20 de enero de 2026
INICIATIVA
El control de los geriátricos: el Concejo busca institucionalizar un canal de alerta frente a las deudas del sistema
A partir de las tragedias y denuncias por maltratos que marcaron la agenda del último año en General Pueyrredon, avanza un proyecto de la UCR+Nuevos Aires para crear una línea municipal de denuncias. La iniciativa busca sortear los grises jurisdiccionales entre el Municipio y la Provincia para ofrecer una respuesta directa a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
La vulnerabilidad de las personas mayores alojadas en residencias de larga estadía ha dejado de ser un tema de agenda privada para convertirse en una prioridad de debate en el Concejo Deliberante. Tras los graves episodios ocurridos a fines del año pasado —que incluyeron un incendio fatal en un establecimiento de la zona de La Perla y denuncias penales por maltrato físico—, el bloque de la UCR+Nuevos Aires puso sobre la mesa un proyecto de ordenanza que pretende cubrir un vacío crítico: la falta de un canal de comunicación directo, gratuito y confidencial para reportar irregularidades en estos centros.
La propuesta, impulsada por la concejal Gabriela Azcoitía, surge como una respuesta política a la fragmentación de los controles estatales. Históricamente, la fiscalización de los geriátricos se ha visto empantanada por una superposición de competencias. Mientras la Ley Provincial 14.263 establece que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires es la autoridad responsable de habilitar y supervisar las condiciones sanitarias, el Municipio conserva el poder de policía sobre la seguridad edilicia y el funcionamiento administrativo local. Esta estructura suele generar zonas grises donde la falta de coordinación termina exponiendo a los residentes a situaciones de negligencia o abuso, muchas veces detectadas recién cuando las consecuencias son irreversibles.
En este sentido, el proyecto busca que el Estado municipal no espere a la fiscalización de oficio, sino que abra una "ventanilla activa" de escucha para familiares y residentes. La creación de esta línea gratuita no solo apunta a las deficiencias de infraestructura —como la falta de detectores de humo o irregularidades en las habitaciones que quedaron en evidencia en pericias judiciales recientes—, sino también al maltrato subjetivo y la negligencia asistencial. El eje político de la medida reside en asumir una responsabilidad de protección de derechos humanos que trasciende la mera inspección de planos o matafuegos, alineándose con los manuales de detección de abuso que promueve el Ministerio de Salud de la Nación.
El debate legislativo que se avecina en las comisiones del Concejo deberá dirimir cómo se articulará esta nueva herramienta municipal con los organismos de control provincial para que la denuncia no quede en un simple registro, sino que dispare intervenciones efectivas. Lo que queda claro tras los hechos de público conocimiento es que el actual sistema de control concurrente ha mostrado fisuras peligrosas. La institucionalización de un canal de denuncia local se presenta, entonces, como el primer paso para reconstruir la confianza en el sistema de cuidados y para garantizar que el Estado llegue antes de que el conflicto se convierta en una noticia trágica.