13 de marzo de 2026
INDEMNIZACIÓN
La desidia tiene precio: el EMVIAL deberá pagar más de 3 millones por la caída de una columna
Una resolución publicada en el Boletín Oficial confirma que el municipio, a través del ente que conduce Mariano Bowden, indemnizará a un vecino tras el colapso de una estructura corroída sobre su vehículo en la zona de San Lorenzo y Lamadrid. El caso vuelve a poner bajo la lupa el estado de abandono del mobiliario urbano y el costo que la falta de mantenimiento preventivo representa para el erario público.
Mar del Plata presencia una nueva confirmación oficial del costo que genera la falta de inversión estructural en la vía pública. Según consta en una resolución del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) publicada este 13 de marzo en el Boletín Oficial de General Pueyrredon, la administración local deberá desembolsar la suma de 3.040.400 pesos para resarcir los daños sufridos por un particular luego de que una columna de alumbrado público colapsara sobre su automóvil, un Volkswagen Suran, mientras se encontraba estacionado. El hecho, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de 2025 en la intersección de las calles San Lorenzo y Lamadrid, no fue un evento fortuito ni una catástrofe climática impredecible, sino la consecuencia directa de un deterioro técnico que los propios informes municipales no pudieron ocultar.
El análisis de las áreas técnicas del ente que preside Mariano Bowden es contundente y revela una realidad alarmante sobre la seguridad en las calles. Los peritajes incorporados al expediente administrativo determinaron que la columna en cuestión presentaba un avanzado estado de deterioro, con un importante grado de corrosión localizado principalmente en su base de empotramiento, lo que generaba un evidente desprendimiento de material ferroso.
Si bien en la jornada del siniestro se registraron vientos de entre 20 y 33 kilómetros por hora —una intensidad habitual y moderada para la ciudad balnearia—, el informe de la Dirección de Alumbrado concluyó que la caída se debió a la fatiga del material corroído sumado a la incidencia del viento sobre ese punto crítico. En otras palabras, la estructura estaba "atada con alambres" y solo necesitaba un leve empujón de la naturaleza para transformarse en un proyectil de metal sobre los bienes de los ciudadanos.
El procedimiento administrativo, que incluyó la intervención de la cuadrilla de Hidrogrúa, el Departamento de Taller y la Asesoría Letrada del EMVIAL, culminó con la orden de pago tras constatar que no existían objeciones legales ni responsables terceros en el incidente. El dictamen jurídico fue claro al recomendar el pago del presupuesto de reparación, evitando así un litigio mayor pero obligando a las arcas municipales a hacerse cargo de una suma millonaria.
Este episodio no es un hecho aislado en la gestión actual: el inicio de este 2026 ha estado marcado por reportes constantes de columnas de iluminación y semáforos que ceden ante los fuertes vientos, dejando en evidencia que la política de mantenimiento ha quedado relegada frente a otras prioridades de la gestión.
La resolución de este siniestro administrativo desnuda una problemática política y presupuestaria de fondo. Mientras el Ejecutivo municipal intenta equilibrar las cuentas, los ciudadanos de General Pueyrredon enfrentan un doble riesgo: el peligro físico de circular por calles con infraestructuras debilitadas y el perjuicio económico de pagar, a través de sus impuestos, las indemnizaciones que surgen de la propia negligencia oficial. Los más de tres millones de pesos que hoy se destinan a este resarcimiento son el recordatorio de que la desidia estructural no solo pone en riesgo la seguridad pública, sino que termina resultando mucho más costosa que cualquier plan de mantenimiento preventivo que la gestión de Bowden haya decidido postergar.