*Por Dr. Julio Tussedo, ex-director del CEMA y docente
Aunque la apabullante realidad cotidiana nos distrae con sus múltiples frentes de conflicto, hay una problemática que veladamente se está cultivando en los servicios de salud de la región, una cuestión que hace tiempo afecta a los estratos más vulnerables de la sociedad, pero que insidiosamente va comprometiendo a los demás grupos sociales, y yo diría nos estás afectando a casi todos, porque ha llegado a un nivel de retroceso que cualquiera, aún quienes pueden tener capacidad de pago, están amenazados ante el riesgo de no acceder a los servicios de salud, o de acceder, hacerlo sin garantía de calidad y seguridad. Nuestro sistema de salud lamentablemente perdió su rumbo desde el mismo instante que el primer ministro de salud de la República Argentina, el Dr. Ramón Carrillo debió dejar su cargo -para morir en la pobreza-.
El Dr. Carrillo tenía como plan de desarrollo un sistema sanitario integrado, accesible, eficiente, como el que hoy ostentan algunos países líderes en salud (Reino Unido, Canadá). Carrillo tenía claro que para lograr buenos resultados, entre otras cosas, era indispensable un factor crítico: el uso apropiado de los recursos. Es una verdad revelada que los entornos sanitarios se desenvuelven en contextos de limitaciones presupuestarias, y es así en todos los países del mundo, porque las necesidades son infinitas y porque el avance tecnológico así como ha demostrado éxitos asombrosos, también ha llevado consigo un aumento desproporcionado en los costos. Nuestro país hoy invierte aproximadamente un 10% de su PBI en salud (sumando presupuestos públicos, de la seguridad social y los gastos de bolsillo), monto nada despreciable, pero que contrastado con los resultados, la inversión resulta ciertamente ineficiente.
Los altos niveles de fragmentación de los servicios (gestíón pública, obras sociales y prepagas/gasto de bolsillo), la falta de coordinación y de políticas de integración de los sectores hace que mucho de ese recurso termine en derroche, porque mucho del dinero que se invierte no redunda en capital salud en los usuarios. No escapa a esta escena el Partido de General Pueyrredón, geografía donde la asistencia sanitaria es particularmente hospitalocéntrica, y donde a pesar de haberse triplicado la población desde la década del ´50 hasta la fecha, el número de camas hospitalarias no lo ha hecho de manera proporcional.
Como dato interesante, hace 10 años el Municipio de General Pueyrredón realizó un estudio con las Universidades de Mar del Plata, ISalud y la del Litoral, donde se estimó preliminarmente que el déficit de camas hospitalarias de pacientes agudos era alrededor de 300 unidades.
Esta situación crítica, se condimenta ahora con la crisis económica que nuestro país padece, y que afecta especialmente al sector salud, por la fragmentación que lo caracteriza, que produce alto derroche de recursos, pero además por la caída de los ingresos de las Obras Sociales por aumento del desempleo y deterioro salarial, pérdida de capacidad de pago de los individuos y mayor carga de enfermedad de la población por servicios históricamente deficientes en el aspecto preventivo. Además, aumentos astronómicos en los insumos en salud -muchos dolarizados-, deterioro salarial de los trabajadores de salud y déficit de profesionales en algunas especialidades, hacen de la escena un cóctel perfecto para una situación de potencial catástrofe sanitaria. Ahora bien, si contextualizamos esta realidad, con amenazas sanitarias como las enfermedades respiratorias del invierno, o del Dengue que tenemos en puerta, ¿que podría suceder si alguna de las instituciones privadas de la Ciudad por los efectos de la crisis económica cerrara sus puertas? (cuestión que no es improbable).
Pensemos en solo una clínica promedio de 50 o 100 camas, centro de atención exclusiva de algunas obras sociales. ¿Que pasaría???? ¿cual sería el lugar donde serían derivados?, ¿donde se realizarían sus estudios?, ¿donde se internarían ante una enfermedad aguda?, ¿con que recursos contamos para dar respuesta? La respuesta es obvia, los pacientes tendrían como único centro de asistencia el hospital de gestión pública, ya de por sí desbordado hace mucho tiempo por una demanda incapaz de contener, ante un sistema de salud en fase terminal. Hoy mismo, sin estas dificultades, vemos pacientes deambulando en ambulancias sin lugar donde poder internarse -una mención particular merece el IOMA, y las dificultades de sus afiliados-.
El sistema de salud en nuestra región ha llegado a una situación terminal, que se ya visibiliza hace tiempo en las poblaciones más vulnerables, pero de a poco incluye a cada vez más miembros de la comunidad. Es necesario entonces, planificar políticas de estado, de modo que el sistema de salud retome la senda de la equidad, de la asequibilidad y la seguridad, atributos todos ellos de la calidad asistencial. Es necesario trabajar sobre lo necesario para que los servicios de salud cumplan con su misión, pero también sobre lo urgente, ante amenazas que pueden afectar la salud, la calidad de vida y la vida misma de los integrantes de nuestra comunidad. El derecho a la salud debe volver a ser un pilar sólido del desarrollo, caso contrario difícilmente salgamos del estancamiento y deterioro social que nos envuelve.