3 de febrero de 2026
INCERTIDUMBRE
¿Es sostenible el sistema educativo municipal?: una radiografía de deudas, desorden normativo y asfixia financiera
Con un presupuesto proyectado de 55.000 millones de pesos para 2026, el sistema de enseñanza de General Pueyrredon enfrenta un colapso estructural derivado de la expansión sin financiamiento, el incumplimiento de convenios históricos y una masa salarial que devora los fondos. Hoy, la mitad de los cargos docentes carece de reconocimiento provincial, mientras el municipio utiliza casi la totalidad del Fondo de Financiamiento Educativo nacional exclusivamente para el pago de haberes.
El sistema educativo municipal de General Pueyrredon, una estructura que nació hace seis décadas para cubrir vacíos de oferta en barrios periféricos, se ha transformado en un gigante administrativo cuya sostenibilidad financiera se encuentra hoy en niveles críticos. Lo que comenzó como una red de jardines de infantes y escuelas de artes y oficios ha derivado en un esquema de 84 establecimientos que hoy compite, y en muchos casos se superpone, con la oferta de la provincia de Buenos Aires. Esta expansión, lejos de ser planificada bajo criterios de equilibrio fiscal, se aceleró en los últimos quince años mediante la creación de escuelas secundarias bajo presión gremial y social, pero sin el respaldo presupuestario necesario para cubrir los cargos generados.
El punto de inflexión se sitúa en el convenio tripartito firmado en 2009, donde la Nación y la Provincia se comprometieron a financiar el 100% de la masa salarial del sistema municipal. Sin embargo, aquel acuerdo contenía una cláusula restrictiva —la quinta— que prohibía taxativamente la creación de nuevos cargos o servicios sin autorización previa. El incumplimiento de esta disposición fue sistemático: desde 2010 se crearon más de 600 cargos y se abrieron nuevos establecimientos de forma unilateral. Como consecuencia, el financiamiento externo, que originalmente cubría la totalidad de los sueldos, cayó progresivamente hasta representar apenas un 60% en 2019 y continúa en caída. Hoy, se estima que solo el 50% de los cargos actuales cuenta con el reconocimiento y la subvención de la Dirección General de Cultura y Educación provincial.
Esta brecha financiera ha obligado al municipio a absorber una masa salarial creciente con recursos propios y mediante el uso discrecional del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). Mientras que en otros distritos estos fondos nacionales se distribuyen proporcionalmente para el mantenimiento edilicio de todas las escuelas del partido, en General Pueyrredon el 95% de ese recurso se destina a cubrir sueldos municipales. La situación se agrava en el contexto actual, donde la interrupción de los flujos de fondos nacionales y la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) han dejado al Ejecutivo local frente a la obligación de costear bonificaciones salariales y suplementos que no están validados por la normativa provincial.
El desorden administrativo también se refleja en la liquidación de haberes. Existen componentes salariales, como la bonificación del "Código 59" —que representa entre un 30% y un 35% del sueldo— o suplementos por ruralidad en zonas que no cuentan con dicho reconocimiento oficial, que generan un perjuicio económico doble. Por un lado, desfinancian las arcas municipales al no ser reintegrados por Provincia; por otro, generan una distorsión en el Instituto de Previsión Social (IPS), ya que el organismo deberá afrontar jubilaciones basadas en conceptos que no fueron debidamente convalidados ni financiados por los aportes correspondientes. Esta falta de adecuación a la Ley Provincial de Educación 13.688 ha provocado que, tras auditorías oficiales, se retiraran subvenciones en lugar de ampliarlas.
En términos de infraestructura y servicio, el sistema presenta una paradoja territorial. En muchos barrios donde la escuela municipal era la única opción hace décadas, hoy existe una escuela provincial a escasas cuadras, duplicando el servicio y los costos operativos. No obstante, las familias siguen optando por la oferta municipal debido a una percepción de mejor mantenimiento edilicio, sostenido precisamente por la concentración del presupuesto local en estos 50 edificios en detrimento de las casi 300 escuelas provinciales del distrito. A pesar de esto, el colapso financiero ya se traduce en pagos de haberes desdoblados y una creciente dificultad para cubrir vacantes docentes en áreas críticas como Geografía o maestros de grado, en un contexto de caída de la calidad académica y éxodo de profesionales del sistema.
Para 2026, los 55.000 millones de pesos asignados a Educación representan aproximadamente el 10,5% del presupuesto total del municipio. Sin embargo, la cifra es engañosa en términos de inversión real: sin el flujo de Nación y con una estructura de cargos excedente, el presupuesto se encamina a ser una planilla de sueldos sin capacidad de transformación pedagógica o tecnológica. La viabilidad del sistema depende hoy de una regularización normativa que parece lejana: la provincialización total de las escuelas o la adecuación estricta a los parámetros de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP). Sin un ordenamiento de los cargos creados fuera de convenio y una revisión de las bonificaciones no autorizadas, el sistema educativo municipal corre el riesgo de dejar de ser un "orgullo" local para convertirse en el principal factor de insolvencia de la administración pública marplatense.