El senador bonaerense Pablo Obeid celebró la ley que beneficia a trabajadores de casino, pero la trama revela un esquema de nepotismo que une su banca, la de su esposa y la dirección de Lotería en General Pueyrredon. Una movida que blanquea el engranaje de poder familiar disfrazado de “justicia social”.

La casta progresista y el casino: un pasaje al pasado

El reciente anuncio del senador bonaerense y concejal electo por General Pueyrredon, Pablo Obeid, sobre la flamante ley de regularización de aportes para trabajadores de Casino de Mar del Plata, lejos de ser una simple noticia de gestión, se erige como el último y descarado ejemplo de cómo opera la casta progresista en la política local. Obeid, quien asumirá su banca en diciembre, utilizó sus redes sociales para celebrar la norma, nacida de una iniciativa gremial y motorizada por él mismo en el Senado provincial. Si bien la medida per se busca un loable objetivo —permitir la jubilación a personal de temporada con años de servicio pero lagunas previsionales— **el quién y el con quién del festejo destapa un vínculo endogámico que socava la ética pública y el espíritu de la "nueva política" que los progresistas dicen representar.

El problema central no radica en la ley, sino en el triángulo de poder familiar que la rodea. El concejal electo Obeid es esposo de la senadora electa Fernanda Raverta, quien lo posicionó en el primer lugar de la lista de ediles en las pasadas elecciones bonaerenses. Pero el dato de color —o de opacidad, mejor dicho— que convierte la celebración en un acto de cinismo político es el vínculo con Fernando Gabriel Mogni, Director de Casinos Zona I del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, designado en su cargo en marzo de 2024. Mogni es, ni más ni menos, que el cuñado de Pablo Obeid. La regulación de los aportes de los empleados de Casino se da, entonces, en un común acuerdo que involucra al legislador que promovió la ley y al funcionario de control y ejecución que pertenece a su núcleo familiar directo, blanqueando un claro caso de nepotismo en el manejo de la administración pública.

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La evidencia del entramado familiar no esconde la mano. La Resolución que designa a Mogni como Director de Casinos Zona I, a partir del 1° de marzo de 2024, confirma su posición clave en el organismo que controla la actividad del Casino, el mismo donde se aplicará la ley promovida por su cuñado. Este esquema revela la preocupante facilidad con la que ciertos apellidos se aseguran posiciones estratégicas, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo y sus organismos descentralizados. La casta progresista utiliza el discurso de la defensa del trabajador y la justicia social como telón de fondo para cerrar el círculo de poder, donde las designaciones parecen responder más al lazo sanguíneo o marital que a un concurso de idoneidad o una trayectoria respetable. El beneficio social de la ley queda ensombrecido por el beneficio político y familiar de quienes la celebran.

Este patrón de gestión, donde los roles de control, promoción legislativa y ejecución administrativa se solapan en la misma mesa familiar, genera una pérdida de confianza corrosiva en el electorado. El nepotismo no es solo una falta ética; es un mecanismo que desprofesionaliza el Estado y privilegia la lealtad familiar por encima de la eficiencia y la transparencia. Lo más preocupante es que no es la primera vez que sucede: cuando era la titular de ANSES, Raverta había colocado a Obeid como director regional del organismo y a Mogni al frente del PAMI local.

En definitiva, la foto de celebración por la ley de aportes de Casino es una radiografía de un modelo de poder que se realimenta a sí mismo. Pablo Obeid, antes de asumir su banca de concejal, ya demuestra cómo la casta progresista instrumentaliza los logros sociales para legitimar su hegemonía familiar en la política de General Pueyrredon. En este marco, el electorado debería preguntarse si el objetivo final es la justicia previsional o el afianzamiento de una dinastía política que, bajo el paraguas del progresismo, mantiene todo "en casa", asegurando que las decisiones que impactan en el Estado y en los ciudadanos pasen inevitablemente por el control de la familia política.**

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