Estiman que ya se labraron casi 1000 actas por la violación de la cuarentena

Desde que comenzó a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el pasado 20 de marzo, mediante el cual se dispuso la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio con plazo hasta el 31 de marzo, en Mar del Plata ya se registraron 970 casos de incumplimiento de la cuarentena, según informó el Ministerio Público Fiscal.

 En concreto, el fiscal federal Daniel Adler informó que, en General Pueyrredón, la Policía de la Provincia bonaerense ya confeccionó 770 actas por violación a la cuarentena. En tanto, las fuerzas especiales intervinieron en un total aproximado de 200 casos.  Y, en esa línea, 9 particulares reincidieron en la infracción, con lo cual fueron trasladados al Penal de Batán.

Por su parte, en diálogo con este medio, el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, estimó que en la entidad ya se habían recibido más de 200 denuncias por incumplimiento del aislamiento.

Las presentaciones se realizaron al mail "denunciasmardelplata@mpba.gov.ar", elaborado ante la saturación de las líneas telefónicas. “Nos mantenemos en comunicación con migraciones, aerolíneas y la empresa Manuel Tienda León. Han colaborado mucho con la lista de viajeros que ingresaron a la ciudad”, expresó el letrado.

En esa línea, precisó: “Los instructores de la Fiscalía General trabajan las 24 horas para verificar el tránsito de personas; una vez que se recibe esa información, se hacen verificaciones con los distintos organismos, sobre todo migraciones. Si se certifica el incumplimiento de la veda, la policía acude al lugar y obliga a la persona a quedarse en el domicilio”.

La violación de la cuarentena conlleva el incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal. El primero se refiere a toda persona que viole las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia, es decir, el COVID-19. En este caso, las penas oscilan entre los seis meses y los dos años de cárcel.  

Mientras que el artículo 239 estipula entre 15 días a un año de prisión a aquel ciudadano que desobedezca a un funcionario público en ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le preste asistencia a requerimiento de aquél, o en virtud de una obligación legal.