Se coló el conflicto de Playa Grande y no hubo quórum para tratar un pedido de informes sobre derrames tóxicos en el Puerto

 

En lo que parecía ser un día de avances en el Concejo con respecto a la contaminación en el Puerto, todo quedó en suspenso. El conflicto conflicto por el Acta Transaccional entre el Municipio y la firma Playa Azul SA, concesionaria del estacionamiento de Playa Grande, se coló y dejó sin quórum a la comisión de Medio Ambiente, presidida por Marcelo Fernández (Acción Marplatense).

Los ediles de la comisión se mantuvieron reunidos con vecinos de Laguna de los Padres, quienes se oponen a la construcción de un centro de Veterinaria y Zoonosis. Los trabajos forman parte de las obras públicas por $80 millones que estipula el acuerdo entre el intendente y la empresa para que la misma pueda instalar una boliche en donde funciona el Estacionamiento de Playa Grande. Según se detalla en el expediente, las otras dos obras que llevaría a cabo la empresa son la puesta en valor del inmueble de la calle 11 de septiembre Nº 2061 y la demolición de la Unidad Turística Fiscal Balneario Nº 5 de La Perla.

En este marco, los vecinos de la Laguna de los Padres manifestaron ante los ediles su oposición a la construcción del Centro de Zoonosis, ya que el mismo se emplazaría frente a la "Playa de los Patos", declarada como reserva natural, donde habitan diversas especies de aves y animales.

“El riesgo ambiental no ha sido medido por el Municipio. Pero el sentido común establece que espantaría a las demás especies y pondría en peligro, ante eventuales escapes de los perros, a animales, niños y personas adultas. Buscamos la reubicación del Centro de Zoonosis, siendo éste una amenaza pra el ecosistema y peligrando así el bienestar de la fauna originaria del lugar”, señalaron en el cónclave.



 

El debate postergado

Sin quórum para sesionar, Fernández decidió levantar la comisión de hoy y prorrogar las discusiones en cuestión para la semana próxima. En el orden del día se destacaba, principalmente, la situación del Puerto y su contaminación.

Es que, desde el pasado 13 de enero, nada volvió a ser igual en la gestión de Martín Merlini al frente del Consorcio Portuario. Ese día colapsó uno de los tanques de 40 mil litros de la ex Moliendas del Sur, una fábrica harinera abandonada en 2014, y generó un derrame de aceite de pescado de, al menos, la mitad de su capacidad. La inacción del Consorcio Portuario y de los organismos estatales hicieron que gran parte de ese derrame tuviera como destino final el Mar Argentino y la laguna de la Reserva Puerto, en las inmediaciones del complejo.

Pocos días después de aquel derrame, la concejal Angélica González presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo reclame respuestas al Consorcio Portuario por dicho episodio. El expediente fue inicialmente aprobado en abril, pero luego no avanzó en el Concejo Deliberante. Y hoy era uno de los expedientes que se preveía tratar. 

El proyecto da cuenta que en enero cedió la estructura que sostenía un tanque de 40 mil litros de líquidos contaminantes pertenecientes a la abandonada empresa Moliendas del Sur, que se derramaron en las inmediaciones de la zona, afectando la playa pública y el mar, tal y como reveló en aquel entonces La Tecla Mar del Plata.

“El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que, frente al presunto derrame de sustancias toxicas y líquidos contaminantes en las instalaciones de la Ex Moliendas del Sur en el Puerto de esta ciudad el pasado domingo 13 de enero de 2019 que afectó por derrame mar, playas y zonas aledañas, requiera al Consorcio Portuario Regional informe preciso y detallado del evento descripto y consecuencias reales del mismo”, plantea el primer artículo del proyecto.

Asimismo, luego se sostiene que “en caso de la efectiva ocurrencia del hecho, requiera al Consorcio Portuario Regional que indique alcance y gravedad del mismo así como el grado de contaminación alcanzado, informando además cuales medidas fueron efectivamente adoptadas por los organismos de control pertinentes para paliar la situación y tender al saneamiento de sus consecuencias”.

Lo ocurrido sorprendió a pocos en la familia portuaria o, más bien, a ninguno. Es que las alertas sobre el impacto ambiental que vienen generando las distintas fábricas instaladas en el puerto estaban activadas hacía bastante tiempo. Fue el mismo Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo de Rodrigo Aybar, el que en septiembre de 2018 dio cuenta de ello: en una inspección a la ex Moliendas del Sur informó con precisión la situación. “Dentro de la planta, en el sector 16 se observaron tres tanques metálicos conteniendo aceite de pescado y uno con soluble. Los tanques 1 y 3 presentaban signos de inestabilidad en las patas de soporte y todos los tanques se encuentran llenos”, detalló. Asimismo se indicó que “se detectaron tambores de 200 litros de capacidad (unos 400, según nos refieren) acopiados a la intemperie, varios de los cuales se encuentran muy corroídos, con riesgo de colapso”.

Precisamente, uno de esos tanques fue el que colapsó, derramando, al menos, 40 mil litros de aceite al mar. Según el organismo, estaba en marcha una venta de esos residuos para ser reutilizados por otra empresa; algo imposible, ya que se trata de residuos especiales, que deben tener disposición final.




Consecuencias del derrame

 

El pasado me condena

La Tecla Mar del Plata tuvo acceso a la causa en la que el juez federal Santiago Inchausti investiga a las empresas del puerto por contaminación ambiental. Allí se destacan las pericias de 2017 del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina realizadas en la laguna de la Reserva y el desagüe pluvial que da al mar. “Las muestras presentan un elevado nivel de  contaminación. Esto indica que hay una posibilidad de un impacto negativo en el ecosistema de cuerpo de agua de donde se obtuvieron las muestras”, según las pericias.

En tanto, el pasado 29 de agosto la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento de siete directivos de la harinera Coomarpes y un embargo personal de $2 millones por ser coautores penalmente responsables del delito de contaminar de un modo peligros la salud, el agua y el ambiente en general, un Ilícito previsto y penado en los artículos 55 y 57 de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

La investigación se centró en hechos ocurridos el 25 de febrero de 2016 donde el juez de Primera Instancia Santiago Inchausti verificó el “vertimiento de sustancias tóxicas a través del desagüe pluvial ubicado en el sector denominado Playa del Puerto”. Ello con “descarga hacia el mar y proveniente de las instalaciones de la fábrica de harinas de pescado de la firma Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria LTDA (COOMARPES), desde donde emanaba un líquido color negro oscuro, con elevado olor nauseabundo que contenía efluentes que superaban los valores guías establecidos en la Ley 24.051”. Todo se inició a partir de una denuncia de Obras Sanitarias Sociedad del Estado.