La Tecla Mar del Plata
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La pulseada entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires por la administración del complejo Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo, esta vez con un fallo que refuerza la estrategia local. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó la apelación del gobierno bonaerense y ratificó que la causa debe seguir su curso en la ciudad y dentro del fuero administrativo.
El pronunciamiento se dio tras casi cuatro meses de análisis del expediente y confirmó lo resuelto previamente por el juez Simón Isacch, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, quien ya había desestimado el intento de la Provincia de trasladar la causa a La Plata y cambiar el encuadre jurídico al fuero Civil y Comercial.
De este modo, el camino judicial para que el Municipio avance con su reclamo quedó despejado. El objetivo es claro: saldar la deuda que mantiene la Administración Punta Mogotes con la Provincia, dar por caído el convenio firmado en 1984 y quedarse con la administración plena del complejo. Para eso, la Comuna ya consignó judicialmente una suma cercana a los 14 millones de pesos.
La Provincia, sin embargo, no da el brazo a torcer. A través de la Fiscalía de Estado, sostiene que solo la APM puede cancelar su deuda y que el Municipio no tiene facultades para intervenir como “tercero interesado”. Incluso, dejó trascender que podría avanzar con una denuncia penal contra el intendente Guillermo Montenegro por malversación de fondos, si prospera esta vía.
La Cámara, por su parte, consideró que el conflicto gira en torno a un convenio interjurisdiccional de derecho público y, por lo tanto, debe ser tramitado por el fuero contencioso administrativo. También dejó la puerta abierta para que la Provincia recurra a la Suprema Corte, aunque ese paso aún no fue confirmado.
Mientras tanto, el expediente volverá al juzgado de origen y el gobierno de Axel Kicillof deberá responder formalmente a la demanda de la Municipalidad. El fondo de la discusión está en quién puede asumir el pasivo de un ente que tiene un 70% de participación provincial y un 30% municipal, y si eso habilita o no la disolución del organismo.
Para el oficialismo local, hay antecedentes que juegan a favor. Uno de ellos es cuando la Provincia saldó la deuda de Proyectos Especiales de Mar del Plata S.E., antecesora de la APM. La movida ahora busca replicar aquella jugada, pero a la inversa: con el Municipio como pagador, para quedarse con la llave de uno de los predios más valiosos del frente costero marplatense.