Bonificaciones docentes: maniobra del Ejecutivo para dilatar el fallo de la Suprema Corte

Mientras se torna cada vez más inminente el fallo del Suprema Corte en la causa por las bonificaciones docentes, el Ejecutivo realizó una presentación con el objetivo de dilatar la resolución del tribunal.

En una presentación múltiple realizada el pasado 10 de septiembre, el Departamento Ejecutivo, representado por el abogado Miguel Oroz, elevó 15 documentos para su incorporación al expediente judicial. Según el letrado, esa información “resulta relevante para dilucidar la cuestión de autos y sobre alguna duda que posee el Tribunal sobre la configuración de la plataforma fáctica que ha motivado la medida de mejor proveer”.

Entre los documentos se destacan una notas internas e informes de la Secretaría de Hacienda sobre la ejecución de los fondos de la Secretaría de Educación. También se adjuntaron decretos municipales sobre la readecuación presupuestaria, una nota elevada en noviembre de 2018 al Ministerio de Educación nacional y la Dirección General de Cultura y Educación solicitando el financiamiento total del sistema educativo y otra documentación vinculada a recomposiciones salariales y ejecuciones presupuestarias, entre otras.

Por su parte, el 13 de septiembre el Concejo Deliberante -que fue denunciado por el Ejecutivo por competencia de poderes al dictar una ordenanza que devolvía a los docentes las bonificaciones que fueron recortadas por Arroyo-, a través de la abogada Carolina Morteo, solicitó que se rechacen las presentaciones por extemporáneas e improcedentes. En el Legislativo están convencidos que la iniciativa busca que la Suprema Corte suspensa nuevamente el llamamiento de autos para dictar sentencia.

La letrada expresó que “he tomado conocimiento que la actora, unilateralmente ha agregado a estos autos, por vía informática, voluminosa documentación supuestamente probatoria, no ordenada por V.E., y cuando ya estaba consentido y precluído el llamamiento de autos para sentencia, según auto de fecha 19 de julio de 2019”.

Asimismo, recordó que el Art. 482 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación “no admite que luego del llamamiento de autos para sentencia, se presenten más pruebas o escritos por ninguna de las partes, ya que ha precluído el debate sobre la cuestión planteada en autos”. En las próximas horas la Suprema Corte deberá resolver si admite la nueva documentación o no.




Los docentes aguardan la resolución de la Suprema Corte
 

El viernes 19 de julio la Suprema Corte reanudó el llamamiento de autos para dictar sentencia, una medida que había dictado en mayo pero luego suspendió para pedir un informe a la Contaduría General de la Municipalidad de General Pueyrredón sobre cómo se liquidó la bonificación durante el gobierno de Arroyo hasta que estalló el conflicto.

En concreto, se solicitó “qué cantidad de horas diarias y semanales asignadas al cargo del nivel 12 del escalafón municipal fueron tenidas en cuenta a los fines del cálculo de la bonificación prevista por el artículo 82 de la ordenanza 20.760 -texto según ordenanza 21.902- en los presupuestos de gastos y cálculos de recursos aprobados para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018”. También se aclaró que “la misma información deberá brindarse respecto a las rendiciones de cuentas correspondientes a los años consignados, presentadas al Concejo Deliberante en los términos de lo dispuesto por el art. 165 inc. 2° del dec.ley 6769/1958”.

Ese informe fue finalmente incorporado a la causa el 5 de julio, donde los funcionarios de carrera dieron un detallado informe sobre la historia de las bonificaciones docentes y cómo fue su ejecución desde 1989 hasta el año pasado, incluidos los primeros tres años de la gestión de Carlos Arroyo. La información allí vertida habría sido determinante para que los magistrados se tomen más tiempo para evaluar su sentencia, más allá de la línea marcada por la Procuración, que había dictaminado en favor de la posición del Ejecutivo.

Considerando que ese informe arrojó conclusiones negativas para su postura, en represalia el Ejecutivo derivó al Emder al entonces director de Haberes, Germán Stirnemann, autor de ese informe que luego fue convalido por la Contaduría General municipal.