valores sobre un mismo producto, incluso de un mismo oferente para distintos establecimientos”.
La acusación no tomó a nadie por sorpresa en el Consejo: en febrero había renunciado el tesorero Gustavo Sasia (Agrupación Atlántica), quien realizó una auditoría (nunca hecha pública) donde habría encontrado serias anomalías, como faltante de expedientes y cheques en blanco. Para no exponer a Cambiemos a una crisis se acordó su salida y el hasta entonces presidente, Ricardo Senatore (UCR), tomó su lugar.
Dos meses después, la intervención avanzó con la licitación, que puso a competir a los proveedores históricos del Consejo con empresas foráneas. Por lo bajo y en los pasillos del órgano, las versiones corrían como reguero de pólvora. “Los convenios con los proveedores estaban muy flojitos de papeles, eso lo sabía todo el mundo acá adentro; pero también se sabía que la intervención venía con sus empresas amigas de Buenos Aires para hacerlas entrar en el negocio”, precisó a La Tecla Mar del Plata una fuente que conoce los movimientos internos del Consejo como pocos.
Ya con Marcelo López como interventor, tras la renuncia de Angrisano, en julio estalló el escándalo, cuando la Provincia le adjudicó a Gastronómica Agropecuaria Angkor S.R.L. y Blue Catering S.A., del Grupo L, la provisión del servicio alimentario. De las ocho regiones en que se dividió el distrito, las zonas 3, 5, 6 y 8 fueron para la primera firma, y las 4 y 7 para la segunda; mientras que la 1 y la 2 resultaron vacantes y fueron asignadas directamente a Angkor.
Afuera quedaron los proveedores históricos, que acusaron al Gobierno de diseñar una licitación a medida de las dos empresas. Según las denuncias públicas, para dejarlas fuera de juego, la Provincia alegó que no estaban inscriptas en el registro de proveedores; algo que fue desmentido por ellos, que aseguraron pertenecer a la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado bonaerense. También adujo la administración provincial que las firmas no estaban inscriptas en el rubro 90, un filtro para dejar en pie a las dos empresas bendecidas, que sí lo estaban. Ese requisito no constaba en el pliego. Según el director provincial de Consejos Escolares, Marcelo di Mario, seis de las empresas hicieron igual presentación legal con el mismo abogado, con idéntico menú y con la firma del mismo nutricionista, lo que evidenciaba una cartelización del servicio anteriormente prestado.
Pero la inauguración del nuevo sistema, a principios de agosto, no fue la que se esperaba desde La Plata. Al tercer día, una masiva movilización de estudiantes, docentes, directivos y padres puso al desnudo la precariedad del SAE brindado por ambas empresas. Angkor, primero fue multada y se le retiró la concesión de las zonas 1 y 2, y dos semanas más tarde se le dio de baja la totalidad del contrato por falencias en la logística, en la calidad y en la cantidad de alimentos que estaba entregando. En ese marco, el interventor López debió dar un paso al costado y Di Mario asumió la intervención.
“Hubo un poco de todo. Por un lado, errores graves cometidos por los nuevos proveedores, y por el otro, una acción de quienes quedaron fuera de la licitación, embarrando la cancha tras la pérdida del negocio”, explicó a este medio un funcionario del Consejo.
La intervención reculó en chancletas y asignó las seis zonas vacantes a los antiguos proveedores que habían quedado fuera de juego. Así, entonces, Irma Bartemucci, su hijo Marcelo Luzzi, Micaela Scandalli Luchetti y apellidos como Rugna, Ongarini y Sánchez volvieron, sin rencores, a manejar el millonario negocio de la educación pública.
Finalmente, el viernes 28 de septiembre fue levantada la intervención, 18 días antes de los 180 estipulados originalmente. Para esa altura, luego de una lucha sin cuartel, cada actor tenía su posición ganada en este juego donde se dirimió cómo se reparten los $140 millones del negocio del SAE.
Grupo L: $1.726 millones en un año
El grupo encabezado por Víctor Lusardi amasó una fortuna en el último año a base de contratos con la Provincia. El principal ingreso es la provisión de alimentos para cárceles, por $1.030.621.592; más una reciente ampliación por 32 millones. A esto se suman $289 millones por alojamiento, alquiler de salones y catering para capacitaciones docentes; $235 millones en alimentos para hogares y $140 millones para cuatro hospitales.
Injerencia sobre fondos de Nación
El Sistema Nacional de Transferencia a Escuelas contempla la acreditación de fondos de diferentes líneas de acción directamente a las escuelas, sin intermediarios. Sin embargo, autoridades del Consejo han ejercido presiones dirigidas hacia las directoras para ingresar a sus proveedores y cooperativas en las obras que se realizan.
Investigan a empresarios del transporte escolar
Aún se encuentra en su etapa de investigación una denuncia penal realizada en mayo por la Dirección de Cultura y Educación contra prestadores del servicio de transporte escolar. Se auditaron 31 recorridos que, por contrato, se debían realizar con 43 vehículos para transportar 1.304 alumnos, y se constató que solamente se efectuaban 15 recorridos con 17 vehículos, trasladando a 689 alumnos.
“La intervención venía por la caja del SAE y les salió a medias”
La consejera escolar por Unidad Ciudadana, Claudia Freije, se mostró crítica con el resultado de la intervención, y también aseguró que “con el proceso licitatorio de SAE querían dejar afuera a las empresas locales e incorporar empresas de afuera, como Blue Catering”.
En diálogo con La Tecla Mar del Plata precisó: “Venían por la caja del SAE, pero les salió mal, porque tuvieron que dar de baja a una de las firmas -Angkor- por el pésimo servicio”. Agregó que “con la intervención, el SAE desmejoró, y tenemos un grave problema con la poca cantidad de cupos”. Desde su perspectiva, el esquema de favores también se implementó en las obras de infraestructura: “Una de las firmas que ingresó es MYM -Group SRL-“, una empresa que acaparó las obras de instalación de gas.
Durante la intervención, y tras la explosión que produjo dos muertes en Moreno, se avanzó con un relevamiento para poner en condiciones las instalaciones de las escuelas marplatenses. “Hay un agujero negro, porque se hicieron contrataciones directas desde La Plata, algunas obras se terminaron y otras quedaron a medio hacer. Pero desde el Consejo no tenemos acceso a la documentación, tenemos que remontar esto de cero, ver dónde está el expediente, ver qué empresa está haciendo el trabajo. Con las obras de gas pasa lo mismo y no podemos supervisar el trabajo de MyM”, sostuvo Freije.
El reparto de poder en el Consejo
La arroyista Sofía Badie fue elegida presidente en abril de 2017, en reemplazo de la renunciante Amalia Rey. En diciembre dejó el cargo en manos de Ricardo Senatore, pero finalmente, en marzo de 2018, retornó a la presidencia, cuando el referente radical pasó a la tesorería.
Sin embargo, en los pasillos de Colón al 6040 todos reconocen que quien maneja los hilos, en realidad, es la secretaria y consejera Adriana Castelanelli. Pertenece a la Coalición Cívica y responde al diputado provincial Guillermo Castello, con quien se conoce desde su época de estudiantes de Derecho. El bloque Cambiemos se completa con Gustavo Sasia (Agrupación Atlántica) y los radicales Claudia Piccolo, Bruno Sapere y Gabriela Viadas.
Por la oposición, Unidad Ciudadana suma tres consejeros: Eva Fernández, Alejandro Moviglia y Claudia Freije. La vicepresidencia, en tanto, está en manos de Esteban Román, que ingresó por Acción Marplatense en 2015 pero rompió, junto al concejal Santiago Bonifatti, para armar Sumar.
El SAE y la causa de la maestra torturada en Moreno
El fiscal Emiliano Busaglia, que investiga el secuestro y torturas de Carolina de Bonis, la docente de Moreno, incorporó a la causa un listado con los proveedores del SAE: Blue Catering, O.A.G. y Komaku Catering. El mensaje “ollas no”, inscripto con un punzón en el cuerpo de la maestra, agrandó la hipótesis que apunta a los comedores escolares, en el marco de una sospecha de la existencia de un sistema de retornos en los contratos con los proveedores.
Por falta de obras, 20 escuela sin gas
Los casi 160 millones del Fondo Educativo no serán totalmente ejecutados en el año, a causa de la falta de capacidad operativa para llevar adelante las obras. Asimismo, la intervención y las internas afectaron al desarrollo de las intervenciones en la infraestructura escolar.
Ante esto, la oposición solicitó que se habilite la realización de las refacciones durante el verano, algo que la Dirección de Cultura y Educación, al momento, no autorizó.
Actualmente son 20 los establecimientos educativos que no tienen gas en el partido de General Pueyrredón.
Una escuela especial funciona en un PH
La Escuela Especial 515 para sordos e hipoacúsicos funciona desde 2004 en un PH ubicado en Avellaneda 1859, donde a diario asisten 106 alumnos de los distritos de General Pueyrredón y Miramar. Además de tener aulas muy pequeñas, no cumple con las medidas de seguridad vigentes.
Sofía Badie reconoció la falencia, aunque argumentó que “es muy complejo conseguir un alquiler” acorde a las necesidades de una escuela de esas características.