CRÓNICA
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
Un panorama de alta tensión
Las pequeñas distribuidoras de energía del interior bonaerense están en crisis. Y ahora, además, están a punto de sufrir el golpe simultáneo de tres factores que pueden dejarlas fuera de combate.
Como en tantas otras cosas, en la provincia de Buenos Aires el suministro de energía eléctrica está partido en dos realidades: la del Conurbano y la del interior. Mientras en el Gran Buenos Aires el servicio es prestado por grandes empresas bajo un régimen nacional, el resto del territorio bonaerense se provee de electricidad a través de empresas más pequeñas, generalmente cooperativas, que se rigen por otro esquema.
En la provincia de Buenos Aires hay unas 200 distribuidoras eléctricas, la gran mayoría organizadas como cooperativas, que abastecen a más de un millón de usuarios y emplean a unas 5.500 personas. Cuatro de ellas son relativamente grandes (las que abastecen a Olavarría, Tandil, Necochea y Zárate); el resto son pequeñas y tienen poca “espalda” para soportar cimbronazos financieros. Y ahora se disponen a enfrentar un triple cimbronazo.
Ocurre que el sector está asediado desde múltiples frentes. A la recesión económica, que produce simultáneamente un atraso en las tarifas y un aumento de la morosidad, se le suman una deuda virtualmente impagable y ahora, la desregulación emprendida por el Gobierno Nacional, que promete hacer entrar a la cancha a jugadores con más peso que podrían
llevarse puestos a los más chicos.
Un actor central en este campo de batalla es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía (CAMMESA), que tiene como misión exactamente lo que indica su nombre, y que está integrada en una quinta parte por el Estado y el resto en manos privadas. Las distribuidoras de energía, incluidas las cooperativas, se la compran a CAMMESA. A lo largo de los años, con el aumento del costo de la energía y la incidencia de la pandemia de COVID-19, las distribuidoras encontraron cada vez más difícil pagarle a CAMMESA y se endeudaron.
El gobierno anterior intervino para salvar las papas poniendo dinero para garantizar la compra de energía; bajo la administración Milei las cosas cambiaron y las cooperativas debieron suscribir acuerdos con un año de gracia para empezar a pagar lo adeudado. Entre todas, le deben a la compañía unos 1.000 millones de dólares.
¿Cómo enfrentar esos compromisos? Difícil con lo que les están cobrando a sus usuarios. Uno de los problemas que tiene a maltraer a las distribuidoras del interior es el desfasaje entre las tarifas fijadas para ellas y las que cobran empresas que quedan bajo la órbita nacional, como la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (EDENOR) y la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDESUR), que abastecen al Conurbano bonaerense. En jurisdicción provincial, una parte significativa de la tarifa está fijada por el valor agregado de distribución (VAD), un ítem que define el Estado bonaerense y que ha ido evolucionando más lentamente que su contraparte nacional, achatando los precios en el interior.
“La Provincia venía acompañando el proceso inflacionario incorporándolo al VAD mes a mes. Pero en el último tiempo se está dando un descalce. El mes pasado la inflación fue del 2,9% y el VAD apenas superó el 2%”, se quejó el titular de una distribuidora eléctrica. “Nosotros le estamos pidiendo a la Provincia reglas de juego claras, para tener un horizonte certero que nos permita afrontar la deuda. Si no, no hay ecuación posible”, subrayó.
Pero claro: la provincia de Buenos Aires no está demasiado dispuesta a acelerar el incremento del VAD y producir así un aumento fuerte de la tarifa, explicó un actor involucrado decisivamente en el área.
¿Cómo salir del atolladero? Para el diputado provincial Matías Civale, del bloque UCR + Cambio Federal, el problema es que el escenario actual proviene de una superposición de parches aplicados a lo largo del tiempo, sin atender las cuestiones de fondo.
Civale, que tiene experiencia en el sector porque fue presidente de la Usina de Tandil, una de las prestadoras más grandes del interior bonaerense, dijo que el intríngulis que atraviesa el sector requiere que se haga una “revisión integral” del sistema. Es más: que haya revisiones integrales periódicas.
“La situación de las cooperativas ha ido variando con los años. Hubo una primera desregulación durante el gobierno de Mauricio Macri, pero nunca se terminó de hacer lo que se había planteado en ese momento. Hay muchos mecanismos que fueron distorsionando el mercado y se fueron tomando medidas aisladas, pero se requiere una mirada de fondo”, afirmó el legislador radical, que presidió la comisión de Energía.
Sobrecarga
El perdón que no fue y los vencimientos que se vienen
La deuda creciente con CAMMESA es un problema mayúsculo para las cooperativas eléctricas bonaerenses, que deben en conjunto cerca de 1,4 billones de pesos. Falta muy poco para que comiencen a cancelar esa deuda enorme: algunas
tienen que pagar el primer vencimiento en junio. “No sabemos cómo vamos a llegar”, dijo hace pocos días Oreste Binetti, de APEBA.
El proyecto de presupuesto nacional para este año incluía la condonación total de esa deuda. Pero el artículo que disponía el perdón se cayó porque formaba parte de un capítulo que incluía, entre otras cosas, el desfinanciamiento de las universidades y el área de discapacidad y el recorte del subsidio a la tarifa de gas en zonas frías.
“Era un cazabobos: había que votar todo el capítulo en bloque. Si votabas la condonación, también tenías que votar contra las universidades y los discapacitados”, explicó Durañona.
TERAPIA DE SHOCK
El problema de las deudas por arriba y por abajo
¿Qué les conviene a las prestadoras del servicio eléctrico: que la tarifa suba o que se mantenga igual? La lógica indicaría que a mayor precio, en un mercado con usuarios cautivos, más ingreso. Pero el contexto de vacas flacas complica la ecuación.
En este momento las cooperativas del interior bonaerense no sólo enfrentan el peso de sus propias deudas, sino también el fenómeno de la baja cobrabilidad: son cada vez más las familias que no pagan la factura, y la quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional promete reducir aún más la tasa de cobrabilidad, que, según fuentes del sector, ronda el 70%. Dicho de otra manera: la morosidad ronda el 30%, casi un tercio del total de usuarios.
Desde la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA) vienen advirtiendo sobre la difícil situación que plantea el escenario recesivo con la caída en la cobrabilidad. Un escenario que una suba en las tarifas no haría más que agravar, a pesar de que las cooperativas reclaman una actualización para sostener su negocio.
“Hoy es muy probable que los usuarios no puedan aguantar un incremento adicional. Empieza a notarse una caída importante de la cobrabilidad en todos los
sectores. Si bien el sector eléctrico tiene la posibilidad de cortar el servicio, empieza a haber medidas de amparo, planteos judiciales en el sentido de que es un derecho y no se puede cortar”, explicó el diputado Matías Civale.
Cortocircuito
“Esta cuestión se ha politizado y el Estado no puede desentenderse”
Las tribulaciones de las cooperativas eléctricas bonaerenses (y del resto del país) no tienen que ver solamente con números. En el giro que va del intento de condonación a la insistencia en el cobro de la ingente deuda que registran hay un elemento político que no puede ignorarse, advierte el exsenador Francisco Durañona.
“Hay una politización de la cuestión. CAMMESA empezó a presionar fuerte contra las cooperativas, con juicios ejecutivos, e incluso contra distribudoras de otras provincias, como EDELAR en La Rioja. Pero en el caso de EDENOR y EDESUR, la conducta de la empresa es totalmente distinta”, apuntó Durañona, quien además fue intendente de San Antonio de Areco. Además, advirtió que el tema de la estructuración de las tarifas es complejo y “el Estado no puede desentenderse por completo” aunque impulse la desregulación del mercado.
No es el único que piensa de esa manera. Una fuente experta que participa en el sector de la energía dijo a La Tecla que el inconveniente de la deuda acumulada con CAMMESA es directamente “un problema del Gobierno Nacional”.
“El Estado nacional dejó que se acumularan estas deudas y le transfirió fondos del Tesoro a CAMMESA para que les pagara a los generadores. La gestión actual exigió que las cooperativas pagaran la deuda corriente, es decir, que dejaran de atrasarse, pero no es el Tesoro el que está reclamando la deuda acumulada, sino CAMMESA”, subrayó
la fuente, que consideró que “la solución al problema tiene que venir de Nación, y para todo el país, no solamente para la provincia de Buenos Aires”.
Electrones libres
Una desregulación a todo o nada y con resultado incierto
En su ofensiva para desregular todo lo posible las diversas áreas de la actividad económica, el gobierno de Javier Milei emprendió una liberalización del sistema eléctrico para que puedan ingresar empresas privadas y competir en pie de igualdad con CAMMESA. El argumento es que la libre competencia hará bajar los precios. Pero no todos están seguros de que eso vaya a ocurrir. Entre las fuentes consultadas por La Tecla hay quienes creen que, por lo
contrario, las tarifas se encarecerán.
“Claramente, esto puede llegar a traer aparejado un aumento muy considerable”, dijo Durañona.
“El gobierno está liberando el mercado muy agresivamente. Uno podría debatir el tema, e incluso estar de acuerdo en la necesidad de hacerlo. Pero esta política de shock, y más en esta situación de asfixia a las provincias, termina siendo un juego de doble pinza para las cooperativas, que puede dejar un tendal”, observó el abogado y exsenador.
El Estado bonaerense cuenta con su propia empresa generadora: Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), antes llamada Centrales de la Costa Atlántica S.A. (CCASA). ¿Podría esta compañía equilibrar el mercado en caso de que la desregulación emprendida por la Nación hiciera aumentar los precios? Es muy dudoso. Como lo señaló una fuente conocedora del mercado, BAESA es demasiado pequeña para ser un actor influyente. Está localizada en la zona costera y no daría abasto para nutrir a una parte significativa del mercado eléctrico provincial.
En la provincia de Buenos Aires hay unas 200 distribuidoras eléctricas, la gran mayoría organizadas como cooperativas, que abastecen a más de un millón de usuarios y emplean a unas 5.500 personas. Cuatro de ellas son relativamente grandes (las que abastecen a Olavarría, Tandil, Necochea y Zárate); el resto son pequeñas y tienen poca “espalda” para soportar cimbronazos financieros. Y ahora se disponen a enfrentar un triple cimbronazo.
Ocurre que el sector está asediado desde múltiples frentes. A la recesión económica, que produce simultáneamente un atraso en las tarifas y un aumento de la morosidad, se le suman una deuda virtualmente impagable y ahora, la desregulación emprendida por el Gobierno Nacional, que promete hacer entrar a la cancha a jugadores con más peso que podrían
llevarse puestos a los más chicos.
Un actor central en este campo de batalla es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Energía (CAMMESA), que tiene como misión exactamente lo que indica su nombre, y que está integrada en una quinta parte por el Estado y el resto en manos privadas. Las distribuidoras de energía, incluidas las cooperativas, se la compran a CAMMESA. A lo largo de los años, con el aumento del costo de la energía y la incidencia de la pandemia de COVID-19, las distribuidoras encontraron cada vez más difícil pagarle a CAMMESA y se endeudaron.
El gobierno anterior intervino para salvar las papas poniendo dinero para garantizar la compra de energía; bajo la administración Milei las cosas cambiaron y las cooperativas debieron suscribir acuerdos con un año de gracia para empezar a pagar lo adeudado. Entre todas, le deben a la compañía unos 1.000 millones de dólares.
¿Cómo enfrentar esos compromisos? Difícil con lo que les están cobrando a sus usuarios. Uno de los problemas que tiene a maltraer a las distribuidoras del interior es el desfasaje entre las tarifas fijadas para ellas y las que cobran empresas que quedan bajo la órbita nacional, como la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (EDENOR) y la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDESUR), que abastecen al Conurbano bonaerense. En jurisdicción provincial, una parte significativa de la tarifa está fijada por el valor agregado de distribución (VAD), un ítem que define el Estado bonaerense y que ha ido evolucionando más lentamente que su contraparte nacional, achatando los precios en el interior.
“La Provincia venía acompañando el proceso inflacionario incorporándolo al VAD mes a mes. Pero en el último tiempo se está dando un descalce. El mes pasado la inflación fue del 2,9% y el VAD apenas superó el 2%”, se quejó el titular de una distribuidora eléctrica. “Nosotros le estamos pidiendo a la Provincia reglas de juego claras, para tener un horizonte certero que nos permita afrontar la deuda. Si no, no hay ecuación posible”, subrayó.
Pero claro: la provincia de Buenos Aires no está demasiado dispuesta a acelerar el incremento del VAD y producir así un aumento fuerte de la tarifa, explicó un actor involucrado decisivamente en el área.
¿Cómo salir del atolladero? Para el diputado provincial Matías Civale, del bloque UCR + Cambio Federal, el problema es que el escenario actual proviene de una superposición de parches aplicados a lo largo del tiempo, sin atender las cuestiones de fondo.
Civale, que tiene experiencia en el sector porque fue presidente de la Usina de Tandil, una de las prestadoras más grandes del interior bonaerense, dijo que el intríngulis que atraviesa el sector requiere que se haga una “revisión integral” del sistema. Es más: que haya revisiones integrales periódicas.
“La situación de las cooperativas ha ido variando con los años. Hubo una primera desregulación durante el gobierno de Mauricio Macri, pero nunca se terminó de hacer lo que se había planteado en ese momento. Hay muchos mecanismos que fueron distorsionando el mercado y se fueron tomando medidas aisladas, pero se requiere una mirada de fondo”, afirmó el legislador radical, que presidió la comisión de Energía.
Sobrecarga
El perdón que no fue y los vencimientos que se vienen
La deuda creciente con CAMMESA es un problema mayúsculo para las cooperativas eléctricas bonaerenses, que deben en conjunto cerca de 1,4 billones de pesos. Falta muy poco para que comiencen a cancelar esa deuda enorme: algunas
tienen que pagar el primer vencimiento en junio. “No sabemos cómo vamos a llegar”, dijo hace pocos días Oreste Binetti, de APEBA.
El proyecto de presupuesto nacional para este año incluía la condonación total de esa deuda. Pero el artículo que disponía el perdón se cayó porque formaba parte de un capítulo que incluía, entre otras cosas, el desfinanciamiento de las universidades y el área de discapacidad y el recorte del subsidio a la tarifa de gas en zonas frías.
“Era un cazabobos: había que votar todo el capítulo en bloque. Si votabas la condonación, también tenías que votar contra las universidades y los discapacitados”, explicó Durañona.
TERAPIA DE SHOCK
El problema de las deudas por arriba y por abajo
¿Qué les conviene a las prestadoras del servicio eléctrico: que la tarifa suba o que se mantenga igual? La lógica indicaría que a mayor precio, en un mercado con usuarios cautivos, más ingreso. Pero el contexto de vacas flacas complica la ecuación.
En este momento las cooperativas del interior bonaerense no sólo enfrentan el peso de sus propias deudas, sino también el fenómeno de la baja cobrabilidad: son cada vez más las familias que no pagan la factura, y la quita de subsidios dispuesta por el gobierno nacional promete reducir aún más la tasa de cobrabilidad, que, según fuentes del sector, ronda el 70%. Dicho de otra manera: la morosidad ronda el 30%, casi un tercio del total de usuarios.
Desde la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA) vienen advirtiendo sobre la difícil situación que plantea el escenario recesivo con la caída en la cobrabilidad. Un escenario que una suba en las tarifas no haría más que agravar, a pesar de que las cooperativas reclaman una actualización para sostener su negocio.
“Hoy es muy probable que los usuarios no puedan aguantar un incremento adicional. Empieza a notarse una caída importante de la cobrabilidad en todos los
sectores. Si bien el sector eléctrico tiene la posibilidad de cortar el servicio, empieza a haber medidas de amparo, planteos judiciales en el sentido de que es un derecho y no se puede cortar”, explicó el diputado Matías Civale.
Cortocircuito
“Esta cuestión se ha politizado y el Estado no puede desentenderse”
Las tribulaciones de las cooperativas eléctricas bonaerenses (y del resto del país) no tienen que ver solamente con números. En el giro que va del intento de condonación a la insistencia en el cobro de la ingente deuda que registran hay un elemento político que no puede ignorarse, advierte el exsenador Francisco Durañona.
“Hay una politización de la cuestión. CAMMESA empezó a presionar fuerte contra las cooperativas, con juicios ejecutivos, e incluso contra distribudoras de otras provincias, como EDELAR en La Rioja. Pero en el caso de EDENOR y EDESUR, la conducta de la empresa es totalmente distinta”, apuntó Durañona, quien además fue intendente de San Antonio de Areco. Además, advirtió que el tema de la estructuración de las tarifas es complejo y “el Estado no puede desentenderse por completo” aunque impulse la desregulación del mercado.
No es el único que piensa de esa manera. Una fuente experta que participa en el sector de la energía dijo a La Tecla que el inconveniente de la deuda acumulada con CAMMESA es directamente “un problema del Gobierno Nacional”.
“El Estado nacional dejó que se acumularan estas deudas y le transfirió fondos del Tesoro a CAMMESA para que les pagara a los generadores. La gestión actual exigió que las cooperativas pagaran la deuda corriente, es decir, que dejaran de atrasarse, pero no es el Tesoro el que está reclamando la deuda acumulada, sino CAMMESA”, subrayó
la fuente, que consideró que “la solución al problema tiene que venir de Nación, y para todo el país, no solamente para la provincia de Buenos Aires”.
Electrones libres
Una desregulación a todo o nada y con resultado incierto
En su ofensiva para desregular todo lo posible las diversas áreas de la actividad económica, el gobierno de Javier Milei emprendió una liberalización del sistema eléctrico para que puedan ingresar empresas privadas y competir en pie de igualdad con CAMMESA. El argumento es que la libre competencia hará bajar los precios. Pero no todos están seguros de que eso vaya a ocurrir. Entre las fuentes consultadas por La Tecla hay quienes creen que, por lo
contrario, las tarifas se encarecerán.
“Claramente, esto puede llegar a traer aparejado un aumento muy considerable”, dijo Durañona.
“El gobierno está liberando el mercado muy agresivamente. Uno podría debatir el tema, e incluso estar de acuerdo en la necesidad de hacerlo. Pero esta política de shock, y más en esta situación de asfixia a las provincias, termina siendo un juego de doble pinza para las cooperativas, que puede dejar un tendal”, observó el abogado y exsenador.
El Estado bonaerense cuenta con su propia empresa generadora: Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), antes llamada Centrales de la Costa Atlántica S.A. (CCASA). ¿Podría esta compañía equilibrar el mercado en caso de que la desregulación emprendida por la Nación hiciera aumentar los precios? Es muy dudoso. Como lo señaló una fuente conocedora del mercado, BAESA es demasiado pequeña para ser un actor influyente. Está localizada en la zona costera y no daría abasto para nutrir a una parte significativa del mercado eléctrico provincial.