Sigue la desidia en el Puerto: su hundió otro buque abandonado

Mientras se repiten los anuncios de remoción y desguace de los buques abandonados en el Puerto de Mar del Plata, un nuevo hecho pone en evidencia la desidia de la administración portuaria llevada adelante por Martín Merlini.

Es que en las últimas horas se tomó conocimiento del hundimiento del pesquero María Luisa en la sección cuarta del muelle 2, cuyo desguace ya había sido anunciado hace dos años. En las próximos horas incluso el panorama podría ser peor: al hundirse el María Luisa cortó los cabos de otro buque, el Mellino II, que a su vez afectó al Neptuno, embarcación recostada sobe el Depemas 81, tal y como detalló el periodista especializado Roberto Garrone. De subir la marea las consecuencias ambientales serían aún mayores a las ya ocurridas.

Tras presentarse esta nueva situación, Prefectura Naval Argentina realiza tareas en la zona para estabilizar a los otros buques afectados.

Anunciado el plan de desguace en 2017, las dilaciones de la gestión de Merlini son una constante en este sentido. En 41 meses de mandato, el titular del Consorcio vio cómo las áreas operativas del Puerto continuaron siendo ocupadas por embarcaciones inactivas. Según precisaron desde la firma Hipoute SA, hay embarcaciones que se han convertido en depositarias de los residuos que se generan. En suma, las embarcaciones en desuso ocupan 800 metros lineales, el equivalente a tres buques portacontenedores.

Sin embargo, no todo queda ahí. Los primeros desguaces impulsados por Merlini acumulan irregularidades. Según pudo averiguar este medio, se está llevando a cabo uno de ellos en un muelle, algo prohibido según las normativas de Prefectura. Para llevar a cabo los mismos, debe haber un estudio de impacto ambiental aprobado por el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible).

Merlini impulsa el desarme en el agua, en lugar de hacerlo en un astillero, donde sólo sería necesario un plan de desguace. Entre los desechos de los buques inactivos, se avizoran restos de combustible y materiales contaminantes como el amianto o asbesto, utilizado como aislante. En este marco, la resolución 163/2017 del Ministerio de Justicia de la Nación obliga a que un ingeniero titulado y que haya hecho el curso sobre manipulación del material sea el único que está autorizado para que se puedan hacer desarmes de este tipo.

Al desguazar los barcos hasta la línea de la cubierta, según confiaron a este medio, se propician las condiciones para que líquidos contaminantes dentro de los barcos caigan sobre el mar. Esto, con el tiempo, terminará afectando el ambiente de las playas y la fauna ictícola local.

En efecto, los protocolos de Prefectura prohíben el desguace en el agua, justamente por la contaminación que puede generar el procedimiento. Sin embargo, los manchones de aceites y de diversos líquidos en el agua se materializan diariamente en el puerto local. Todo ello sumado a la situación del amianto, caracterizado como Residuo Peligroso en el marco de la Ley 24051, y cuyo tratamiento propicio no existe en la consideración del Consorcio.

Por otro lado, el desguace implica una erogación de 150 mil pesos por unidad, ya que debe contar con la aprobación de un ingeniero naval. Además, el Consorcio debe solicitar el libre de deuda de las unidades: un documento emitido por el Anses por medio del cual se certifica que los dueños del barco no le deben dinero a los ex tripulantes, ya que se trata muchas veces de unidades en litigio.

En materia de descontaminación, tal como se detalló, previo al desguace se deben absorber todos los líquidos contaminantes que se encuentran en la sala de máquinas. Sin embargo, esta serie de medidas no se estarían realizando.