En el marco del primer informe del año del Observatorio de Conflictividad Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, los investigadores destacan una importante baja en los reclamos y protestas; sin embargo, consideran que las medidas de fuerza han ido en aumento en las últimas semanas ante las consecuencias económicas de la cuarentena. “La necesidad sanitaria del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) tiene consecuencias materiales y sociales que aún cuestan dimensionar”, indican al inicio del trabajo que fue coordinado por el investigador del CONICET, Agustín Nieto, junto con un equipo de profesionales. No obstante, esgrimen que las actuaciones de los trabajadores del comercio, hotelería, educación e indumentaria, entre otros, “muestran el impacto negativo que el ASPO tiene en las condiciones de vida” de los asalariados. “El aislamiento es necesario, pero su aplicación no es acompañada suficiente y eficazmente por medidas que amortigüen las obvias consecuencias que dicha medida acarrea para las clases populares”, explican. Atendiendo a que en la semana 11 del año se suspenden las clases y en la 12 comienza la cuarentena, “la línea de conflictividad se plancha”. Sin embargo, entre la 17 y la 19, hay “una reactivación producto de la acumulación de suspensiones, despidos y atrasos salariales en muchas actividades”. En efecto, los investigadores aseguran que “luego de su pico en la semana 10, los movimientos huelguísticos desaparecen para reemerger” en la 16, “ya modulados por las consecuencias del ASPO”. De todos modos, este resurgir continúa “muy por debajo” de los índices previos a la cuarentena. Es decir, los picos principales de cortes de calles y rutas, bloqueos y ocupaciones fueron a fines de enero. Mientras que las huelgas tuvieron su mayor protagonismo a inicios de marzo. Como corolario de toda esta situación, los investigadores concluyen que el "escenario post-pandemia" se sabe incierto; aunque estará signado "por mayor desigualdad y pobreza".
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