Recolección de residuos: negocio redondo

El negocio de la recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires sigue con los mismos jugadores de siempre. Pasan los años, cambian los gobiernos, las ciudades crecen, pero un puñado de firmas continúa concentrando uno de los principales negocios con los estados municipales. La marplatense Transportes 9 de Julio S.A. es uno de los protagonistas, y este año tendrá ingresos por más de mil millones de pesos por su contrato con el partido de General Pueyrredón.

Monopoliza el servicio desde 1996, cuando el imperio local se dividía con la firma Venturino Eshiur S.A., que ese año quebró y le dejó librado el terreno; violando el Pliego de Licitación pasó a estar a cargo del ciento por ciento de la cobertura.

Pero los tentáculos de la empresa presidida por Lorenzo Dotta también se extienden hasta La Plata, que en 2001 otorgó la concesión a ESUR, una sociedad que comparte junto a Brother in Law S.A. (BILSA), una empresa fantasma que tiene solamente cuatro empleados.

Volviendo a Mar del Plata, el ingreso y permanencia de 9 de Julio, que en 2015 renovó el contrato hasta 2023, además del control monopólico mantiene una irregularidad que hace tiempo debió dejarla fuera de juego. En su artículo 22 inciso G, el Pliego de Licitación estipula como impedimento para ser oferente “haber sido condenado en litigio sostenido con organismos públicos y/o sociedades del Estado por motivos originados en prestaciones similares al presente”. A principios de siglo, la empresa tuvo una causa judicial en Tucumán, por contaminación ambiental. El 28 de junio de 2001, la Justicia falló en contra de 9 de Julio, y tras la apelación, la Corte Suprema de Justicia de esa provincia ratificó la sentencia. El Concejo Deliberante hizo vista ciega permanentemente. Asimismo, en 2016, la Municipalidad de Rosario logró un fallo a su favor en primera instancia, en una causa por apremios fiscales.

En rojo ante la AFIP

Durante los últimos 12 meses, sólo en uno pagó Transportes 9 de Julio S.A. los aportes de seguridad social de sus 1.178 empleados. En tanto, únicamente en dos realizó las contribuciones patronales a las obras sociales, según los datos brindados por la AFIP.

Servicio a la deriva

Pese a las extraordinarias ganancias, durante el presente año, el servicio se vio dos veces interrumpido. La primera, durante enero, con el inicio de la temporada; y la más crucial fue en julio, por diez días, ante la falta de pago de aguinaldos y sueldos a sus trabajadores. En ese contexto, el decreto 1397 fue la respuesta política del intendente Arroyo ante una crisis que le generaba un costo político a su gestión.

Allí creó el Comité de Crisis, integrado por el presidente del Emsur, Eduardo Leitao; el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el secretario de Salud, Gustavo Blanco; y el secretario de Obras, Guillermo de Paz; “con el objeto de proyectar la articulación de medidas tendientes a solucionar la situación de emergencia del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos”. La máxima de crear una comisión para que nada avance se implementó a la perfección: a cinco meses, no se conoce resultado alguno de dicho comité.

Poco antes, en marzo, había estallado el escándalo por un basural ilegal en el barrio 2 de Abril, en la zona norte de la ciudad. En noviembre, finalmente, el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 resolvió que el Municipio debe hacerse cargo de la limpieza, mientras que los directivos de Transportes 9 de Julio S.A. fueron absueltos en la causa. Especialistas comprobaron la contaminación de las napas y que se vio atrofiado su rol de contención de las aguas de las lluvias, generando un mayor impacto durante las inundaciones.

A la complicidad del Municipio y la Justicia local se suma la inacción de la oposición, que, más allá de alguna declaración mediática, no impulsó medidas concretas desde el Concejo Deliberante. A partir de los basurales clandestinos, la interrupción del servicio y su defectuosa prestación en general había elementos suficientes planteados en el Pliego de Bases y Condiciones para avanzar desde el Legislativo con la posibilidad de analizar la rescisión del convenio. Además, la oposición, en este caso Acción Marplatense, maneja una comisión clave del Concejo, como es la de Medio Ambiente, en manos del pultista Marcelo Fernández.

Más allá de algunos pataleos de funcionarios comunales, empresarios, sindicato y municipios conforman un trío articulado en torno al multimillonario negocio de la basura, que sigue brindando un servicio deficiente a costa de la salud de los vecinos y de los fondos públicos de los contribuyentes.

 

9 de Julio se llevará en 2019 el 14% del Presupuesto municipal

Casi $95 millones de pesos al mes desembolsará a partir de ahora el Municipio por el servicio de  recolección de basura -16 millones más de lo que venía abonando-, de acuerdo a lo decretado por el intendente Carlos Arroyo. Serán exactamente $94.978.020 retroactivos a agosto, con otro aumento intermedio retroactivo a junio y julio de $87.300.532, siendo que el canon que estaba vigente desde febrero era de $79.753.394. Esto representa un aumento del 19%, por lo que, de mantenerse estos números hasta diciembre, arrojarán un pago anualizado de $1.042.186.542.

Lo más sorprendente es que un aumento es retroactivo al mes de julio, cuando la empresa no brindó el servicio durante 10 días por un conflicto gremial. A partir de allí, mediante un decreto, Arroyo había creado un Comité de Crisis y encomendado al Emsur realizar un “análisis del estado actual de la capacidad técnica financiera de la firma Transportes 9 de Julio”. A la fecha, poco se conoce de los resultados de estas iniciativas.

Pero la perspectiva para el año que viene es aún más auspiciosa para la firma. Según el Presupuesto 2019, para el próximo ejercicio, el Municipio tiene previsto desembolsar $1.579 millones, un 49% más de los $1.042 que le requirió este año, un aumento muy por encima del 33% promedio del Presupuesto general. En total será el 14% del Presupuesto municipal.

 

Los marplatenses cuestionan la calidad del servicio

El Segundo Informe de Monitoreo Ciudadano, desarrollado por “Mar del Plata entre todos”, dio cuenta de la percepción de la calidad del servicio por parte de los vecinos. En cuanto a la recolección de residuos efectuado por 9 de Julio, el 1,6% considera a su barrio “muy limpio”, cuando en 2015, ese porcentaje era del 4,7%. El 34,1% lo percibe como “limpio”, ante el 38,5% del último registro. En el otro extremo, el 9,6% lo considera “muy sucio”, y el 22,6% “sucio”, cuando en 2015 era 3,4% y 20 %, respectivamente.

También se aprecia un progresivo deterioro en la prestación del servicio en los últimos años: para el 31,1%, la principal responsable es la empresa recolectora de residuos, cuando tres años atrás, por esa opción se inclinaba el 18,3%.

 

Más de tres mil notificaciones de inspectores, pero multas irrisorias

Mientras la Municipalidad de General Pueyrredón sigue actualizando el canon de la empresa y le deposita mes a mes los $95 millones del servicio, las quejas por la deficiencia de éste siguen creciendo.

La propia Comuna costera es consciente del mal servicio brindado por Transportes 9 de Julio S.A.: entre 2017 y mediados de 2018, los 13 inspectores de la División Control de Prestaciones Privadas, dependiente de la Dirección de Gestión de Residuos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, encargada de controlar el correcto cumplimiento de las condiciones especificadas en los pliegos licitatorios de Higiene Urbana, labraron 3.237 acciones, entre intimaciones, actas y cédulas  resentadas a la empresa por distintas irregularidades cometidas.

Sin embargo, los montos irrisorios de las sanciones parecen ser una cortina de humo. Pues el Emsur aplica descuentos mucho menos que simbólicos: $10.093 en enero, $8.176 en febrero, $4.034 en marzo, $7.074 en abril, $12.705 en mayo, $8.046 en junio y $13.615 en julio. En los últimos dos meses, en tanto, se decretaron cuatro multas, que totalizan $438.492, algo superior pero insignificante en el marco de una ganancia anual que en 2018 trepará a mil millones de pesos.

Para colmo, los descuentos que el Municipio aplicó durante el paro de julio fueron revertidos por la Justicia de Mar del Plata, que ordenó la devolución de las multas.

 

Desde el gobierno señalan complicidad de la Justicia

En declaraciones a La Tecla, el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, señaló que “cuando hubo paro –en julio de 2018- se hicieron multas por los días no trabajados. Pero ahí apareció la Justicia de Mar del Plata, que parece de vacaciones, y nos ordenó devolver el dinero de las multas al concesionario. Otra vez, la Justicia defiende un sector corporativo poderoso y no a los vecinos; parece que es un deporte en la ciudad”.

 

Una reglamentación clave, a la espera

En diciembre de 2017, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza 23.486, que regula la manipulación, operación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Fue promulgada por el decreto 2931-17 del intendente Arroyo, y el Departamento Ejecutivo tenía 45 días para elevar su reglamentación. Pero a casi un año no fue reglamentada, por lo que en varios aspectos sensibles no se aplica.

Ningún rebote contundente hay al respecto en entre los concejales. Como en muchos otros temas sensibles, los ediles oficialistas y otros no tanto cubren las espaldas del cuestionado jefe comunal.

 

Para la tribuna

Luego del último paro de julio, el decreto municipal 1.397 encomendó al Emsur realizar un “análisis del estado de la capacidad técnica-financiera” de la empresa, que podría servir de instrumento para la anulación del contrato. A cuatro meses nada se sabe de él.