4 de marzo de 2026
CAJA DE RESONANCIA
La política nacional coloniza el debate sanitario en Mar del Plata
En el inicio del año legislativo, la comisión de Salud evidenció una tendencia que marcará el pulso de 2026: la discusión de los expedientes locales ya no se agota en Mar del Plata, sino que se convierte en un espejo de la confrontación política a nivel país. Con el horizonte de las elecciones ejecutivas de 2027 empezando a asomar, cada proyecto es una oportunidad para que el oficialismo y la oposición midan fuerzas bajo lógicas de gestión ajenas al distrito.
El recinto de la comisión de Salud fue este miércoles el escenario de un fenómeno que parece haber llegado para quedarse: la nacionalización y provincialización absoluta de la agenda legislativa local. Lo que en otros tiempos podría haberse resuelto como un trámite administrativo o una gestión de cercanía, hoy se transforma en un ring donde se dirimen las culpas por el ajuste nacional o las falencias de la estructura provincial. Este clima, propio de un año que precede al electoral 2027, quedó cristalizado en el tratamiento de expedientes que, aunque nacieron para atender necesidades de los vecinos, terminaron orbitando alrededor de la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.
El primer chispazo se encendió con el expediente 1143/26, una resolución de la oposición que expresaba preocupación por el recorte nacional en el Programa de Cuidados Paliativos. Aquí, la concejal Valeria Crespo, de Unión por la Patria (UP), fue tajante al citar la respuesta oficial del Ministerio de Salud de la Nación: “Hubo un fuerte recorte y nos responden que no tienen obligación, que nos arreglemos como podamos”. La respuesta del oficialismo, en voz de Guido García (CC-ARI), intentó bajar el tono a la confrontación ideológica, sugiriendo que la comunicación ya estaba respondida y que se buscaba evitar "politizar o ideologizar cuestiones sensibles". Sin embargo, la tensión subió cuando García argumentó que el archivo de expedientes con respuestas oficiales es una práctica común, incluso cuando provienen del gobierno provincial, el rival directo del oficialismo local. El proyecto finalmente avanzó, pero con la abstención de gran parte del interbloque oficialista (PRO, UCR+NA y CC-ARI), marcando una primera línea de fractura sobre quién debe pagar el costo político del ajuste en salud.
Esta dinámica de mirar hacia afuera para explicar lo de adentro se repitió con el futuro del Asilo Saturnino Unzué. La oposición insistió en que el municipio gestione el uso de un sector del edificio nacional para áreas críticas como Niñez y Salud Mental. El presidente de la comisión Diego García (UP) fue el encargado de poner el foco en la Casa Rosada al advertir que todo dependerá de la "voluntad política del Ministerio de Capital Humano". El expediente quedó en pausa, supeditado a informes del ministerio nacional.
Sin embargo, el oficialismo no se quedó en una posición defensiva y contraatacó utilizando la misma lógica de trasladar la responsabilidad a otras jurisdicciones. Ante un pedido de informes sobre el funcionamiento del CEMA (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias), el concejal Guido García cuestionó por qué la oposición no convocaba a la Zona Sanitaria VIII, dependiente de la Provincia de Buenos Aires. “Entendiendo que la salud es una competencia primaria de la provincia, en todos los proyectos veo que se hace hincapié en el municipio pero no se le pide informes a la provincia”, disparó el edil de la Coalición Cívica. Esta estrategia de "espejo" buscó recordar que el Municipio no es el único actor responsable en el mapa sanitario local.
La discusión sobre la jornada de concientización de la Dislexia fue quizás el ejemplo más claro de cómo un tema de consenso puede empantanarse por cuestiones de jurisdicción. Mientras la oposición pedía celeridad para no retrasar la ayuda a quienes padecen esta dificultad, el oficialismo, a través de Florencia Ranellucci (PRO) y Guido García, insistió en involucrar formalmente a las autoridades sanitarias bonaerenses. Para el oficialismo, Mar del Plata no es un "hecho aislado" sino parte de la provincia "más importante del país", y por ende, las políticas requieren de recursos que La Plata debe garantizar. La concejal Eva Ayala (AM-MDF) lamentó lo que consideró una demora innecesaria: “Sumar informes para que no se puedan juntar en la brevedad quienes están sufriendo la problemática, solo retrasa”.
El cierre de la jornada estuvo marcado por el debate sobre la Tarjeta Alimentaria Municipal, donde la exsecretaria de Desarrollo Social y actual concejal, Vilma Baragiola (UCR+NA), salió a defender la gestión frente a las críticas por la baja en el número de beneficiarios. Mientras Valeria Crespo denunciaba que el municipio pasó de asistir a 11.464 familias a solo 5.000 bajo la premisa de "focalizar mejor", Baragiola reconoció que el monto de la tarjeta era una "miseria" y que se trabajó para actualizarlo por IPC. Pero incluso en este punto, la mirada volvió a lo nacional. Diego García (UP) vinculó la crisis alimentaria con la falta de coordinación en el Unzué, afirmando que se perdió un lugar de asistencia clave y que ahora "todo el abordaje lo tiene que hacer directamente el municipio". La respuesta de Baragiola fue un dardo: “Se extrañan los funcionarios que fueron hábiles y dispuestos a trabajar en equipo”.
Con expedientes que quedan en comisión a la espera de informes de ministerios nacionales o provinciales, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon parece haber inaugurado un 2026 donde la gestión local será, más que nunca, un rehén de la macropolítica. El año legislativo recién comienza, pero la estrategia está clara: para la oposición, el culpable es el ajuste de Nación; para el oficialismo, la ausencia es de la Provincia. En el medio, Mar del Plata espera.