27 de febrero de 2026
INICIATIVA
Abad impulsa una reforma penal juvenil que trascienda el debate por la edad de imputabilidad
El senador nacional de la UCR subrayó que el nuevo Régimen Penal Juvenil debe ser entendido como una herramienta de recuperación y no solo como un límite etario. Advirtió que la efectividad de la norma dependerá de una reglamentación responsable y de un abordaje integral sobre el consumo de sustancias en menores.
El Congreso de la Nación atraviesa una de sus discusiones más sensibles y postergadas: la reforma del Régimen Penal Juvenil. En este escenario, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad (UCR), se posicionó como una de las voces que busca elevar el tono del debate, intentando que la discusión no quede atrapada únicamente en el número que marca la edad de imputabilidad. Para el legislador radical, la aprobación de esta ley representa un quiebre con una deuda histórica de la democracia, pero también una oportunidad para que el Estado defina qué mensaje quiere enviarle a las nuevas generaciones y a las víctimas del delito.
Abad puso de relieve que el sistema actual es un anacronismo que sobrevive desde hace cuatro décadas, basado en una normativa heredada de la última dictadura militar. En ese sentido, valoró los consensos alcanzados para establecer el nuevo límite en los 14 años, una medida que, según explicó, “coloca a la Argentina en el promedio regional”. Sin embargo, el senador fue enfático al señalar que el foco mediático sobre la edad es insuficiente para resolver la complejidad del problema. “No debemos circunscribir esta discusión sólo a la baja de la edad de imputabilidad”, advirtió, remarcando que el verdadero espíritu de la reforma reside en la capacidad del país para reinsertar a quienes delinquen a temprana edad. Para Abad, el trasfondo es ético y político: “Cada ley envía un mensaje: el de hoy debe ser que la Argentina no renuncia a recuperar a sus jóvenes”.
Uno de los puntos más agudos del planteo de Abad tiene que ver con las causas subyacentes del delito juvenil, particularmente el avance del narcotráfico y el consumo problemático. Citando datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, el legislador recordó que “4 de cada 10 jóvenes probó alguna droga ilegal antes de los 14 años”, una estadística que funciona como un espejo incómodo para la dirigencia. En su visión, cualquier régimen penal que ignore el componente de las adicciones como motor de la delincuencia estará destinado al fracaso. Por ello, instó a sus pares a que el año legislativo no se agote en la sanción de la norma, sino en un abordaje profundo de la salud pública y la prevención.
En cuanto a la arquitectura de la ley, el senador bonaerense destacó que el nuevo régimen prioriza la educación y establece penas proporcionales, manteniendo la privación de la libertad como un "último recurso" ante los casos más graves. No obstante, Abad dejó claro que la letra muerta de la ley no garantiza seguridad. Para que el sistema funcione, exigió que la reglamentación sea “seria y responsable”, garantizando los recursos necesarios para que las provincias puedan ejecutar la norma sin caer en soluciones precarias. Fue tajante al señalar que se debe evitar a toda costa el traslado de menores a cárceles de adultos, un límite que considera infranqueable en la consolidación de un Estado de Derecho.
De este modo, el dirigente radical sintetizó su postura como un equilibrio necesario entre la demanda social de justicia y el respeto por el marco institucional. Según Abad, el desafío es construir una política criminal que logre combinar la “firmeza frente al delito” con un “respeto irrestricto por las garantías individuales”. En este marco, el debate por la ley penal juvenil se desplaza de la mera punición hacia un horizonte de respuestas concretas para las víctimas, sin abandonar la ambición de promover la reinserción social como el único camino sostenible para reducir la reincidencia.