El entramado de las obras

Ya durante la campaña Javier Milei había adelantado el cese de la obra pública, anuncio que generaba dudas en los tiempos dónde aún existía la percepción del “no lo va a hacer”. No obstante, en los primeros compases del gobierno, el economista libertario ratificó la medida y generó alarma en provincias y municipios necesitados del flujo de dinero de Nación para concretar rutas, edificios y reparaciones. La Secretaría de Obras, bajo el mando del radical Jorge “Guasa” González recibirá en el 2024 un presupuesto de $9.020 millones de pesos, el 4,5% del total, ubicando a la cartera entre las que menos “billetera” percibirá en el comienzo del segundo mandato de Montenegro. La multiplicación de iniciativas privadas con al venia de la política completan el entramado de las obras, un área sensible acechada por la incertidumbre del contexto.

Más allá del turismo y la pesca, industrias insignes y vinculadas al imaginario de la comuna, la construcción representa uno de los polos de inversiones de relevancia sostenida. En los datos del Producto Bruto Geográfico (1993, 2004 y 2012), el rubro representó entre el 5,8% y el 10% de la economía marplatense, siendo la rama más relevante del sector secundario. Es por eso que el freno de la obra pública de Nación implica un golpe sensible en la matriz productiva que podría verse reflejada en los números laborales del primer trimestre del 2024 luego de un final de 2023 para el olvido: 9,6% desocupación con más de 100.000 afectadas si se suman también subocupados.



Según el "Mapa de Inversiones de Argentina" al que pudo acceder La Tecla, en General Pueyrredon hay al menos 15 obras en ejecución cuyo destino ahora es incierto. Dos fueron iniciadas en el 2021, cinco en el 2022 y otras cinco en el 2023. Las tres restantes no cuentan con fecha de inicio por lo que se presumen en foja cero. La sumatoria de los fondos comprometidos ascienden a $8.821.733.413. En la mayoría de los casos, el avance financiero supera el 50%.

El Ejecutivo, a sabiendas de la depreciación de las partidas ya girada que generaría la alta inflación, solicitó una excepción a la Ordenanza 17.427, sancionada durante el arroyismo, que prohibía realizar obras en sitios turísticos y de circulación masiva en el verano. En este sentido, buscó avanzar con la refacción del Muelle de los Pescadores, el Paseo Costanero Norte y las bajadas a playa, la prioridad peatón en el Microcentro y el Paredón Perla 5, entre otras que completan un total de siete obras. 

Lejos de la asfixia que sufre el sector público, los privados se convirtieron en los afluentes centrales del sector que cuenta con aceitadas relaciones con la política. Con el estímulo que supuso el régimen de incentivos la construcción, sancionado en mayo del 2021, los empresarios se envalentonaron e hicieron de la excepción la más sólida de las normas. El contrapeso lógico de aquella ordenanza, las compensaciones, tuvieron un destino diametralmente opuesto: en más de dos años el Ejecutivo y el oficialismo nunca lograron rubricar un proyecto convincente. Mediante una prórroga abrieron el paraguas hasta agosto 2024. Mientras tanto, torres, countrys y complejos de viviendas se extienden a lo largo y ancho de la comuna aunque con dos objetivos centrales: la línea costera y la extensión en sentido sur que va desde Mogotes hasta Chapadmalal. El 2024 exigirá a la política hacer equilibrio entre lo público y lo privado.



La firma indeleble del secretrario: el rol de Jorge “Guasa” González

En los últimos pisos del sector La Rioja del Palacio Municipal se gestan la mayoría de los menesteres vinculados a las obras. A veces en forma de iniciativa y en otras como benefector, la firma de Jorge “GUasa” González es la llave maestra para cualquier proyecto público o privado. El radical, vinculado al ex-intendente Katz, rubricó ordenanzas como la de “La Reserva” dónde dejó su marca indeleble: “Si bien resulta aconsejable abordar la temática mediante un plan integral de conjunto arquitectónico integrado (...) a los efectos de darle pronta solución al caso traído a consideración, se estima atendible establecer nuevos indicadores". González fue objeto de críticas opositoras por la falta de visión estratégicas en todos los desarrollos del sur y también por algunos faltazos a exposición en comisiones por estar con mucho trabajo. “Preguntale al Guasa que es el que manda esas cosas”, deslizó un asesor ante la consulta por excepciones. Desde el punto de vista del Secretario, el Ejecutivo debería dar aún más velocidad a los proyectos de desarrolladores privados

La “x” en el mapa empresario del desarrollo inmobiliario

"La Reserva" fue el tester y punta de lanza: en tiempo récord el Legislativo rubricó la reinstalación de indicadores urbanísticos perdidos por los empresarios Materia y Silva. El Concejo sentó jurisprudencia permitiendo el avance de construcciones de hasta 12 metros en una zona sindicada como Reserva Forestal. Al igual que con otros emprendimientos, Estudios de Impacto Ambiental y audiencias públicas brillaron por su ausencia. Envalentonados, otros se sumaron a las solicitudes amparados en la Ordenanza 25.848 que habilitó a La Reserva. El modus operandi fue similar aunque con resultados distintos. La primera corrió por cuenta de Adrián Pereira Da Luz, titular de Baalbek S.A., que pidió indicadores para el kilómetro 530 de la Ruta 11. Luego sería el turno de la Integración Turística Hotelera S.A (ITHsa) que solicitó lo mismo para el inmueble ubicado en el mismo tramo del Paseo Costanero Sud.



De la mano al codo: el pedido privado​​​​​​​

El Foro de la Construcción que nuclea a empresarios y sindicatos del rubro salió con un fuerte comunicado dirigido a la política. Al gobierno municipal le pidió “acelerar urgentemente los trámites de aprobación de planos, evaluando la posibilidad de dar permisos de inicio de obras rápidos”. En otras palabras, buscan un sistema similar de las habilitaciones express con las que cuenta el sector comercial. Por su parte, instaron al Concejo Deliberante “eliminar factibilidades y mayores costos a las inversiones, sancionar el proyecto de ordenanza de inmuebles en stock que está desde el año pasado en recinto, y, prorrogar la ordenanza de reactivación vigente desde la postpandemia por estar en un contexto económico de crisis”.

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El ariete de la política para abrir paso a las excepciones​​​​​​​

El Régimen de Incentivos a la Construcción, establecido en la Ordenanza 25.114 (2021) fue pensado en el marco de la pandemia como un estímulo para el sector de la construcción en busca de generar puestos de trabajo. Entre sus ejes centrales apuntaba a establecer un régimen promocional a aquellos proyectos privados para “incentivar en capacidad edilicia y altura a los emprendimientos ya presentados. Se propuso la continuidad de los incrementos promocionales, de carácter transitorio, para los distritos de Residenciales y Centrales de alta y media densidad (R1,R2, R2e, R3, R4, R4e, C1, C1a, C1e, C2, C3, E1, E2) contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial. La última actualización del COT fue hace más de 22 años, a través de la ordenanza 13.231. Desde aquel entonces, la política local ha hecho de las excepciones a la norma una práctica recurrente, por lo que emerge el desafío de armonizar el desarrollo sustentable y planificado de la ciudad con el otorgamiento de estímulos a un sector crucial de la economía local.

La necesidad de un sistema de compensaciones fue planteada como objetivo en a la par de la 25.114. No obstante, vencido el plazo de dos años establecido para rubricar un escrito, el oficialismo requirió de una prórroga de 60 días. Cuándo por fin llegó una propuesta, la bancada que responde el Ejecutivo solicitó otra extensión del plazo por 180 días. ¿Fue el Régimen de Incentivos un ariete de la política y el empresariado para birlar lo estipulado por el ajado C.O.T.?