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Redacción
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La Justicia le pidió informes al gobierno por el aumento de la TSU
En el marco de la presentación realizada por un contribuyente con el patrocinio de Consumidores Argentinos, el juez Marcelo Fernández, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, pidió explicaciones al Ejecutivo. El magistrado deberá expedirse sobre la legalidad e inconstitucionalidad de la Tasa de Servicios Urbanos.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, a cargo del letrado Marcelo Fernández, presentó una solicitud de informes al Ejecutivo ante las reiteradas denuncias de aumentos desmedidos en las tasas de Servicios Urbanos, cuyo monto actualizado comenzó a liquidarse a partir de octubre.
La respuesta de la comuna será un requisito previo para que el juez determine luego si dicta o no una cautelar para frenar los aumentos. En principio, el Municipio ya fue notificado y deberá brindar una respuesta próximamente.
El pasado 13 de septiembre, el Concejo Deliberante aprobó un incremento del 35% en las tasas; sin embargo, dicho porcentaje no se habría respetado en la boleta de varios contribuyentes, con montos por encima de lo sancionado. La discusión llegó nuevamente al Legislativo, en donde la comisión de Hacienda, el pasado 5 de noviembre, citó al titular de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), Mariano Correa. En el cónclave, los ediles instaron al funcionario a que eleve una propuesta para que frene los aumentos por encima del 35% resuelto; sin embargo, al día de la fecha, no hubo ningún avance, por lo que la comisión intentará avanzar con un proyecto para morigerar el impacto en los contribuyentes.
Volviendo a la cuestión judicial, el juez Marcelo Fernández, el pasado lunes 12, había rechazado una medida cautelar a favor de Maximino Bermejo para que no le apliquen los aumentos que llevaron su factura a unos $22 mil pesos. Si bien lo que surgió y siga surgiendo de las actuaciones judiciales sólo tendrá incumbencia en el caso particular, ello sentará un precedente para el resto de los contribuyentes.
Más allá de la negativa a la cautelar, Fernández declaró admisible la acción declarativa de certeza que el 30 de octubre presentó Bermejo con el patrocinio de la asociación Consumidores Argentinos contra la Municipalidad de General Pueyrredón, para que la justicia “se expida sobre la legalidad e inconstitucionalidad de la TSU”, impuesta en el decreto 2343/19 y las ordenanzas 24.192, 24.267 y 24.268. En efecto, esto es lo que motivó el pedido de informes al Municipio.
De todos modos, Consumidores Argentinos apeló ante la Cámara Contencioso Administrativo el rechazo del tribunal de primera instancia. Fernández fundó su decisión en que no se encontraron “debidamente provistos los presupuestos básicos para el otorgamiento de la medida solicitada”, por lo que la desestimó.
Más allá de ello, el juez declaró que a “prima facie resulta de la competencia de este juzgado” y que también resulta “formalmente admisible la pretensión deducida”, que se tramitará por la vía del juicio sumarísimo prevista en el Código Procesal Civil y Comercial.