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El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición 2024 de General Pueyrredon pero multó a Montenegro
El organismo de control provincial convalidó la ejecución presupuestaria del Municipio y del EMDER. No obstante, dispuso multas, cargos patrimoniales y dejó observaciones sobre distintos aspectos administrativos.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Rendición de Cuentas 2024 de la Municipalidad de General Pueyrredon, aunque el fallo incluyó multas, cargos patrimoniales y advertencias dirigidas a varios funcionarios de la gestión municipal.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, convalidó por unanimidad la ejecución presupuestaria del ejercicio 2024 tanto de la administración central como del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), uno de los organismos descentralizados del distrito
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Sin embargo, el organismo de control provincial también dispuso sanciones económicas de $340.000 para el intendente de licencia Guillermo Montenegro y para el secretario Legal, Técnico y de Hacienda Mauro Martinelli. A su vez, aplicó amonestaciones al secretario de Seguridad Rodrigo Gonçalvez y al tesorero municipal Mauricio Mingo.
El fallo también estableció cargos patrimoniales que deberán afrontar distintos funcionarios por montos que superan los $500.000. Uno de ellos, por $352.310,72, fue formulado de manera solidaria contra Montenegro y el delegado municipal de Sierra de los Padres y La Peregrina, Julio César Romero.
Además, se dispuso otro cargo por $164.477,75 contra el entonces jefe comunal, el ahora subsecretario de Asuntos Estratégicos, Santiago Bonifatti, por las funciones que ejercía, y el propio Martinelli.
El organismo de control también dejó reservas sobre distintos aspectos administrativos, cuyo análisis se postergó para futuras revisiones. Entre los funcionarios alcanzados por esas observaciones figuran Montenegro, Martinelli, Bonifatti, la que fue presidenta del Concejo Deliberante en el 2024, Marina Sánchez Herrero y exintegrantes del gabinete municipal.
En paralelo, el fallo ordenó a los funcionarios sancionados depositar los montos correspondientes en cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en un plazo de 90 días, aunque la resolución podrá ser apelada dentro de los 15 días previstos por la normativa vigente.