La Tecla Mar del Plata
Todos los derechos reservados
Este lunes comenzó un paro en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con una huelga de 48 horas convocada por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU), que se extenderá hasta el martes. Paralelamente, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) inició una medida de fuerza que se prolongará hasta el jueves. Ambas protestas responden a demandas relacionadas con la política salarial y presupuestaria nacional, que consideran insuficientes y perjudiciales para el normal funcionamiento de las instituciones educativas.
En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que la protesta se debe a la decisión del gobierno nacional de no convocar a paritarias, otorgar aumentos salariales por debajo de la inflación y mantener congelados los fondos destinados a gastos operativos y becas para estudiantes.
Asimismo, anunciaron que durante las próximas dos semanas realizarán actividades en diversas universidades del país para visibilizar el conflicto, impulsadas por las bases sindicales y que se extenderán hasta el 24 de agosto.
Los trabajadores universitarios advirtieron que desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el sector ha sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo registrada, con salarios que se ubican entre los más bajos de América Latina.
En ese contexto, valoraron la reciente media sanción en Diputados de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), aunque subrayaron que “la lucha continúa” e instaron a los senadores a aprobar el proyecto para que se convierta en ley.
Además, manifestaron su solidaridad con otros sectores afectados por las políticas de ajuste y recortes, como jubilados, empleados del Hospital Garrahan y científicos.
Finalmente, docentes y no docentes reafirmaron su compromiso conjunto con la defensa de una universidad pública, gratuita, de calidad y al servicio de la comunidad, así como la defensa de salarios dignos.
La comunidad universitaria exige recursos adecuados para garantizar el funcionamiento integral de las distintas unidades académicas, incluyendo la continuidad de obras, el pago justo de los sueldos y la financiación de actividades complementarias como la investigación científica.